Dos semanas lleva en prisión preventiva, en el penal Santiago Uno, el estudiante de Historia de la U. de Chile Camilo Díaz, tras ser acusado de portar una bomba molotov en su mochila durante la marcha del 8 de mayo. La Intendencia Metropolitana es querellante en su caso y en de Bryan Seguel, estudiante de Sociología de ese mismo plantel, a quien se le imputa haber agredido a un carabinero el 1 de mayo.

Estos dos hechos provocaron el quiebre entre los dirigentes estudiantiles y la intendencia, cuya relación ya era tensa debido a que los manifestantes acusaron a las autoridades de no cumplir los compromisos que habían acordado para el recorrido y control de las marchas.

Los dirigentes quebraron su relación con la autoridad regional y el miércoles la Confech, la Cones y la Aces decidieron restarse de una mesa de trabajo liderada por la intendencia para evaluar las marchas.

El conflicto generado por estos dos casos ha derivado incluso en críticas desde el rector electo de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, quien afirmó que las situaciones a las que ha estado sometido Camilo Díaz "son absolutamente inaceptables".

Además, dijo que "espero que eso termine ojalá de inmediato, me parece que eso es inadmisible". Y añadió que cuando asuma se reunirá con el intendente para interceder por los estudiantes: "Habrá que dialogar con las autoridades, los estudiantes han dicho que no cometieron ningún ilícito y yo tengo que partir de la base de creerles, de conversar con ellos, de ver qué evidencia hay y de tratar el tema en su mérito".

Sobre el caso puntual de Bryan Seguel, el rector electo manifestó que "dentro del Poder Judicial hubo una autoridad formal que aseguró que le parecía muy altamente improbable que el estudiante estuviera involucrado, espero que eso será considerado con el mérito que le corresponde". Y enfatizó que "hay una fuerte evidencia, ya que los estudiantes no tendrían ningún delito".

Los jóvenes están siendo representados por la Defensoría Popular y según indicó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (Fech), Melissa Sepúlveda, "se están haciendo las gestiones para que la Universidad de Chile les ponga un abogado".

Desde la Intendencia Metropolitana indicaron que el plantel no ha hecho gestiones para interceder y ayer el intendente Claudio Orrego reiteró: "No retiraremos las querellas". Agregó que "si el día de mañana, en un juicio determinado, se demuestra que una persona no tiene responsabilidad, nosotros seremos los primeros en retirarlas".

Respecto de las afirmaciones del rector electo de la U. de Chile, Orrego dijo que "discrepo de las declaraciones del rector, y me parecen, por así decirlo, confusas. No podemos dejar de presentar una querella contra una persona que ha sido acusada de un delito de carácter grave por el solo hecho de pertenecer a una organización, empresa o institución determinada".

Ayer, la Fech realizó una manifestación afuera del Ministerio de Justicia para exigir que el gobierno, a través de la intendencia, retire las querellas contra los dos estudiantes imputados.

Tanto la Aces como la Fech manifestaron que no volverán a reunirse con Orrego hasta que se retiren las acciones legales contra Díaz y Seguel. Ayer, en tanto, la Intendencia informó que se autorizó el recorrido para la marcha que los estudiantes realizarán este martes 10 de junio. El tramo irá desde Plaza Italia, por la calzada sur de la Alameda, hasta Echaurren.