LA batalla legal por el caso cascadas será entre pesos pesados. A poco más de dos meses de que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formulara cargos por infracciones a las leyes de Mercado de Valores y de S.A. contra el presidente de SQM, Julio Ponce Lerou, y tres profesionales de su entorno, varios de los abogados más respetados del mercado están en el caso.

Son expertos en temas civiles y penales, y otros que lucen conocimientos relacionados con la Ley de Mercado de Valores y de S.A., los que se verán las caras mientras dure la investigación. Y no será poco tiempo, porque además de la SVS, el Ministerio Público está detrás de las cuestionadas operaciones, realizadas entre 2009 y 2011 con acciones de las sociedades que forman la cadena de control de la minera no metálica.

La semana pasada, Ponce, Roberto Guzmán, Aldo Motta y Patricio Contesse entregaron sus descargos, descartando la existencia del esquema que impugnó el regulador. Ahí comenzó el despliegue de las defensas. Por parte de Ponce, el equipo lo lidera Raimundo Labarca. En el frente penal están Jorge Bofill y Juan Pablo Hermosilla.

A Moneda, denunciante en la causa, lo defienden Pedro Pablo Gutiérrez, quien integra su directorio, y el penalista René García.

A Roberto Guzmán, antiguo asesor de Ponce y creador de las cascadas en los 90, lo representan Gabriel Zaliasnik y Francisco Velozo, de Albagli Zaliasnik. Y el gerente general de Norte Grande, Aldo Motta, tiene a un equipo conformado por Francisco y Germán Pfeffer en lo civil y el socio de Harasic & López, Julián López, en el ámbito penal. Patricio Contesse Fica, en tanto, es abogado y asumió su propia representación.

También están armando su team legal LarrainVial y su socio, Leonidas Vial. Según la SVS, la firma tuvo un rol activo en la articulación y ejecución en Bolsa de las cuestionadas operaciones, mientras que al empresario, a través de sus sociedades Saint Thomas y Agrícola e Inversiones La Viña, le asigna un papel instrumental. La institución trabaja habitualmente con Barros & Errázuriz y Vial ya tiene la asesoría del experto en temas civiles Alfredo Alcaíno. También ya han contactado penalistas.

El caso también lo sigue en la SVS el socio del estudio Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, Enrique Alcalde, por AFP Habitat.

Varios de estos abogados son viejos conocidos desde hace más de 15 años, cuando estalló el caso chispas, en 1997. Luego han vuelto a encontrarse en episodios como Inverlink, la fallida fusión entre Falabella y D&S (hoy Walmart Chile), los casos farmacias y La Polar, y la disputa entre Anglo American y Codelco.

En el mercado legal estiman que una vez que el Ministerio Público entre de lleno a investigar las transacciones cuestionadas por la SVS, los modelos de compra y venta utilizados y los efectos de las operaciones, abundarán las llamadas a los juristas disponibles a esa fecha. Por ahora, varios profesionales admiten haber sido consultados y otros, que ya han cerrado contrato, guardan confidencialidad al respecto.

En casos de esta envergadura, los honorarios son proporcionales a la carga de trabajo. Un penalista cuenta que, por lo general, los clientes no escogen en función del precio, sino del prestigio y la experiencia. La tarifa se fija de común acuerdo, tras estimar diversos factores, entre ellos el tiempo. Una de las figuras es la de honorarios a todo evento: un monto fijo por el "encargo profesional" y que cubre todas las instancias ordinarias. Los contratos también pueden estipular "premios" por la obtención de resultados y algunos ítems variables que dependen, por ejemplo, de si se va o no a juicio oral. Otros optan por acordar una cifra fija mensual que se revisa después de algunos meses.

Próximos pasos

Por ahora, no ha habido nuevas formulaciones de cargos, pero la SVS ha dado indicios de la veta que está siguiendo. El miércoles, ante la Comisión de Trabajo del Senado, el superintendente Fernando Coloma dijo que analizan el rol de las clasificadoras de riesgo y de las auditoras en el caso. "Evidentemente que el trabajo que ellas hayan hecho es un tema y está bajo análisis", afirmó.

Un profesional vinculado al caso prevé que la próxima semana la SVS se pronunciará sobre el contenido de los descargos. Otro cree que, dada la extensión de los documentos, el organismo tardará en abrir el período de pruebas que debe iniciarse. Sin embargo, como la SVS tiene plazo hasta el 6 de marzo para informar las eventuales sanciones que aplicará, es posible que el proceso se agilice.

El Ministerio Público ya recibió la investigación de la SVS y se encuentra analizando su contenido para comenzar a realizar diligencias, entre las que se cuentan interrogatorios, en las próximas semanas. Así lo explicó el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, en una entrevista reciente con La Tercera. Mientras esto ocurre, en la Bolsa de Comercio de Santiago crearon un comité especial para revisar en profundidad la reglamentación que la rige. Al mismo tiempo, el Comité de Buenas Prácticas de la Bolsa estudia posibles modificaciones a los sistemas de transacción.