Lo que define a una empresa familiar es que su patrimonio está en manos de familias, entre una y cinco, dice Alfonso Mujica, presidente de la Asociación de Empresas Familiares (AEF), una organización creada en Chile en 2008 y que hoy tiene 44 adherentes. Organización sin fines de lucro, su objetivo es dar una voz a los empresarios familiares y proteger su sobrevivencia.

Uno de los temas que ha estado en discusión ha sido el impuesto a la herencia, cuya estructura es analizada por Hacienda para su eventual rebaja. "Es una muy buena noticia", dice Mujica. La AEF organizó en octubre de 2009 un seminario sobre ese tributo, donde expusieron José María Eyzaguirre García de la Huerta, de Claro & Cia., Fernando Leigh, de KMPG, y Mariano Puig, ex presidente del Instituto de la Empresa Familiar de España, un símil en el que la AEF chilena se inspiró, y bajo cuyo mandato, cuenta Mujica, lograron eliminar el impuesto a la herencia para las empresas que permanecieran más de cinco años en poder de una familia.

¿Qué distorsiones provoca este impuesto?

La principal es respecto a la herencia de empresas familiares medianas y pequeñas. Las grandes empresas extranjeras o nacionales logran evitar este impuesto a través de una buena planificación tributaria, por lo que no pagan impuesto ante el fallecimiento del patriarca. En cambio, las empresas familiares más chicas no son capaces de absorber el impacto que provoca este impuesto ante la muerte del padre y frecuentemente son vendidas, quiebran, se deterioran o cierran.

¿Cómo afecta a las empresas familiares este impuesto?

La empresa familiar depende en gran medida que el Estado mantenga condiciones favorables para poder realizar la labor para la cual está destinada. El impuesto a la herencia actual afecta gravemente el desempeño y supervivencia de la empresa familiar mediana y pequeña que muchas veces tiene que venderse para poder pagar el impuesto de herencia de sus controladores o dueños.

¿Es partidario de su eliminación o una reducción? ¿Qué propone?

En la asociación proponemos su eliminación total para los empresarios familiares. Separando la masa hereditaria en, primero, los bienes personales y, segundo, los derechos o acciones en sociedades controladas en forma individual o conjunta por miembros de una familia, proponemos que estos últimos pasen a los familiares sin pagar ningún tipo de impuestos mientras quienes los reciban los mantengan por al menos cinco años. Si alguien vende antes de ese plazo, debería pagar.

¿Qué experiencia internacional han recogido sobre este tema?

Según lo informado por Fernando Leigh, el impuesto de herencia va en retirada en la mayoría de los países desarrollados, pero en América nos quedamos atrás. La mayoría de las eliminaciones legislativas son a partir del año 2000.

¿Es viable políticamente un cambio de este tipo?

El cambio que se produjo en España se hizo en el gobierno socialista de Felipe González. Este es un tema que trasciende a los gobiernos y tendencias políticas; lo que hay de fondo es la sobrevivencia de empresas familiares que generan ingresos de largo plazo al Estado. Hasta los políticos más radicales en posturas redistributivas a través de impuestos se dan cuenta que una empresa sana y fuerte le entregará al país mucho más que una quebrada.

Hoy es fácil evitar el impuesto a la herencia transfiriendo los bienes en vida. ¿Es una práctica común?

La planificación tributaria es muy utilizada, en especial por las familias empresarias de mayores recursos, que pueden pagar asesores para lograr este objetivo. Existen casos muy intrincados, en los cuales hay que pasar por varios pasos legales para lograr reducir el pago de impuesto de herencias, por lo que al final la mayoría de los empresarios familiares que no pueden pagar estas asesorías terminan pagando la totalidad del tributo.

¿Por qué este impuesto aporta 0,2% de los ingresos tributarios fiscales?

Las grandes fortunas que cambian de dueños por lo general cuentan con una buena asesoría tributaria y terminan pagando nada o muy poco. En medio están los que transfieren en vida y los más pequeños por tamaño quedan exentos, por lo que el Fisco gasta más en fiscalizar y tener una estructura de control que lo que recauda.