Nicolás Maduro tiene cada vez menos apoyo para enfrentar la crisis política, social y económica por la que atraviesa Venezuela: el 80% de la población quiere que el gobernante salga del poder, según una encuesta de Datanálisis.

La mayoría de los venezolanos (65%), hastiados por la escasez de alimentos, las largas colas y los cortes de electricidad, estarían apoyando la iniciativa que la oposición pretende activar desde que ganó la mayoría parlamentaria: un referendo revocatorio.

Pero la oposición, agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), aún tiene que recorrer un largo camino para poder llevar a cabo el referendo. El gobierno tiene de su lado al Consejo Nacional Electoral (CNE), el ente que supervisa y además define las reglas, en el proceso que la oposición espera activar este año.

A fines de abril, cerca de dos millones de personas firmaron a favor de un proceso revocatorio, como parte del primer paso para activar la consulta. Y a fines de junio, la oposición tuvo que volver a movilizar, en cinco días, a miles de electores para autentificar el 1% del padrón electoral, un paso exigido por las reglas electorales. La oposición logró completar este paso y el CNE tiene en estos momentos 20 días hábiles para revisar el proceso, es decir hasta el 26 de julio. "Es un proceso técnico extremadamente largo si lo comparamos, por ejemplo, con la auditoría de huellas que hizo el CNE de todas las personas que votaron en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre", explicó a La Tercera, el experto electoral venezolano, Eugenio Martínez.

Si se cumple el requisito, se llevará a cabo el siguiente paso: recoger las firmas equivalentes al 20% del registro electoral, es decir casi 4 millones, en tres días. Sólo de esa forma se podrá formar una "agrupación de ciudadanos", que solicitará el referendo.

El ente electoral tiene 15 días hábiles para establecer la logística de esa recolección de firmas. Si la oposición logra recaudarlas, el CNE contará con tres días para verificar las firmas y luego tres días más para anunciar la elección.

"Ahora el problema no es si la oposición tiene cuatro millones de personas, lo que equivale a ese 20%, que apoya el referendo, sino que la logística que disponga el CNE para que esas cuatro millones de personas vaya a firmar. Recogerlas será factible en la medida que el CNE habilite suficientes puntos para que cuatro millones de personas pasen en horario de oficina a firmar", asegura Martínez.

Si se completa ese trámite, el CNE deberá entonces fijar fecha para el referendo. La oposición necesitaría que la opción por el "sí" obtenga más de los 7,5 millones de votos que obtuvo Maduro en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez.

La oposición corre contra el tiempo, ya que llevar a cabo el proceso de revocatorio este año es fundamental. Si Maduro es revocado en 2016, el CNE tendría que llamar a elecciones. Pero de realizarse el próximo año, el Vicepresidente sería el encargado de terminar el mandato. "Técnica y legalmente hay posibilidad que el revocatorio se haga en 2016, este no es un problema técnico o legal, es un tema de voluntad política del gobierno y de presión internacional", opina Martínez.

Además de las trabas burocráticas, la oposición teme que Maduro tome un camino que en el pasado le ha servido para bloquear a la oposición: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). "El Partido Socialista presentó hace tres semanas al TSJ, una medida cautelar, para suspender todos los efectos de recolección de firmas por fraude", advierte dice Martínez.