Después de Japón, Chile es el segundo país más sísmico del mundo y el cuarto que arriesga mayores daños por catástrofes naturales, según el reporte de la Organización para la Naciones Unidas (ONU) en la III Conferencia Mundial de Reducción del Riesgo de Desastres, realizada en marzo pasado en la nación asiática.

La entidad estimó que en un año normal las pérdidas probables en Chile suman US$ 2.838 millones, cifra que, por ejemplo, supera levemente lo que se espera recaudar este año con la reforma tributaria. Pero también que considerados los efectos del 27/F, el daño promedio subía a US$ 3.146 millones anuales.

Los desastres naturales, lamentablemente, se han ido convirtiendo en un gasto frecuente para gobierno, empresas y población: sólo las catástrofes ocurridas en los últimos cinco años han costado al país unos US$ 24.000 millones. Del total, el 88% corresponde a pérdidas tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, el tercero más grave en la historia de esos eventos. El resto son daños ocasionados por el terremoto en Iquique y los incendios de Valparaíso en 2014, además de los aluviones en las regiones II, III y IV en marzo pasado.

Aunque los datos siempre están en revisión, para la industria aseguradora el ítem catástrofes tiene un peso significativo. Sólo por los daños del 27/F (US$ 6.300 millones) y los aluviones del norte (se estima en US$ 400 millones), las compañías han debido cubrir siniestros por US$ 6.700 millones, asegura el presidente de la Asociación de Aseguradores (Aach), José Manuel Camposano.

El sismo de 2010 cobró pérdidas aseguradas por US$ 4.000 millones y, a la fecha, según el catastro del gremio, del total de casi US$ 1.500 millones que costaría el desastre en el norte, las aseguradoras cubrirían entre US$ 400 millones y US$ 450 millones (ver infografía).

Con ese cuadro, la industria ha debido ajustar las evaluaciones de riesgo de sus clientes personas y empresas, pero también los estándares y criterios para tarificar los seguros. Para que ese proceso responda a parámetros estrictamente técnicos, la Aach encargó en 2013 la elaboración del primer Mapa de Riesgo Sísmico del país, el cual tras un año y 17 versiones que fueron revisadas y contrastadas, finalmente ya está en sus manos.

El mapa se basa en un modelo de riesgo sísmico y de tsunami que permitirá una mejor valorización de los riesgos de los bienes asegurados, ayudará a las compañías a estimar cuáles son las máximas pérdidas razonables en distintas zonas del país y reorganizar sus carteras de clientes.

Camposano aclara que podrán usarlo entidades como la Onemi, el Shoa, universidades y municipalidades. La Superintendencia de Valores y Seguros tiene un borrador.

Tres pilares

El mapa se construyó con una selección de 7.000 siniestros que las aseguradoras pagaron tras el 27/F de 2010. En su elaboración trabajaron más de 40 expertos nacionales y extranjeros.

El sistema de información del mapa se alimenta de tres módulos: (1) Microzonificación geológica, referido al estudio de todos los tipos de superficies del país; (2) Riesgo de tsunami, sobre 11 ciudades costeras, y (3) Vulnerabilidad sísmica, orientado al análisis del comportamiento por tipo de estructura frente a un movimiento sísmico.

"Estos mapas fueron desarrollados con el propósito de contribuir al cálculo de las pérdidas máximas probables en riesgos de terremoto. El mapa es un software y la idea es que este instrumento sea capaz de predecir las pérdidas y daños por distintos tipos de construcción y las consecuencias de tsunamis en 11 ciudades costeras", explica Jorge Claude, vicepresidente ejecutivo de la Aach.

El software lo que hace es estimar, primero, las pérdidas económicas ocasionadas por el evento y, luego, las pérdidas para las aseguradoras. Pero a las municipalidades, por ejemplo, les permitirá tener más certeza sobre cómo responderían determinadas zonas ante un desastre natural y, por ende, saber hacia dónde incentivar el desarrollo de las ciudades.

El pasado 22 de abril, la Aach presentó los resultados del primer módulo, basado en un Estudio de Microzonificación Sismogeológica de Chile. En este se obtuvo una aproximación para determinar el valor de un indicador denominado VS30. Este mide la magnitud de la velocidad de propagación de la onda sísmica en los primeros 30 metros de profundidad, lo que se considera un indicador clave del comportamiento sísmico.

En términos simples, dice Claude, el VS30 es un indicador que muestra cómo, dependiendo del tipo de suelo, se comportaría una zona ante una demanda sísmica. Así, se pueden determinar, en forma general, los sectores con peor y mejor respuesta sísmica esperada a nivel nacional, con una escala aproximada de 2x2 kilómetros (ver mapa). Los colores se deben interpretar como en un semáforo: rojo es una superficie que ante la demanda sísmica es de más mala calidad, y verde, de mejor calidad.

También se mostró un estudio con mayor detalle, de 25 x 25 metros, para Viña del Mar. La idea de la asociación es que el ejercicio se extienda para el resto del país. "Hubo una clara respuesta de los asistentes sobre la importancia de haber efectuado este estudio y también de la relevancia de seguir desarrollando estudios a escalas más pequeñas en las ciudades más pobladas. Pero también hubo consenso en que es una tarea-país, en la que el gobierno también debe tener una opinión", sostiene Claude.

La experiencia habló

Los aluviones de marzo devastaron las regiones II, III y IV. La tragedia humana (31 fallecidos y 17 personas aún desaparecidas), pero también la pérdida de viviendas, fuentes laborales y empresas de diverso tamaño obligaron a una respuesta rápida y certera de las aseguradoras, subraya Camposano.

Por eso, a los tres días de la tragedia, el gremio montó un call center en la zona para resolver las primeras dudas de sus clientes (personas naturales y empresas) y así ya a los cinco días se tenía noción de que, al menos, un 10% de sus asegurados en la zona devastada enfrentaba daños o pérdidas.

"La magnitud de la catástrofe y la urgencia por echar a andar todo de nuevo requería que todas las compañías y también las empresas de liquidación se instalaran casi desde el día uno en las tres regiones, y así se hizo. Los aluviones castigaron una zona que es industrial, agrícola, minera y de servicios para la minería. Las compañías tienen importantes recursos asegurados, que requieren una respuesta rápida y efectiva para levantarse. Nuestra industria ha logrado responder con la efectividad y diligencia necesarias a este evento", afirma el presidente de la Aach.

"La experiencia del 2010 nos sirvió mucho para aprender a mejorar aún más la respuesta, para actuar con una coordinación que consideramos ha sido eficiente en este caso de los aluviones, y aunque es una tragedia, si hay algo positivo que sacar de todo esto, es que nuevamente ha sido una oportunidad para demostrar el rol social que nuestro sector tiene en la comunidad", agrega Claude.

Las aseguradoras con operaciones locales tienen más de 57 millones de contratos en el país.

Los datos de la Aach indican que a diciembre del año pasado, las aseguradoras tenían una prima directa de 85,5 millones de UF en seguros generales y de 167 millones de UF en seguros de vida. A la misma fecha, registraban $ 73.975 millones en seguros generales colocados en la II Región, otros $ 10.759 millones en la III y $ 31.131 millones en la IV Región.