Un millonario acuerdo de venta. Una de las familias más tradicionales de Perú. Inversionistas chilenos entre los que figuran el ex Presidente Sebastián Piñera y los dueños de Falabella. Ofensivas legales en tres países simultáneamente y, por si fuera poco, la Coca-Cola. En el mundo financiero de Lima no se habla de otra cosa. Las repercusiones por la venta de la Corporación Lindley a la mexicana Arca son el tema obligado de los hombres de negocios del país vecino y aquí en Santiago.

Esta semana se supo que hasta Atlanta, donde están ubicadas las oficinas centrales de Coca-Cola, llegará en los próximos días el conflicto por la compra de la embotelladora peruana Corporación Lindley. Representantes de los inversionistas minoritarios -entre éstos algunos chilenos- ultimaban hasta el cierre de esta edición la contratación de una oficina de abogados estadounidense para llevar su reclamo hasta la misma matriz de la fabricante de bebidas gaseosas más famosa del mundo. En paralelo, la batalla legal comienza a tomar forma en Perú y México, con presentaciones ante los reguladores, las bolsas y reuniones entre los accionistas.

Todo comenzó el 10 de septiembre pasado, cuando Arca Continental anunció la compra de Corporación Lindley, dentro del plan global de Coca-Cola de consolidar sus operaciones en grandes embotelladoras regionales. La transacción por US$ 760 millones implicaba adquirir fuera de Bolsa el control de la compañía que fabrica la popular Inca Kola, sin considerar a los accionistas minoritarios, poseedores del 11% de la compañía: unos 2.600 inversionistas que van desde trabajadores y ex empleados de la compañía, hasta sofisticados inversionistas extranjeros que entraron a la firma, precisamente pensando en que algún día Coca-Cola se haría de Lindley.

Ninguno imaginó que todo terminaría en un conflicto que amenaza con seguir creciendo y que los tiene organizándose entre el recelo y la rabia, para exigir que Arca les compre sus papeles al mismo precio que a los controladores, a quienes acusan de haber eludido todos los controles y golpear a todo tipo de inversores, incluso a los más expertos.

El revuelo ha sido tal, que en Lima ya se compara esta situación con el caso chispas de Chile (1997), cuando un pequeño grupo de accionistas vendió el control de Enersis a Endesa España, sin compartir las ganancias con el resto de los inversionistas. Ello generó un remezón de tales proporciones en este mercado, que obligó a legislar respecto de las transacciones y las responsabilidades de los directorios.

"No me queda duda, como afirma el comunicado de la familia Lindley, que la operación beneficia a todos los accionistas, pero ¿los beneficios generados por la transacción se han repartido de manera justa? En este punto, la Superintendencia del Mercado de Valores tiene un rol importante que jugar: si hace una acertada intervención que aporte a la resolución de este conflicto, contribuirá a alejarnos del tan temido mercado frontera", advierte el gerente general adjunto de la AFP Integra, la mayor de Perú, Aldo Ferrini. Las mismas declaraciones las acuñó en una columna publicada el viernes en la revista peruana Gestión.

En jerga financiera, un mercado frontera equivale a una economía inferior a la de los mercados emergentes, especialmente en materia de protección a los inversionistas.

Las acciones de la discordia

El foco del conflicto son las llamadas "acciones de inversión", una serie de papeles que se transan en Bolsa y que gozan de los mismos beneficios económicos que el resto de los accionistas, pero que no tienen derechos políticos como elegir directores. A este grupo de inversionistas minoritarios corresponde ese 11% que busca mejorar sus condiciones.

Según el acuerdo de compra, los mexicanos pagaron US$ 2,93 a la familia Lindley por cada una de sus acciones y, además, le entregaron al presidente de la compañía, Johnny Lindley Suárez, US$ 0,89 por sus "acciones de inversión". Esta diferencia de valorización irritó a los dueños de las "acciones de inversión", que estiman que los papeles de ambas series deben valer lo mismo. "Consideramos que un premio por control de 229,2% por acción es inadmisible en estos tiempos, sobre todo tomando en cuenta la participación directa e indirecta en esta transacción de una empresa multinacional como The Coca-Cola Company y una empresa multilatina como Arca Continental, una de las principales embotelladoras de Coca-Cola en el mundo. Ambas empresas hacen hincapié de su buen gobierno corporativo, de proteger al inversionista minoritario y de respetar la jurisdicción local", dicen en la carta donde están juntando firmas para mejorar sus condiciones. Al cierre de este viernes, los US$ 2,9 pagados a los Lindley son casi cuatro veces el valor de las acciones de inversión que cotizan en la Bolsa de Lima.

Al respecto, Agustín Valencia, gerente de Asuntos Legales y Relaciones Corporativas de Corporación Lindley, dijo desde la capital peruana que "la transacción entre la familia Lindley y Arca Continental fue una operación entre privados que ha cumplido con todos los requerimientos legales y obligaciones normativas. En ningún momento se ha perjudicado a otros inversionistas o tenedores de acciones de cualquier tipo". Añadió que la acción común de Corporación Lindley no está en Bolsa, por lo cual no estaban obligados a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Aclara que en la legislación peruana, las "acciones de inversión" no forman parte del capital social de una empresa. "Técnicamente, no son acciones, sino más bien un título, obligación o bono de renta variable, cuyo rendimiento está sujeto a los resultados del negocio; por tanto, no participan de un eventual cambio de control de la sociedad", explicita.

Dentro de todo, los minoritarios consideran como un triunfo haber logrado que Arca Continental haya manifestado que lanzará una oferta por el 100% de "las acciones de inversión", en circunstancias que no pretendía hacerlo. Claro que a los mismos US$ 0,89. Valencia destaca que ese precio es 36,6% "por encima de la cotización promedio durante los 30 días previos a anunciarse la transacción".

No me competirás

Los minoritarios acusan a Lindley de haber comunicado en Perú sólo algunos detalles de la transacción, mientras que Arca envió al regulador de México un informe de 40 páginas con antecedentes que no hicieron otra cosa que avivar el fuego: los Lindley recibirán US$ 150 millones adicionales a cambio de no volver al negocio de las bebidas y comprarán US$ 137 millones en activos inmobiliarios de la misma corporación.

Los accionistas de inversión estiman que la cláusula de no competencia debió ser repartida y no entregada sólo a los controladores. "¿Qué sentido tiene pagar US$ 150 millones por un acuerdo de ese tipo, si se supone que vendieron marcas, fórmula y todo? ¿Tienen agua, tienen plantas para volver al negocio?", se queja un accionista en Santiago. Valencia responde que este tipo de cláusulas son frecuentes en estos acuerdos y que la familia Lindley se comprometió no sólo a salirse de la industria embotelladora, sino que a no competirle a Arca en otros rubros que los mexicanos tienen la intención de desarrollar. Y subraya que "la familia Lindley se encuentra desarrollando un canal de distribución de consumo masivo (tiendas de conveniencia Tambo+), y su capacidad para los negocios está avalada por 105 años de experiencia y éxitos en el Perú".

Sobre los terrenos que pasaron de la Corporación Lindley a la familia Lindley, los minoritarios señalan que se trata se activos que pertenecen a todos los accionistas y que nadie sabe cómo se llegó a ese valor de los US$ 137 millones. Acusan a los Lindley de usar información privilegiada.

Los chilenos

Entre los inversionistas minoritarios de Corporación Lindley figuran varios chilenos: Bancard (del ex Presidente Sebastián Piñera), Megeve (de la familia Solari, de Falabella), algunos clientes de alto patrimonio de la corredora LarrainVial y la administradora general de fondos Bice.

El grupo es liderado por el peruano Andino Asset Management, uno de los gestores más importantes de ese mercado y que tiene entre sus clientes al fondo soberano de Noruega, que también tenía acciones de inversión de la Corporación Lindley.

Andino y Megeve son los convocantes de la carta con la cual buscan sumar más inversionistas a su reclamo. Este documento -al que accedió La Tercera- circuló con profusión esta semana en Lima, donde Carlos Rojas, representante del fondo, dijo que ellos sólo buscan un trato igualitario. "Se han olvidado que tienen socios. Sentimos que nos han quitado valor y se lo han dado a Johnny Lindley", sostuvo.

Hace algunos días, los minoritarios solicitaron por segunda vez a la superintendencia peruana que analice el acuerdo. En la oficina de prensa del regulador indicaron que no comentaba sobre sus resoluciones. En forma paralela, la Bolsa limeña también analizaba el caso.

Los minoritarios ya ficharon al estudio jurídico Payet, Rey, Cauvi, Pérez. "Las acciones de inversión forman parte del patrimonio, tienen los mismos derechos económicos que las acciones comunes y existen ciertas leyes que las protegen en casos de aumentos de capital, fusiones, liquidaciones, entre otros escenarios", dice la abogada Susan Castillo. Según la profesional, la transacción incumplió varias normas y critica que fue comunicada "de una manera bastante escueta, que no cumplía con la normatividad peruana". Añade que en este caso se han registrado infracciones a las normas de protección del inversionista, el principio de trato justo y equitativo, uso de información privilegiada, transacciones entre partes relacionadas y gobierno corporativo, entre otros.

En todo caso, la abogada Castillo reitera que sus clientes están dispuestos a un arreglo.

El rol de los directores de la compañía también está en tela de juicio. Según los minoritarios, no sólo incumplieron con su deber de proteger los derechos de todos los accionistas, sino que tampoco alertaron de lo que se les venía encima. "Lo que me indigna es que todo eso haya pasado en un país en el que supuestamente hay garantías, seguridad jurídica y con un mercado regulado y supervisado. Se rompieron los principios de buen gobierno corporativo impulsados por la SMV, así como las normas básicas de transparencia aplicables en Perú", relata por teléfono un inversionista.

Una opción que analizan los minoritarios es pedir al regulador que ordene deslistar las acciones de la compañía. Como la operación entre Arca y Lindley ya está sacramentada, la norma peruana ofrece la ventana de que la SMV obligue a sacar un papel del mercado. Y si eso sucede, habrá una Oferta Pública de Acciones, pero al precio que un evaluador independiente determine.

En la Corporación Lindley se defienden. "Hemos recibido a través de la SMV comunicaciones suscritas por dos accionistas de inversión, las que han sido respondidas por esa vía, indicando claramente que no les asisten razones jurídicas ni económicas para cuestionar la transacción, porque ésta ha cumplido con la regulación existente en el país", dice Valencia. Y advierte: "Paralelamente, tanto la familia Lindley como Corporación Lindley están evaluando tomar acciones legales contra aquellos que pretenden influir en el regulador y en la Bolsa de Valores de Lima a través de campañas difamatorias en medios de comunicación".

En sus respuestas, Valencia reiteró que la transacción es un buen negocio para todos y resalta que las acciones de la compañía han subido a la par que las clasificadoras de riesgo S&P y Fitch mejoraron el rating de la firma. "Estos inversionistas están haciendo declaraciones a través de medios de comunicación que no se ajustan a la ley peruana", agregó. Y a los tenedores de acciones de inversión los identifica como "inversores sofisticados que conocen muy bien la legislación".

Frente mexicano

A fines de octubre, los minoritarios contrataron al estudio mexicano Cervantes Sainz, que ya representa en México a un accionista individual de Arca descontento con la transacción. El bufete pidió esta semana a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de ese país que exija a Arca que explique cómo se llegó a esa valorización de la firma peruana y si se hizo o no un due diligence, entre otros cuestionamientos.

La próxima semana, los abogados de Cervantes Sainz tienen agendada una reunión con funcionarios de la comisión para pedirles formalmente su intervención y para informarles que el 26 de octubre, cuando su representado acudió a las oficinas centrales de Arca en Monterrey a pedir información, no fue recibido. Dos días después concurrió con un notario a entregar una solicitud de información.

Arca no respondió a la solicitud de información de este diario.

Para la próxima semana se espera el fichaje de los abogados norteamericanos y en la Bolsa peruana se especulaba el viernes si los bonos de Lindley serían también afectados por esta transacción. El recelo ya no es sólo de los minoritarios.