El episodio lo abrió el jefe de informática del Palacio de La Moneda, Luis Escalona Venegas, en la comisión investigadora Caval -el martes-, al relatar que fue el entonces director sociocultural de la Presidencia, Sebastián Dávalos, quien solicitó que se borrara su computador.
Quienes fueron testigos de esa jornada recuerdan que el 13 de febrero, el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet llegó pasado el mediodía a La Moneda.
Dávalos venía de su casa en La Reina, donde estuvo reunido desde las 10.00 am con el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, con quien afinó los detalles de su renuncia al cargo en medio de la crisis desatada por el caso Caval.
El acuerdo era que la dimisión se oficializaría a la hora de almuerzo. Sin embargo, Dávalos retrasaba la ceremonia.
Fuentes que estuvieron ese día en La Moneda señalaron que una de las razones de la demora obedeció a que el primogénito de la Mandataria borró personalmente los archivos contenidos en su computador de la Dirección Sociocultural del gobierno.
Sólo tras esta gestión, aseguran en La Moneda, desde la oficina de Dávalos se contactaron con el Departamento de Soporte de Palacio para pedir un formateo.
"Aquí se recibió un llamado de la secretaria de Dávalos el día 13 de febrero a Soporte de Operaciones del área de Informática, ante lo cual subió una persona de Soporte. La secretaria lo hizo ingresar al despacho y el señor Dávalos le pidió que le borrara la información del disco", relató Escalona ante los diputados.
La eliminación de datos del equipo del hijo de la Presidenta ha atizado una nueva polémica en el marco del caso Caval. La Fundación Jaime Guzmán, por ejemplo, ha señalado que el gobierno tiene normas administrativas en distintas áreas y una de ellas es mantener un respaldo de los documentos electrónicos de las autoridades. Ello, de acuerdo al artículo 24 del Decreto Supremo 83 del Ministerio de la Secretaría General de la República.
Una minuta de la División Jurídica de la Segpres, sin embargo, refuta esta interpretación de la norma al sostener que "los órganos del Estado cuentan con el deber de respaldar la información 'crítica' para las funciones del servicio. No existe el deber de respaldar la información personal de los funcionarios almacenada en los equipos una vez que estos dejan la institución respectiva".
"Así, respecto de los correos electrónicos de los funcionarios públicos, no existe deber de respaldo", se lee en el documento, en el que se señala que "ello se debe a la norma aprobada por el ex Presidente Sebastián Piñera el 15 de enero de 2014, DS N° 14, que derogó la norma de 2004 que establecía el deber de conservación por, a lo menos, seis años".