El 8 de enero pasado, el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar emitió una sentencia en la que obliga a los dueños de la U. del Mar a indemnizar a quienes eran sus alumnos en 2012, año en que se anunció por primera vez el cierre de la institución, cuando ésta contaba con más de 20.000 estudiantes y cerca de 20 sedes a lo largo del país.
El fallo se da a raíz de una demanda colectiva que interpuso el Sernac en octubre de 2012 y, según el documento, se acusa a la casa de estudios de "haber incluido en sus contratos clásusulas abusivas" para sus estudiantes.
Cabe destacar que el Sernac interpuso la medida judicial antes de que el Consejo Nacional de Educación anunciara, en diciembre de 2012, la cancelación de la personalidad jurídica de la universidad y comenzara con ello el proceso que decantaría en el cierre de la institución. La clausura -que no se ha concretado, ya que el plantel está autorizado a funcionar hasta 2018 para que se puedan titular los alumnos que restan-, había sido solicitada por el Mineduc, entidad que, tras una investigación, detectó que el plantel vulneró una serie de estatutos legales.
La sentencia del Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar no sólo acogió el argumento de los contratos abusivos, sino que además remarcó la existencia de "un daño moral y psicológico" en los afectados. Por ello, dictaminó que la casa de estudios debe indemnizar a los alumnos, divididos en cuatro categorías, en función de la situación en que quedaron tras decretarse el cierre del plantel. Tales pagos se calcularán en base a costos de traslados, daños por retrimento del título y atraso académico (ver recuadros).
Apelación
La U. del Mar no está de acuerdo con lo dictaminado por el tribunal. Así lo asegura el recurso de apelación interpuesto el 13 de febrero por el síndico de quiebras del plantel, Cristián Herrera, quien fue nombrado en el cargo luego de que en noviembre de 2014 la institución se declarara en bancarrota.
El representante legal de la institución, argumentó en el escrito presentado ante el Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, que la casa de estudios "desde hace algunos años vive una situación que -a lo menos y con generosidad- puede definirse como complicada".
En el documento se remarca que los intereses de los acreedores de la U. del Mar están "tanto o quizás más afectados que los alumnos de la casa de estudios". Además, en el recurso se plantea que de los cinco puntos de prueba de la sentencia, sólo uno "pudo ser acreditado fehacientemente".
Demanda contra el Estado
La dirigencia de los ex estudiantes del plantel valoró como un precedente el fallo civil, sin embargo, plantean que desconfían de que se concrete la indemnización.
"Nosotros somos realistas. La Universidad del Mar cerró por un déficit financiero que causó la figura del lucro, que hizo que los dueños sacaran la plata de la universidad por medio de sus empresas espejo. Jamás hubo reinversión. Por lo tanto, es una universidad quebrada, sin financiamiento", enfatizó Susana Giacaman, vocera de los ex alumnos de dicho plantel.
La líder estudiantil subrayó que la casa de estudios tiene una serie de deudas que pagar y que, por eso, ve lejano que efectivamente los indemnicen. "El síndico está rematando los bienes de la universidad para pagar las otras deudas que, obviamente, en la lista de prioridades, son más importantes por ser más antiguas,y por ser mayores: con bancos, con corporaciones de salud, hospitales, etc. Además, hay otras demandas ya ganadas de trabajadores. Nosotros estamos al final de la lista", señaló Giacaman.
Cabe mencionar que ésta no es la única causa judicial en la que está involucrado el plantel. Valeska Concha, asesora jurídica de los 600 estudiantes de la U. del Mar que demandaron por su cuenta a la institución, afirmó que el fallo sienta un precedente en la demanda de nulidad contractual que presentaron.
"El Sernac decía y avalaba que nuestra teoría jurídica es la correcta, y que se basa en la falta de prestación de servicio educacional, o sea, que la institución no cumple con el contrato por el cual los estudiantes pagaron o se endeudaron", aseguró la abogada.
Concha remarcó que presentarán otra demanda el marzo, esta vez contra el Estado. "Quien debe indemnizar a los estudiantes es el Estado por la responsabilidad civil que tiene, no solamente por la falta de fiscalización de la U. del Mar, sino porque la cartera ya contaba con antecedentes de que ésta no cumplía los requisitos mínimos para recibir la autonomía institucional desde 2004".
Respecto a esta demanda, la ministra de educación (s), Valentina Quiroga, señaló que "existen procesos y derechos que pueden hacer valer los estudiantes". Añadió que "hemos estado preocupados de poder dar continuidad al proceso de estudio y cierre y hemos establecido procesos de diálogo con los estudiantes. Hay una comisión investigadora abierta, en la cual el ministerio ha ido a declarar y ha llevado las actas de diagnóstico de lo que se está haciendo y hará".
En cuanto al fallo, la ministra señaló que "es un proceso que lleva la justicia y habrá que ver cómo evoluciona".
Por último, la ministra (s) Quiroga, remarcó que, para la cartera, el proceso no sólo tiene que ver con llevar el cierre de la institución de manera adecuada, sino también con lograr una continuidad de estudios adecuada en los afectados. "Hasta que no salga el último alumno no vamos a abandonar el proceso", subrayó la autoridad ministerial.