ACABA de aprobarse la idea de legislar sobre el proyecto de ley que prohíbe el aporte estatal a los colegios con fines de lucro. Tal como pasó en 2006 a raíz de la "revolución pingüina", algunos buscan hoy en el lucro la causa de los "malos" resultados educacionales y de la desigualdad. No existe una evidencia concluyente al respecto. Hay buenos colegios con y sin fines de lucro, como también hay malos colegios con y sin fines de lucro.
Hace cinco años se concluyó que, alcanzado el 100% de cobertura, como país debíamos mejorar las atribuciones del Estado para fiscalizar tanto el uso de los recursos como apoyar la gestión educacional enfocándola hacia estándares de calidad elevados. Así, aquel sostenedor que no cumpla los estándares requeridos, deberá abandonar el sistema, lo mismo que hemos venido pregonando desde hace años.
Junto con ello se avanzó en una de las leyes que más justicia imprimen al sector, que creó la Subvención Escolar Preferencial (SEP), la cual permite poner más recursos públicos allí donde hay más necesidades. No es raro que la matrícula de nuestro sector haya aumentado como lo ha hecho, transformándonos en el sector educacional mayoritario en el país. Gracias al financiamiento compartido, a la SEP y al sistema de becas asociado, nuestras escuelas han avanzado en calidad  y en equidad. Por eso, el actual conflicto estudiantil no surgió desde nuestros estudiantes, sino desde las universidades y las escuelas municipales.
Pese al lucro, nuestras escuelas se transformaron en el refugio de la gran clase media nacional. Ninguna de nuestras familias siente que nuestras escuelas -3.500 colegios y cerca de un millón 200 mil alumnos- constituyen una carga, sino, por el contrario, sienten que somos un aporte. Muy distinto, lamentablemente, es el caso de las universidades, públicas o privadas en Chile, que representan para las familias un costo muchas veces impagable y, en no pocas ocasiones, en una formación de dudosa calidad. También se nos ha acusado de no formar en los valores ciudadanos, nada más alejado de la realidad. Nuestras escuelas son sedes de votación para las elecciones, refugio para casos de inclemencias climáticas o terremotos, lugares de encuentro para la reflexión nacional.
Se nos asocia a un sector político, atribuyendo nuestra existencia a las modificaciones administrativas realizadas por el gobierno militar. Sin embargo, existimos desde 1920 y hemos hecho una contribución clave también en la diversidad de opciones educativas. De hecho, un 40% de nuestros alumnos son vulnerables y un 75% de los estudiantes con discapacidades y necesidades especiales se educa en un colegio particular subvencionado.
Entendemos que mucha gente asocia lucro a ganancias ilegítimas, a servicios de mala calidad y al cobro de altos intereses, a costa, principalmente, de personas humildes. No es nuestro caso; nuestra matrícula creciente es un dato ineludible de que "lucro, calidad y equidad" no son conceptos contrapuestos o irreconciliables.
Lamentablemente, hoy se vuelve a poner la duda sobre nuestro sector, porque gestionamos bien recursos que son públicos y privados y obtenemos una ganancia legítima por ello.