Dos acuerdos, uno para bloquear el ingreso de nuevos competidores y otro para fijar precios y frecuencias, denunció ayer la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Tras dos años de investigación, y a través de dos demandas, la FNE acusó de colusión a Tur Bus, Pullman Bus, Romani, Ruta Vía Curacaví y Atevil y pidió multas que suman US$ 48 millones en total.

En ambos casos, el organismo antimonopolios utilizó por primera vez la facultad de interceptación telefónica, la que posee desde octubre de 2009. Y en uno de ellos estrenó la figura de la delación compensada para empresas locales. Considerando ambas demandas, Pullman Bus arriesga el pago de US$ 24,6 millones. Para Tur-Bus la FNE pidió US$ 19,7 millones, para Romani, casi US$ 2 millones, e igual monto para Alejandro Cabello, de Ruta Vía Curacaví. Se solicitó eximir del pago a la firma Atevil, que se acogió al mecanismo de delación compensada por el caso de fijación de precios y frecuencias.

El caso más cuantioso involucra a los dos mayores actores del mercado, Tur-Bus y Pullman Bus, que tienen 72% del mercado de transporte interurbano de pasajeros en el país. Según la FNE, durante 2009 y 2010 ejecutivos de ambas empresas, junto a Romani, se coordinaron para bloquear el ingreso de nuevos competidores. La fórmula aplicada consistió en arrendar los espacios disponibles para oficinas en los terminales de Valparaíso, La Serena, Coquimbo y Carlos Oviedo, de Antofagasta. La FNE sostiene que tener oficinas en los terminales es un requisito indispensable para que las empresas de transporte interurbano de pasajeros puedan operar. Sólo bajo esa condición pueden tener acceso a los andenes.

El modus operandi

Más de 60% de los espacios disponibles para oficinas y boleterías en los terminales de Valparaíso, Coquimbo, La Serena y Antofagasta está hoy en manos de Tur-Bus y Pullman Bus. Según la FNE, parte de esas instalaciones están subutilizadas y su arriendo busca sólo impedir el ingreso de competidores.

Ambas firmas impedieron así, dice la FNE, que su potencial competidor, Línea Azul, se instalara en el terminal de Valparaíso. En Coquimbo, La Serena y Antofagasta otra empresa se habría sumado al pacto: Romani.

La FNE llegó a esta conclusión a través de declaraciones que tomó durante su investigación y mediante las interceptaciones telefónicas al asesor de Pullman Bus, Paul von Breitenbach, y al presidente de Tur-Bus, Jesús Diez.

En su investigación, la FNE detectó que en febrero, en temporada alta, algunos de los espacios en los terminales eran usados para bodegaje u oficinas administrativas.

La firma Línea Azul, el tercer actor a nivel país y segundo en la zona sur, ha visto impedida su expansión hacia el norte del país, dice la FNE. Junto a las multas, la fiscalía pidió forzar a las empresas a terminar con la conducta anticompetitiva y con los contratos de arriendo de locales que no utilicen para venta de boletos o envío de carga. Además, pidió al TDLC que las empresas deban avisar con 60 días de anticipación la construcción o compra de terminales y consultar cualquier operación de concentración que planeen realizar.

Tur-Bus responde

"Tenemos la convicción de no haber incurrido en infracción alguna, lo que se comprobará ante las instancias correspondientes", declaró Tur-Bus. La empresa destacó que fue investigada por más de tres años y que la FNE pudo "comprobar que las acusaciones de colusión de precios eran falsas". La acusación actual, precisó, es acotada "a un número muy reducido de terminales y se refiere a conductas que, supuestamente, perjudicarían a un competidor".