El Ministerio de Educación envió a la justicia los antecedentes sobre la investigación que están realizando en la Universidad La República y que podrían configurar la existencia de eventuales delitos tributarios o quiebra fraudulenta.
La información fue remitida el 13 de mayo a la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Oriente, encabezada por el fiscal Carlos Gajardo,
quien confirmó la recepción de los antecedentes remitidos por la cartera de Educación.
Se trata de un oficio que contiene, entre otras cosas, información relacionada a los problemas financieros que adujo la universidad, y que en 2010 la llevaron a solicitar la quiebra.
Los documentos que fueron recibidos en la justicia son el oficio de la Subsecretaría de Educación, documentos relacionados al proceso de investigación que afectó a la Universidad La República con motivo de su declaratoria de quiebra. También los estados financieros de la casa de estudios.
De acuerdo con el procedimiento, el Ministerio Público analizará los antecedentes remitidos por el Mineduc para determinar la eventual existencia de delitos. Preliminarmente se indagarán eventuales delitos tributarios o quiebra fraudulenta.
El Mineduc se excusó de entregar información sobre la situación de la casa de estudios en cuestión, señalando que no se refieren a investigaciones en curso.
La Universidad La República -que declinó referirse al tema- obtuvo la autonomía en 2002, pero rápidamente presentó problemas financieros y de gestión. En 2006 la CNA le negó la acreditación al detectar que carecía de una coordinación central de las carreras y la creación de nuevas sedes sin tener factibilidad económica.
Además, el plantel tenía en 2008 más de cinco mil causas en su contra por parte de alumnos y acreedores. Y en 2010 las autoridades solicitaron la quiebra, proceso en manos de un síndico a cargo de la creación de un convenio judicial preventivo. Este interventor renunció a este cargo en octubre de 2012, cuando llevaba más de un año de gestión.
El argumento de la renuncia del síndico interventor principalmente se basa en que no pudo realizar las gestiones de manera óptima, debido a que la universidad no le entregó información de la contabilidad efectiva, carreras impartidas, número de sedes, cantidad de alumnos y profesores.