Entregar cuotas a perpetuidad es la recomendación que hizo el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, para otorgarle mayor competencia al sector pesquero nacional. En su respuesta a la consulta que la noruega Lota Protein presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en marzo pasado, la FNE recomienda que la nueva regulación pesquera promueva un mercado secundario de derechos de extracción que funcione correctamente.

Este objetivo se lograría con "derechos de pesca que tengan la mayor duración posible, idealmente que sean a perpetuidad". También, que su comercialización no esté asociada a las embarcaciones ni a activos de los vendedores, "sino que puedan transarse de manera independiente", con el fin de rebajar los costos de transacción.

Además, estimó que las cuotas deberían ser "lo más divisibles posible", para ajustar de forma eficiente la real capacidad de extracción del recurso.

El sistema de subastas

Irarrázabal no se pronunció en contra de una licitación de cuotas. En el documento más bien señaló que para asegurar la libre competencia, es esencial que las cuotas de pesca sean transferibles, "independiente de la forma en que se realice la asignación inicial".

Recomienda que si se diseña un modelo de subasta, luego del vencimiento de la Ley de Límite Máximo de Cuota por Armador (LMCA), se deben considerar ciertos factores que aseguren una asignación competitiva. "Es importante que se tomen ciertos resguardos respecto de su diseño, a fin de incentivar en ellas de nuevos actores y desincentivar la colusión entre los participantes", dijo.

Agregó que, tanto el acceso como los resultados dependen del diseño regulatorio, de la estructura industrial donde se realizan y de las características de los derechos licitados, tales como la duración y el tamaño.

Explicó que hoy el sector es "moderadamente concentrado" en la zona centro-sur, realidad que no se ve en las regiones XV a II y III a IV. Añadió que tanto la Ley General de Pesca como la LMCA permiten el ingreso de nuevos actores, lo que se logra con la compra de cuotas de extracción a empresas que ya están presentes en la industria pesquera.

Irarrázabal también hizo una crítica del actual proceso de asignación de la cuota global anual (CGA) de captura, ya que explicó que ha habido una "sobreestimación" de la biomasa existente. Según los datos entregados por la Subsecretaría de Pesca, los industriales de la zona centro-sur del país utilizan entre el 50% y 60% de su cuota global. Su recomendación sobre el punto es que la asignación del derecho "represente lo más fielmente posible la biomasa de la que dispone cada pesquería".