Durante la madrugada de ayer, personal del Departamento V de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a tres funcionarios activos de esa institución. Los motivos de la aprehensión son por una causa penal que lleva casi un año y en la cual se les atribuye a los policías Víctor Olivos Gallardo, Bastián Apablaza Espinoza y Lucio Cornejo López haber inventado la tarde del 12 de octubre de 2011 un procedimiento por amenazas en contra de cuatro jóvenes, quienes recibieron disparos, dejando a uno de ellos parapléjico.

El fiscal Pablo Sabaj formalizó ayer a los policías. Señaló que ese día los jóvenes se desplazaban en un vehículo por el sector de calle Nocedal a eso de las 20 horas. En eso, un carro de la PDI comenzó a seguirlos con la intención de realizar un control de identidad -según los policías-, pero los denunciantes aseguran nunca haber escuchado la sirena ni el llamado a detenerse.

La fiscalía explicó al tribunal que Francisco Herraz, Angel Quintanilla, Mauricio Araya y Andrés Bustos se bajan del vehículo sólo cuando se percatan que uno de ellos había recibido un balazo que provino del ve-hículo policial. "Los imputados se bajaron del auto policial y mantuvieron en la vía pública y boca abajo a las víctimas, quienes se encontraban desarmadas, procediendo el inspector Víctor Olivos a disparar en contra de Herraz y Quintanilla, mientras los otros dos policías sostenían sus armas apuntando a las otras víctimas en señal de cobertura a la acción de Olivos", dijo Sabaj. El fiscal añadió que tras el ataque los policías llevaron a los heridos al hospital e inventaron que los habían amenazado. Araya resultó con un impacto de bala en el abdomen, Herraz sufrió la fractura de su brazo izquierdo al recibir dos balazos a corta distancia y Quintanilla quedó sin movilidad de sus piernas, con problemas de habla y vista a consecuencia de un proyectil que ingresó por la parte de atrás de su cabeza.

El suboficial Víctor Olivos fue formalizado como autor del delito de lesiones y lesiones graves y gravísimas (en el caso de la víctima que quedó sin movilidad de sus piernas). A sus compañeros de la PDI también se les atribuyeron estos ilícitos, pero en calidad de cómplices. A todos se les imputó entrega de falso testimonio a la autoridad, por las supuestas amenazas.

El tribunal los dejó sólo con firma semanal y prohibición de acercarse a las víctimas, pese a que la fiscalía había pedido prisión preventiva.