"Es un episodio realmente indignante. Cuesta imaginar que la codicia de aquellos ejecutivos los lleve a ese extremo. ¡Ponerse de acuerdo para subir los precios de los remedios, sin pensar por un momento en la salud de las personas!". La Presidenta Bachelet se refirió así al caso de colusión de farmacias, surgido luego que Fasa confesara ante la Fiscalía Nacional Económica que algunos de sus ejecutivos participaron en un acuerdo para subir los precios de 222 medicamentos junto a Cruz Verde y SalcoBrand. La Mandataria dijo que el episodio mostró la necesidad de aumentar las regulaciones y por eso anunció el envío de dos iniciativas: establecer penas de cárcel para quienes incurran en prácticas colusivas y cambiar la Ley de Defensa del Consumidor.

El Ministerio de Economía trabaja para enviar al Congreso ambos proyectos antes del 15 de junio, dijo el titular, Hugo Lavados. Las penas de cárcel para quienes atenten contra la libre competencia rigeron hasta 2003, cuando fueron derogadas bajo el gobierno de Ricardo Lagos, aduciendo escasa aplicabilidad de la norma. No se incluyó en el proyecto que da más atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), argumentó, pues corresponde a una materia de legislación penal.

Lavados explicó que una de las alternativas que se analiza es penar con 5 años delitos de colusión, pudiéndose ampliar a 10 para carteles que se produzcan en mercados de bienes y servicios de primera necesidad.

"Tiene que ser una pena muy potente, que disuada de cometer delitos que dañen severamente a los consumidores", dijo. Agregó que tales sanciones deben "conducir a prisión, pero que sean proporcional al daño causado. Tiene que estar bien especificado en qué casos se va a hacer, no en cualquier caso de colusión". En el proyecto trabajan Economía con la FNE, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Justicia.

Respecto de los cambios en la Ley de Defensa del Consumidor anunciados ayer por Bachelet, Lavados señaló que la idea es que el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, pueda mediar y lograr acuerdos prejudiciales y vinculantes entre empresas y consumidores, cuando una compañía incurra en algún abuso y quiera resarcir el daño causado. También se quiere agilizar, por esa vía, la tramitación judicial de las acciones colectivas, donde hay casos -como el de la organización de consumidores Conadecus contra BancoEstado- que llevan 4 años sin que exista sentencia en primera instancia.

José Roa, titular del Sernac, dijo que se busca cambiar el que muchas infracciones de empresas sólo conllevan multa y no indemnizaciones inmediatas a los consumidores. También se buscará lograr reparaciones en sectores de leyes especiales que hoy son más difíciles de abarcar, como los servicios financieros, servicios básicos o protección de datos personales.

Lavados agregó que hay otro proyecto, de protección de datos personales, para evitar que éstos sean utilizados por farmacias, laboratorios e isapres. Ello protege los datos sobre recetas médicas de los pacientes o el RUT de los consumidores informado en cada compra. La Presidenta también anunció que se exigirá a las farmacias las listas de precios y que el Sernac publique quincenalmente un informe comparativo de precios de remedios.

Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Lorenzo Constans, dijo que le parecía bien regular cuando había imperfecciones de mercado, pero que hay que tener cuidado con que el exceso de regulación termine dañando el funcionamiento del mercado.