Los aficionados al básquetbol, que en Grecia son millones, se van a quedar sin ver la tercera final entre el Olympiakos y el Panathinaikos -los dos gigantes del básquetbol local-, que se disputa hoy. El cierre de la Radiotelevisión Griega (ERT) -fundada en 1938- ha convertido momentáneamente al país en el único de la Unión Europea sin televisión pública. Los planes del gobierno, que tras una jornada de insistentes rumores comunicó oficialmente ayer el cierre inmediato del organismo (dejó de emitir seis horas después, a medianoche), consisten en mantener cerrada -teóricamente- tres meses la empresa, que ahora tiene cerca de 2.700 empleados, mientras se realiza un plan de reestructuración que reduzca considerablemente la plantilla (fuentes próximas al gobierno estiman que el nuevo staff puede quedar finalmente reducido a unas 700 personas).

Los futuros despedidos de la ERT son parte de la cuota exigida por la troika a Atenas: el pacto con los acreedores internacionales implica despedir a 2.000 funcionarios o empleados públicos hasta finales de julio y un total de 15.000 hasta finales del próximo año.

Entre evidentes referencias a la corrupción y el desgobierno del organismo, el portavoz del gobierno, Simos Kedikoglu, calificó a la ERT como "un caso único de opacidad y despilfarro inconcebible". "Y eso se acaba hoy. El gobierno ha decidido cerrar ERT. En su lugar se creará una radiotelevisión moderna que estará operativa tan pronto como sea posible", añadió Kedikoglu, y con una plantilla más reducida, subrayó. Mientras se cree el nuevo ente público, los ciudadanos quedarán exentos del canon que vienen pagando mensualmente. Contribución que, según el portavoz del gobierno, se reducirá sensiblemente en el futuro.

Según fuentes del Ejecutivo citadas por el diario Eleftherotypia, sólo el gasto en electricidad de la ERT supone unos 300 millones de euros al año (entre tres y ocho veces más que el resto de teleoperadores), mientras que el tamaño de la plantilla cuadruplica los estándares correspondientes al número de espectadores y oyentes de que disfruta.

Los planes de liquidación de la televisión pública se aceleraron vertiginosamente ayer. Un decreto legislativo sancionado por el presidente del país permite, a cualquier titular del gobierno, cerrar entidades públicas obviando al Parlamento; la ley fue aprobada por todos los ministros del gabinete, menos cuatro, dos de ellos designados por el socialista Pasok y los otros dos por la Izquierda Democrática (Dimar), los socios de la coalición de gobierno que preside el conservador Andonis Samarás. Este nuevo desencuentro político se suma a varias disensiones entre los miembros del gobierno tripartito.

Los empleados de la ERT se encerraron ayer en las instalaciones del organismo público y amenazaron con seguir emitiendo las 24 horas. Los trabajadores de otras cadenas aprobaron de inmediato una huelga de seis horas, en la que no emitirían ni siquiera noticias, en solidaridad con sus colegas.