Se trata del último y quizá el más duro golpe a la imagen de la realeza española. La infanta Cristina, la segunda hija del rey Juan Carlos I de España, fue imputada ayer por el juez que investiga un presunto desvío de más de 6 millones de euros (US$ 7,7 millones) de fondos públicos al Instituto Nóos, que estuvo presidido durante varios años por su marido, Iñaki Urdangarin.

Quien es la séptima en la línea de sucesión al trono de la corona española, deberá comparecer ante el juez José Castro el 27 de abril en Palma de Mallorca. Entre los 14 motivos de Castro para enviar la citación se encuentra la "utilitarista figuración" de la infanta en el folleto promocional de la mencionada fundación, en el que aparecía como vocal de la junta directiva. El objetivo de su presencia en el órgano directivo era "aparentar que todas las operaciones del Instituto Nóos eran conocidas y gozaban del respaldo de la casa de su Majestad el Rey".

A ello, también contribuía la presencia del secretario de las infantas, Carlos García Revenga. Además, se suman varios correos electrónicos entregados por el ex socio de Urdangarin, Diego Torres, al juez. En uno de ellos, fechado en 2003, el yerno del rey le escribe su esposa: "Aprovecho que estás conectada para enviarte una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar. Hay dos versiones. Clientes, colaboradores y amigos. Léelo y dime qué piensas, please… Ciao". Es por estos motivos que el juez cree que Cristina podría constituir "un supuesto de cooperación necesaria" a los delitos supuestamente cometidos" por Urdangarin y Torres, o "cuando menos de complicidad".

En respuesta a la decisión del juez, el fiscal Pedro Horrach anunció que presentará un recurso de apelación contra el auto de imputación de la infanta. Mientras, la Casa del Rey manifestó su "sorpresa por el cambio de posición expresado por el juez", que en marzo del año pasado había rechazado imputar a la infanta, y señaló su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de apelar al procesamiento.

Urdangarin está imputado en esta causa desde diciembre de 2011 y ha prestado declaración en dos ocasiones. Fue separado de las actividades oficiales de la familia real después de su procesamiento.

Para el historiador español y experto en temas reales Ricardo Mateos Sainz de Medrano, la imputación en contra de la infanta "sólo daña más la imagen de la familia, que ya está muy dañada. Sí pasa por un mal momento, por una serie de incidentes, y este es un golpe bastante fuerte, porque ya tiene una dimensión legal", dijo a La Tercera.

Este caso se suma a un año de tropiezos reales. De hecho, el 9 de abril se cumple un año desde que el hijo mayor de la infanta Elena, la primogénita del rey, se disparara en el pie derecho cuando realizaba ejercicios de tiro. Apenas cuatro días después, el rey Juan Carlos sufrió una caída en Botswana, que le provocó la rotura de la cadera y un fuerte cuestionamiento cuando se reveló que el monarca estaba cazando elefantes, en plena crisis económica. El 17 de abril del año pasado, el juez Castro incorporó a la investigación copias de correos atribuidos a Urdangarin que aludían supuestas gestiones de mediación del rey ante empresarios y políticos.

La princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la amiga que acompañaba al monarca en su viaje a Botswana, admitió en febrero de este año haber realizado trabajos para el gobierno "delicados y confidenciales". Por último, el lunes pasado, algunos partidos preguntaron en el Congreso sobre la herencia de 375 millones de pesetas que el rey recibió de su padre, Juan de Borbón, y que no habría sido declarada.

Aparte de algunos sondeos, una clara demostración del golpe que ha sufrido la imagen de la casa real es que el mensaje de Navidad pasado del monarca fue el menos visto de los últimos 15 años.