En cinco dIas se escribirá un nuevo episodio de la disputa legal que tiene en veredas opuestas a la firma Fiscalía Privada -creada por ex fiscales y empresarios de seguridad- con el Ministerio Público. El 10 de octubre se acaba el plazo para que los dueños de la empresa argumenten ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial por qué, a su juicio, tienen derecho a inscribir en su marca comercial la palabra "fiscalía". De esa manera, responderán al recurso que el pasado 20 de mayo presentó el Ministerio Público, dirigido por Sabas Chahuán, oponiéndose a que los privados utilicen la expresión "fiscalía", ya que induciría a "error y engaño a los consumidores".

Los inicios de la denominada Fiscalía Privada se remontan a mediados del 2012. En ese momento, el ingeniero comercial Juan Enrique Suárez -gerente de administración y finanzas de la Fiscalía Nacional entre 2000 y 2008- y el empresario Daniel Daccaret habían completado cuatro años de funcionamiento de la empresa Producto Protegido, un sistema de marcación de bienes que permite facilitar su identificación en caso de robos y al que también había ingresado el Fondo de Inversiones Austral Capital.

Pero a pesar de que habían obtenido buenos resultados, confiesa Suárez, concluyeron que de acuerdo con los boletines estadísticos del Ministerio Público, durante los últimos cinco años el porcentaje de causas judiciales por delitos contra la propiedad que son archivadas provisionalmente alcanza el 70% y las que terminan sin un autor conocido son un 79%.

"Vimos de qué manera se podía unir el mundo de los abogados penalistas y el mundo de los investigadores, que hasta ese momento estaban actuando de manera separada", explica Suárez. De esa forma, elaboraron un modelo de negocio que, aseguran, ofrece servicios de prevención, investigación y persecución de delitos contra la propiedad, enfocados especialmente en empresas.

En septiembre del año pasado, tanto Suárez (gerente general), Daccarett (socio) y un fondo privado, que prefieren mantener en reserva, crearon la empresa G2-Fiscalía Privada. A ellos se unió el abogado Francisco del Río como subgerente legal, quien también integraba Producto Protegido. En abril pasado sumaron un nuevo refuerzo: el entonces fiscal de La Florida, Rodrigo Lazo, quien renunció al Ministerio Público tras participar en investigaciones como el caso del ex senador Jorge Lavandero y liderar la indagación contra María del Pilar Pérez, "La Quintrala". "Estuve 11 años en la fiscalía, vi miles de causas y en ningún robo a una casa las policías encontraron huellas", dijo Lazo tras su renuncia.

Además, convocaron a tres personas con experiencia en el área: el ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, quien trabajó con Suárez en el Ministerio Público; el ex general director de la PDI Arturo Herrera y el economista Klaus Schmidt-Hebbel, quien había conocido al ex fiscal Lazo tras el asesinato de su hijo Diego. Todos ellos conforman el consejo consultivo de Fiscalía Privada, el que se reúne cada dos meses y entrega directrices generales sobre el funcionamiento de la entidad, tanto en lo jurídico como en lo empresarial.

Los primeros casos

Desde que inició sus actividades, en noviembre pasado, la Fiscalía Privada ha presentado 11 querellas ante los tribunales. De acuerdo con el sistema de causas del Poder Judicial, sus abogados se han hecho cargo de casos como el robo de agua que ha sufrido la sanitaria Aguas Andinas, de parte de empresas de mantención de áreas verdes, y causas por giro doloso de cheques, apropiación indebida y delitos contra la propiedad que han afectado a otras firmas de menor tamaño. Ninguna de ellas ha llegado a juicio aún. En la mayoría de sus contratos, explica Suárez, existe una cláusula de confidencialidad a petición de los clientes y el valor de sus servicios "es variable, dependiendo del caso y su complejidad".

El modelo, según sus creadores, es inédito en Chile y pretende ayudar a resolver casos mediante la investigación previa y el aporte de pruebas que alimenten el trabajo de los fiscales. Hoy mantienen una oficina en calle Los Leones, en Providencia.

"Existe una brecha entre la demanda que la gente tiene por justicia y lo que el diseño del sistema soporta. El Ministerio Público está haciendo su trabajo, pero sólo para lo que fue diseñado", señala Suárez, refiriéndose al alto porcentaje de causas archivadas en delitos contra la propiedad.

Para ello cuentan con un equipo de siete investigadores que son ex funcionarios de Carabineros y de la PDI. "Por ejemplo, si un empresario nos dice que detectó robo al interior de una empresa de transporte, instalamos las cámaras en los sectores adecuados, seguimos el trayecto de los camiones y generamos pruebas que sustenten una querella. Investigamos quién está robando y quién está reduciendo los productos, para acusar a la banda completa", detalla el ex fiscal Lazo.

Entre las pruebas que generan hay videos, fotografías y testimonios. Además, la empresa reconoce hacer seguimientos para recabar pistas. Sobre el límite en las prácticas de investigación que desarrollan, Suárez asegura que "aquí no hay ninguna ilegalidad. Investigamos tal como lo puede hacer cualquier persona, sin hostigamientos y sin vulnerar ninguna garantía constitucional". En el 10% de los casos que han investigado, señala Lazo, el cliente sólo contrató sus servicios para tener la certeza de quién cometía los delitos y no para tomar acciones legales.

Hasta hoy han desarrollado investigaciones caso a caso, que principalmente han llegado por contactos y por colaboración con el estudio Carey. Pero ya establecieron un convenio con la Sociedad Nacional de Agricultura, para ayudar a esclarecer delitos de abigeato, y están en negociaciones con un municipio del sector oriente para hacerse cargo de los casos de robos en lugar habitado en la comuna, hecho que, según el último boletín estadístico de la Fiscalía Nacional, este año aumentó en un 26,1%, en comparación con el segundo semestre del año pasado.

Para el fiscal nacional, Sabas Chahuán, la existencia de la empresa puede ser un aporte, pero establece diferencias entre sus facultades y las del Ministerio Público. "Una empresa privada no puede pedir autorización a un juez para allanar a una persona, no puede llevar a tribunales a otra persona. Esta Fiscalía Privada, mal llamada fiscalía, solamente va a poder actuar como un querellante más en investigaciones, sólo va a poder pedir diligencias al Ministerio Público. Ahora, que puedan tener recursos para contratar a ex policías para que hagan diligencias, eso siempre va a ser para colaborar con el Ministerio Público".

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, le resta novedad al modelo. "No es nada nuevo, porque siempre han existido abogados privados que contratan las víctimas para llevar sus casos". Además, con respecto a si la creación de la empresa demuestra fallas en el sistema de persecución penal, Lira afirma que "los recursos nunca son suficientes, pero en Chile la única entidad que realmente está facultada para investigar policialmente delitos es la fiscalía. Ellos no tienen las facultades que tienen las policías y Carabineros".

"Puede ser beneficioso, porque en caso de que los fiscales no encuentren antecedentes, ellos quizás pueden aportarlos y así darle una cara conocida al delito", explica el subsecretario Cristóbal Lira.

La marca "Fiscalía"

En abril pasado, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, señaló en entrevista a La Tercera que había pedido al Consejo del Defensa del Estado (CDE) "que se oponga al registro de la marca Fiscalía Privada, en virtud de la ley de propiedad industrial. La intención de esta empresa privada puede ser buena, pero no con el nombre de Fiscalía Privada".

Finalmente, el 20 de mayo pasado, pero no por medio del CDE, sino que a través del estudio de abogados Alessandri & Compañía, la Fiscalía Nacional presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual dos recursos de oposición contra el registro de la marca Fiscalía Privada.

En su escrito de 16 páginas, al que La Tercera tuvo acceso, se argumenta que "existe una íntima y exclusiva relación entre mi representada y la expresión FISCALIA, siendo ésta precisamente la expresión a través de la cual es comúnmente conocida por el público". Además, se señala que en 2002, la Contraloría General de la República ya reconoció la exclusividad del término "fiscalía" y que las 18 marcas que al momento de su fundación registró el Ministerio Público ya contienen el término "fiscalía".

Pero junto con ello, se asegura que "no se puede sino concluir que a la marca pedida se le habrían otorgado, en forma intencional por parte del solicitante, rasgos que la asemejan a los bajo los cuales es públicamente conocida mi representada". Además, se afirma en el escrito que "es posible colegir que la solicitante pretende apropiarse de la fisonomía de un signo distintivo destacando en una familia de marcas ajenas, de modo de beneficiarse con las confusiones y engaños a los cuales serán inducidos los consumidores".

Los dueños de Fiscalía Privada, que tienen hasta el 10 de octubre para presentar sus descargos, contrataron al estudio Carey para defender el registro de la marca. Luego y si no existe acuerdo entre las partes, se deberán presentar medios de prueba. Tras ello, ambas partes pueden recurrir al Tribunal de Propiedad Industrial y finalmente, a la Corte Suprema.

Sabas Chahuán justifica la presentación del recurso agregando que, "para nada estamos en contra de una empresa privada. Estamos en contra de que haya confusión". Junto con ello, expresa que "el hecho de que una persona pueda confundirse e ir a una empresa privada que tenga este nombre puede ser pernicioso, porque esa persona puede ver defraudadas sus expectativas, puede preguntarse por qué le están cobrando si esto es un servicio público".

Pero el gerente general de Fiscalía Privada evita entrar en polémica con Chahuán por el registro de la marca. "No buscamos competir con la fiscalía. No tenemos cómo competir, porque ellos tienen facultades de investigar que un privado no tiene. Sólo queremos colaborar", sentencia Suárez. Además, hace una distinción: "Nosotros buscamos representar los derechos de las víctimas y no los derechos de la sociedad. Nosotros investigamos con recursos privados y colaboramos a solicitud de las víctimas".

Por ahora, la Fiscalía Privada seguirá utilizando el nombre. Además, aseguran sus dueños, tienen en carpeta la contratación de al menos tres ex fiscales regionales que se unirán a su equipo y la expansión de sus servicios a regiones.