La presión internacional parece estar haciendo efecto. El gobierno iraní anunció ayer que fue suspendida la condena a muerte por lapidación de Sakineh Mohammadi Ashtiani, la mujer acusada de adulterio y de colaborar en el asesinato de su marido, para revisar el caso. Su sentencia ha levantado una amplia protesta mundial, que ya había logrado la postergación de la sentencia. En una señal de que se está respondiendo a las condenas extranjeras, el encargado de comunicar la información fue el vocero de la Cancillería iraní; no el vocero del Ministerio de Justicia o de los tribunales locales.

El portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Ramin Mehmanparast, dijo a la cadena iraní PressTV que la sentencia por adulterio contra Ashtiani está suspendida, mientras que sigue el proceso judicial en el que está acusada de haber colaborado en el asesinato de su propio marido.

En ningún momento, el funcionario iraní mencionó el término "lapidación".

Ashtiani, de 43 años, madre de dos hijos y bajo arresto desde 2005, fue condenada a morir lapidada en 2006 por haber mantenido relaciones con dos hombres tras la muerte de su marido. Más tarde, también fue acusada de ser cómplice en el asesinato de su esposo y desde entonces permanece ingresada en una cárcel de Tabriz, en el norte del país. El abogado defensor de esta mujer, de etnia azeri, Mohammad Mostafai, salió de Irán a principios de agosto tras ser perseguido por la policía iraní y, de esta forma, el caso de Sakineh cobró notoriedad en todo el mundo.

Fue a partir de ese momento que las presiones internacionales sobre el régimen iraní se hicieron muy fuertes, ya no tanto por el programa nuclear, sino por acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Incluso, países que mantienen buenas relaciones con el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad han hecho gestiones ante Teherán. Ese es el caso de Brasil, cuyo Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció asilo político a Ashtiani, algo que fue rechazado por las autoridades de Irán.

La decisión de Teherán se produjo un día después que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, calificara la condena contra Ashtiani de "barbárica, más allá de las palabras".

La televisión pública iraní difundió hace un mes supuestas confesiones filmadas de una mujer que afirmaba ser Sakineh Ashtiani y que aseguraba que había sido cómplice en el asesinato de su propio marido. Los hijos de Sakineh, sin embargo, insisten en la inocencia de su madre. Ahora la preocupación radica en que Ashtiani -quien inicialmente fue sentenciada a 99 latigazos, pena que se cumplió- sea condenada a muerte sin ser lapidada por su supuesto delito de implicación en el asesinato de su marido.

La semana pasada también los ministros de Asuntos Exteriores de Francia e Italia dijeron que querían reunirse con el canciller iraní para tratar el caso de Ashtiani. Pero Mehmanparast reaccionó ayer ante esta propuesta de las autoridades europeas y declaró que su país considera positivo mantener reuniones para tratar temas bilaterales.

La sentencia de muerte por la lapidación contra Ashtiani también provocó una campaña internacional por parte de los grupos pro derechos humanos para evitar este castigo incluido en la sharia, la ley islámica que rige en Irán desde la revolución de 1979.

Las autoridades judiciales iraníes no habían vuelto a ejecutar ninguna sentencia de muerte por lapidación desde 2007, cuando fue ejecutada una mujer llamada Mahbubeh, quien había confesado supuestamente haber cometido adulterio.