El ex ministro José Miguel Insulza aborda el debate surgido esta semana, luego de que Carmen Gloria Quintana -víctima del caso Quemados-, la directora del Instituto Nacional de DD.HH., Lorena Fries, y parlamentarios pidieran que se levante el secreto de 50 años que tienen los testimonios con los que se elaboró el informe Valech. Como titular del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos -época en la que se creó esta comisión- defiende la confidencialidad de esos datos y plantea compensaciones para militares y ex uniformados que entreguen información sobre ese y otros crímenes del régimen militar.

¿Sospechaban de la existencia de "pactos de silencio" al interior de las FF.AA. respecto a las violaciones a los DD.HH.?

Sospechas siempre han existido. No digo que sea un pacto escrito, pero es una actitud general. La prueba está, por ejemplo, en la cantidad de cosas que dijo la gente de la familia militar respecto del general Cheyre cuando aceptó la mesa de diálogo. Algunos no querían mesa de diálogo ni nada. Y todavía, probablemente, no lo quieren.

¿Esperaba más colaboración?

Ojalá hubiéramos podido tener algo como lo que sucedió en Sudáfrica, que a mucha gente no le gustaba, que era lo del perdón. El tipo podía decir exactamente lo que había hecho, y si su declaración tenía veracidad, quedaba registrada como declaración verdadera y él no era sancionado por eso. No sé si yo estaría tan dispuesto a eso, a una exoneración completa. No es simple. Pero sí hubiera querido que existieran mecanismos a través de los cuales toda esa gente, sobre todo la que estaba mirando, pudiera hablar. Al principio era muy difícil. Hubo gente que se negó a fusilar, y fue fusilada. Hubiera querido que a los cuatro o cinco años de democracia aparecieran más conscriptos Guzmán a decir 'mire, yo estaba ahí cuando ocurrió esto'.

¿Y ahora cómo se puede lograr que más uniformados o ex uniformados entreguen información sobre violaciones a los DD.HH.?

Las violaciones graves a los derechos humanos tienen una particularidad: generalmente son mandadas por superiores, pero participa harta gente. Entonces, es grande la posibilidad de llegar a la verdad sobre la base de esa gente que tuvo un papel subordinado. Habría que buscar no una delación compensada completa, pero sí una verdad recompensada. Eso sí.

¿Qué tipo de recompensa?

Reducción de penas, por ejemplo. Hay un señor que ha salido estos días, no el conscripto Guzmán, que está procesado porque estuvo ahí hasta el final y no ayudó a Rodrigo Rojas ni a Carmen Gloria Quintana. No prestarles auxilio en esas condiciones también es un delito. Pero, ciertamente, va a tener una pena menor a la que van a tener los ejecutores materiales.

¿Ustedes recibieron presiones de las FF.AA. en contra del trabajo de la Comisión Valech?

No, no fue como con la Comisión Rettig, que las FF.AA. tuvieron una actitud negativa respecto de ella… Pero diría que sí había una cierta preocupación sobre el uso que se le iba a dar a los resultados y la idea de si esto se iba a parecer a la Comisión Rettig, en el sentido de si se iban a poner de manifiesto los antecedentes, pero que no se iban a identificar responsabilidades directas, etc. Todas esas cosas fueron muy preguntadas.

¿Eso influyó en que se establecieran como secretas por 50 años las declaraciones incluidas en el informe Valech?

No, porque la persona que fue torturada por alguien, en el momento en que se hizo el informe , tenía perfecto derecho a denunciarlo. Nadie dijo 'mira, tú vienes a declarar, pero no puedes denunciar'. No.

¿Es partidario de que se adelante la liberación de ese secreto?

No, no soy partidario de adelantar ninguna revelación de una persona que lo hizo bajo condición de secreto, a menos que ella esté formalmente de acuerdo.

Pero Erika Hennings, ex militante del MIR que declaró ante la Comisión Valech, dijo que no les preguntaron si querían que sus testimonios se mantuvieran bajo reserva. Además, la ley que estableció el secreto es posterior…

Yo no estuve en las conversaciones que tuvieron con ellos. Entonces, no podría decir si se les dijo antes. Pero quedó muy claro que la Comisión Valech no era una instancia judicial, que sus declaraciones, por lo tanto, no eran judiciales, y que la privacidad de las declaraciones la tenían las personas.

¿Está consciente de que, para muchos, ese secreto contribuye a la impunidad? Abogados explican que si se juntan varias declaraciones que pudieran coincidir en cierta información, se podría identificar a nuevos victimarios.

La comisión no tenía por objeto constituir prueba en un juicio. Entonces, si alguien quiere hacer juicios, pues que los haga, pero no veo por qué razón debería violar un derecho a la privacidad que las personas tienen. No voy a entrar a la ecuación de si les informaron o no les informaron. Ellos tienen derecho a la privacidad. Si no quieren que se sepa, no se va a saber.

Escenario actual del oficialismo

¿Qué espera del cónclave de la Nueva Mayoría con el gobierno?

Una forma de mirarlo es que el gobierno exponga con claridad cuáles son las prioridades que quiere fijar, sobre la base de la situación económica, la forma en las que las va a llevar adelante y cómo quiere resolver los problemas que se han ventilado en los últimos días. Este cónclave no va a resolver ningún problema, pero debería ser el comienzo de una política mucho más ordenada.

¿Cree que este gobierno generó expectativas desmedidas?

Hubo una cierta brecha entre lo que se quería hacer -que yo todo lo quiero- y lo que se podía hacer, en términos del crecimiento económico. Las cifras se veían venir. Hubo una reunión del Fondo Monetario Internacional en marzo del año pasado en la que se dijo esto. Y ahí estaba el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. Creo que se trazó un buen programa en términos de la igualdad. Falta ajustarlo a la realidad económica actual. Esa, probablemente, sea la falla que hubo con el entusiasmo inicial.

¿Hubo sectores del oficialismo que iniciaron este gobierno menospreciando lo que se hizo antes, durante la época de la Concertación?

Creo que siempre hay una cierta necesidad de cambio generacional a medida que la gente se va instalando. Cuando se formó el primer gobierno democrático, había muchos 'antiguos', habíamos algunos 'medianos' y habían muchos 'jóvenes'. Eso es natural, pero no tiene que ser artificial. Esta idea de desplazar a los partidos y reemplazarlos por un grupo de personas que se autodenominan como representativos de una generación, me parece que no fue bueno. Y creó separaciones falsas. Habría sido mejor un gobierno constituido desde los partidos, por cierto con muchos independientes, con pleno respeto al carácter suprapartidario de la Presidencia de la República, pero, al mismo tiempo, más basado y fundado en los partidos. Ese fue un error que todo el mundo ha reconocido.

¿Está aludiendo a la G-90, los cercanos a Rodrigo Peñailillo?

Estoy aludiendo a lo que se dice de la G-90, porque es lo que se ha dicho mucho. Yo nunca tuve un problema con ellos. No tengo ninguna queja que formular respecto de Peñailillo y su gente. Pero hubo un diseño visible: los jefes de partidos no fueron invitados a recibir a la candidata a Presidenta ni fueron invitados a su proclamación, que fue el mismo día. La intención de secundarizar a los partidos quedó muy clara. Esa es la única gran crítica que yo hago: los partidos también agregan experiencia. Hay todo un debate respecto de la vieja y la nueva guardia. Creo que es un debate falso, pero en una cosa puede ser interesante: la vieja guardia son los que sufrieron en carne propia las tragedias de los 70 y la dictadura. La nueva guardia, gracias a Dios, son aquellos que no la vivieron. Qué bueno que participen ellos, pero qué bueno que también participe la vieja guardia, que tiene toda la experiencia de aquellas cosas que pasaron, para que no vuelvan a pasar. Nosotros sabemos cuánto cuestan algunas transgresiones que se cometieron en nombre de grandes principios y de estupendas ideologías.