"Al fin se hizo justicia". La frase fue pronunciada ayer por la cineasta Elena Varela, tras ser absuelta por el tribunal oral de Villarrica de su participación en los asaltos al BancoEstado de Loncoche y a una sede del INP de Machalí, en 2004 y 2005, respectivamente, donde fallecieron cuatro personas. Entre ellas, dos delincuentes.

Ayer, los magistrados Oscar Viñuela, Alejandra Rosas, y Claudia Sánchez resolvieron que "la prueba rendida en juicio ha sido insuficiente". La acusada había sido involucrada en una célula mirista, junto a otros dos acusados: Sergio Reyes Matus y Kenny Sánchez. Este último fue condenado por porte ilegal de armas.

Para Varela, la fiscalía pedía 15 años de cárcel. La acusación apuntaba a que el grupo conformó una asociación ilícita dedicada a cometer robos para ayudar a los presos chilenos en Brasil por el secuestro del empresario Washington Olivetto.

Tras el fallo, Elena Varela, señaló su conformidad: "Se ha hecho justicia, es como siempre dije, la verdad ha triunfado y, finalmente, se ha sabido todo lo oscuro que hubo detrás de todo este proceso".

La documentalista agregó que "estamos libres y vamos a seguir hablando de la verdad, porque lo importante era que en Chile las cosas se vayan sabiendo internacionalmente y (a nivel) nacional". El abogado de la cineasta, ex juez Juan Guzmán, mostró conformidad con las absoluciones y adelantó que ahora habrá que definir los pasos a seguir.

En tanto, Nelson Miranda, abogado de Sergio Reyes, quien también fue absuelto ayer, aseguró que "se van a seguir todas las acciones legales pertinentes para lograr que se reparen los daños causados" a su defendido.

El fiscal del caso, Servando Pérez, aseguró que la resolución "nos sorprende. Creemos que no va de acuerdo a la prueba que se rindió en el juicio, pero esperaremos con especial atención la sentencia para evaluar la posibilidad de un recurso".

El fiscal nacional Sabas Chahuán dijo que "la posición del Ministerio Público era que le cabía responsabilidad a la señora Varela" y agregó que existe la posibilidad de que se presente un recurso de nulidad.

Si bien las autoridades de gobierno de la VI y IX Región presentaron querellas por este caso, no participaron en el juicio oral.

Uno de los problemas que tuvo la fiscalía en el juicio fue la no presentación a la audiencia de una testigo protegida, quien durante la investigación aseguró que supuestamente conocía cómo funcionaba el grupo, además de identificar a presuntos líderes fuera del país. Pero, al no acudir a declarar, su versión no fue considerada por los magistrados.