"Emboscaron nuestro auto y tomaron como rehén al conductor. Están atacando los coches con barras metálicas. ¿Esto es Francia? ¡Estaba más segura en Bagdad!", tuiteaba desesperada la cantante Courtney Love a fines de junio. El incidente ocurrió mientras viajaba en un automóvil de Uber, en medio de violentas protestas que se desataron en París contra esta compañía que en sólo seis años se ha ganado el aprecio de los usuarios y el odio de taxistas y otros profesionales del transporte.

Fundada en 2009, la empresa permite que cualquier persona pulse en la pantalla de su smartphone y abra la app de Uber para contratar a conductores privados que usan sus propios autos para realizar viajes. El éxito llegó rápidamente y hoy Uber opera en 58 ciudades y 300 países, como Chile, por lo que la empresa ya está avaluada en casi 40 mil millones de dólares. Además, gracias a la comisión del 20 por ciento que cobra a cada conductor se espera que durante 2015 alcance ganancias de unos 10 mil millones de dólares. El problema es que los autos y choferes que operan a través de la empresa se han visto involucrados en una serie de conflictos, polémicas e incluso crímenes que están poniendo en duda la seriedad y seguridad del servicio.

Para empezar, los gremios del transporte de todo el mundo se han alzado en pie de guerra. La crisis se intensificó en enero de 2014, cuando los taxistas de París atacaron un auto de Uber cerca del aeropuerto Charles de Gaulle. En junio pasado los mismos conductores bloquearon la capital parisina durante una manifestación contra la compañía, ocasión en la que Courtney Love y su conductor fueron retenidos. A fines de julio, mil taxistas de Río de Janeiro bloquearon el tráfico en la hora punta para protestar contra la expansión de Uber. En esa misma fecha, taxistas mexicanos lanzaron huevos y harina hacia el interior de varios autos suscritos al servicio, mientras portaban carteles que calificaban a sus conductores como "criminales".

Estas acciones tienen un motivo claro: los profesionales consideran que Uber es competencia desleal y exigen que los gobiernos regulen su funcionamiento. Se trata de un reclamo comprensible si se considera que las licencias de taxi suelen ser muy costosas. En Francia, por ejemplo, un permiso único puede costar casi 185 millones de pesos, mientras que en Nueva York el precio alcanza el millón de dólares. Además, el impacto de Uber se ha dejado sentir en el bolsillo de los taxistas: según el gremio FTI de Francia, las ganancias de sus miembros han caído un 40 por ciento durante los últimos años debido a la presencia de Uber.

Como resultado, varios países han adoptado medidas duras. Tras las protestas de junio, Bernard Cazeneuve, ministro del interior de Francia, aseguró que Uber era "ilegal" y ordenó el cese de sus operaciones. "Nos enfrentamos a la provocación permanente de Uber, ante la cual sólo puede haber una respuesta: total firmeza en la incautación sistemática de los vehículos ofensores", dijo Serge Metz, director de la compañía de taxis G7 a la televisión francesa.

De manera similar, en Estados Unidos varias ciudades han ordenado la suspensión del servicio e, incluso, en Florida un conductor de Uber fue arrestado por operar sin licencia. Más lejos, en Sudáfrica, las autoridades confiscaron 34 autos de Uber por operar de forma ilegal, mientras que en India la crisis ha sido aún peor: en abril la empresa se vio obligada a añadir un botón de SOS a su aplicación luego de que una pasajera de 25 años acusara de violación a uno de sus choferes.

Precisamente, estos casos han puesto en tela de juicio el rigor con que Uber supervisa a sus conductores. Según los requisitos de la empresa, los choferes deben ser mayores de 21 años, conducir un auto que no tenga más de 10 años y tener antecedentes limpios. Sin embargo, el chequeo parece no  exhaustivo: este martes cuatro sujetos que conducían autos de Uber en Los Ángeles, Estados Unidos, recibieron multas y al revisar su historial la policía descubrió que tenían antecedentes por explotación infantil, robo de identidad, homicidio y conducir bajo la influencia del alcohol, lo que habría hecho imposible obtener una licencia de taxista en esa ciudad.

A eso se suma el incidente ocurrido en julio, cuando un chofer de Uber en Londres amenazó a una pasajera con cortarle la garganta luego de que esta cancelara un viaje previamente acordado. Estos casos, aunque aislados, levantan dudas sobre la mantención de su modelo, uno que muchas compañías tecnológicas están adoptando.

Mantenerse a flote

El sistema que Uber llevó a la fama, y que acerca a prestadores informales de servicio y a clientes, ha sido rápidamente replicado por compañías como Airbnb, que aplica la misma dinámica pero al arriendo de departamentos y piezas para turistas y viajeros, convirtiéndose en una alternativa más barata a los hoteles. Por ese motivo, ha enfrentado problemas similares: en Barcelona la empresa recibió el año pasado una multa de 30 mil euros por violar las leyes hoteleras, y en Nueva York el fiscal general declaró el servicio como ilegal por infringir normas que impiden, por ejemplo, arrendar un departamento por menos de 30 días.

En el caso de Uber, sus problemas están complicando a sus propios ejecutivos. Tras las prohibiciones en Francia,  Thibaud Simphal, director de la división gala de la compañía, y Pierre-Dimitri Gore-Coty, encargado de la división asignada al este de Europa, fueron arrestados por la policía y serán enjuiciados en septiembre. Según Francois Molins, fiscal de París, los cargos en su contra incluyen incurrir en prácticas comerciales engañosas y ser cómplices en la operación ilegal de un servicio de taxis.

Pero pese a la oposición de gobiernos y gremios, la compañía está presionando para seguir en el mercado. En Chile el transporte público de pasajeros está regulado a través de una normativa que establece los estándares mínimos para operadores, vehículos y conductores. "La empresa señalada no cuenta con vehículos en el Registro Nacional de Transporte Público de Pasajeros y se los considera servicios informales que no están autorizados para prestar el servicio de transporte de pasajeros", indica Cristián Bowen, subsecretario de Transportes de Chile. En este sentido, el Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones realiza controles, y en caso de detectar servicios informales, estos son retirados de circulación.

Según el subsecretario, estos servicios son un riesgo para las personas, ya que los conductores no cuentan con las licencias para el transporte de pasajeros. "En junio del año pasado, a través del Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se informó a estas empresas de que estaban en una condición de informalidad", afirma.

Ante este tipo de problemas, la empresa intenta luchar contra las regulaciones. En julio, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, intentó levantar una propuesta para regular el parque de 20.600 vehículos Uber que operan en la ciudad, alegando que empeoraban el ya congestionado tráfico. La compañía reaccionó con avisos pagados en televisión y afirmó que el alcalde apoyaba a los gremios de taxis porque estos habrían aportado importantes sumas de dinero a su campaña. Además, Uber planteó que si la propuesta llegaba a puerto, las personas deberían esperar 25 minutos como mínimo para que un automóvil llegara a su puerta. A esto se le sumaron movilizaciones por las redes sociales, apoyadas incluso por celebridades, lo que terminó en que Blasio diera pie atrás.

Frente a este incidente, muchos se preguntaron, "¿si Nueva York no puede ganarle a Uber, quién podrá?". Después de todo, la compañía invierte mucho dinero en lobbistas e incluso contrató como vicepresidente de políticas y estrategia a David Plouffe, jefe de la histórica campaña de Barack Obama que lo llevó a la presidencia el 2008.

La respuesta podría estar en una normativa que remecería el modelo de negocios de Uber. El mes pasado, un fallo de la oficina del Comisionado del Trabajo en California definió que un conductor de Uber de San Francisco debería ser calificado como "empleado", no como contratista independiente. Esto implicaría que la empresa debe contratarlo de forma oficial, darle todas las prestaciones que la ley exige y abriría la puerta para, por ejemplo, permitir la sindicalización de los choferes. Diversos economistas han calculado que este cambio aumentaría los costos operativos de la compañía en más del 30 por ciento, lo que sin duda afectará sus ganancias. 

En otros lugares como Ciudad de México se han tomado medidas distintas. Hace pocas semanas, las autoridades anunciaron  una regulación para intentar asegurar que se respeten las normativas de seguridad locales y que exista un aporte a las arcas del Gobierno. Luis de Uriarte, director de Comunicación para México y Centroamérica, dice que esto sienta un precedente para otras urbes de Latinoamérica. "Me parece que el tema aquí es que las tecnologías avanzan hasta cierto punto y es natural que las legislaciones tengan que actualizarse. Lo importante es que abracen la tecnología como una forma de darle una mejor calidad de vida a la ciudadanía", concluye el representante de Uber.