Cuando el abogado Alvaro Baeza decidió inaugurar la medialuna que poseía en Santo Domingo, hace casi una década, decidió hacerlo "a lo grande". Invitó a cerca de 200 personas y él, que llegó último, hizo una entrada espectacular: aterrizó en un helicóptero, que él pilotaba, en la mitad de la medialuna. Junto a él viajaba la modelo Marlen Olivarí, encargada de animar el evento.

Esta actividad, dicen abogados de la plaza, revela parte de la personalidad del profesional, quien hasta hace pocos años era un asesor de confianza de la familia Larraín Matte.

Esta cercanía lo llevó a trabajar, en julio de 2010, como asesor de la entonces ministra de Vivienda Magdalena Matte, por un sueldo de $ 2,5 millones mensuales. Justamente, cuando estaba en este cargo estalló el llamado caso Kodama. En una indagación que inició la Fiscalía Centro Norte, se investigaron supuestas irregularidades en la licitación que se otorgó a la empresa Kodama, en 2011, para la construcción de corredores de buses del Transantiago en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. La fiscalía indagó lo referente a un acuerdo extrajudicial por $ 17 mil millones que se pagaría a la empresa por gastos adicionales en la construcción del corredor. El Gobierno de Sebastián Piñera finalmente congeló esos pagos.

El Ministerio Público nunca imputó formalmente cargos en contra de Baeza. Uno de las razones de esa decisión fue que cuando se concretó la licitación, él se encontraba en Estados Unidos. Este caso, que derivó la salida de Magdalena Matte del cargo, terminó con los acusados absueltos.

Sin embargo, esta no sería la última vez que la Fiscalía Centro Norte y Alvaro Baeza se verían las caras. En un procedimiento simplificado, el ente persecutor llevó el lunes a juicio al abogado por el delito de prevaricación, es decir, privilegiar sus intereses personales por sobre sus clientes

En los alegatos de la fiscal Ximena Chong, se apuntó a que el abogado indujo a sus clientes, la Asociación Gremial de Canteros de Colina, a firmar 12 contratos que los perjudicaban en vez de velar por sus intereses. Según la fiscalía, Baeza recibió de las contrapartes UF 45 mil ($ 1.115.955.000) como incentivo para negociar en perjuicio de sus representados. Antes de firmar los acuerdos, los canteros eran dueños de 300 hectáreas en Colina, cuyo material de extracción principal es el basalto. Tras la firma, los Canteros perdieron el dominio del 60% de las pertenencias mineras.

En uno de los pocos fallos de estas características que han ocurrido en el país, el Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago lo declaró culpable por estos hechos, arriesgando tres años de suspensión de su profesión. La sentencia con la condena se dará a conocer en los próximos días. "Lo relevante del caso, es que se logró establecer que el imputado, abusando de su oficio de abogado, perjudicó los intereses de los canteros, privilegiando los suyos", dijo la fiscal Ximena Chong.

La Tercera no pudo obtener una versión de Baeza.