A mediados de diciembre pasado, Alejandro Bohn, uno de los dos dueños de la mina San José, tomó un vuelo a Buenos Aires. En ese viaje, el empresario, que el 5 de agosto del 2010 se hizo mundialmente conocido porque en su yacimiento quedaron atrapados 33 mineros a 720 metros de profundidad, pretendía dar uno de los pasos finales en la trama que arrastra desde el día del accidente.

Los últimos tres años, Bohn ha estado a cargo de gerenciar su empresa -es su único empleado-, gestionar su venta y esperar la decisión del Ministerio Público sobre las responsabilidades penales de la tragedia.

La última de esas interrogantes -la más compleja- ya se cerró. El 22 de julio, en una audiencia pública, la Fiscalía Regional de Atacama comunicó la decisión de no seguir con la investigación, pues no había antecedentes para determinar culpables. "No había convicción para formular una acusación", fue la explicación de Héctor Mella, fiscal regional.

Dicha causa se inició a cinco días del accidente que involucró a los 33 mineros en 2010 y estaba destinada a aclarar la ocurrencia de cualquier tipo de descuido o negligencia en la cadena de resguardo y seguridad de las faenas en la minera San Esteban, debido a qué además, en medio de la investigación, surgieron diversas denuncias sobre incidentes laborales anteriores.

La reciente decisión de la Fiscalía de cerrar el casos sin responsables, generó diversas reacciones y críticas de parte de mineros, diputados y del ex ministro a cargo del rescate y hoy candidato a senador, Laurence Golborne.

Para los dueños, fue una buena noticia que comentaron en privado. Ahora podían concentrarse en el último capítulo que -dicen- les queda a ellos en esta historia.

En Argentina, Bohn, ingeniero comercial de profesión, contactó a la empresa D&Minería, especializada en asesorías del rubro y liderada por el ex subsecretario de Minería de ese país Daniel Meilán. También se reunió con expertos en inversiones de la firma B.A. M&A. Allí dio su versión del derrumbe y respondió algunas dudas de los presentes, quienes conocían por la prensa la existencia del mayor accidente minero ocurrido en Chile. Sin embargo, señalan fuentes cercanas a la empresa, el accidente no es un tema que vaya a incidir mayormente en el proceso internacional de venta del yacimiento.

Es una fase necesaria para pagar las deudas que dejó el cierre de la minera, las que hoy alcanzan los US$ 29 millones.

En la actualidad, los destinos de la firma dependen de una comisión de acreedores que se creó tras el cierre de la mina, luego que la empresa interpusiera una acción ante el 17º Juzgado Civil de Santiago, destinada a evitar la quiebra y buscar un mecanismo que permitiera vender los activos, pagar y luego cerrar. Ese proceso ha sido liderado por Bohn y supervisado por la síndico interventora María Loreto Ried.

Juntos, han trabajado desde fines de 2010 para ir cerrando etapas, como el finiquito de los trabajadores, venta de algunos bienes, pagos pendientes y la enajenación final. Según los cálculos, el precio podría situarse entre los US$ 15 millones y los US$ 30 millones.

De esa operación depende todo, incluso cuánto recibirá cada acreedor, entre ellos Bohn y su socio Marcelo Kemeny -los dueños de la San José-, a través de la empresa El Remanso, que le prestó $ 2.000 millones a la mina y hoy exige el pago de ese crédito.

La existencia de esa deuda es hoy uno de los temas más complejos que aún debe resolver la justicia.

Luego de que se conociera la decisión del fiscal, las críticas contra los dueños de la mina recrudecieron. "A mí me hubiese gustado que se les hubiese quitado la licencia y se le prohibiera a esta gente que nunca más en la vida quedase a cargo de personal", señaló Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros.

Por su parte, Golborne manifestó su "indignación" por la decisión de la fiscalía. "Me parece extraño, toda vez que hay antecedentes que decían lo contrario, donde se pidieron medidas que no se cumplieron, como decía la normativa que se mandó", dijo.

Contactados por La Tercera, Bohn sólo accedió a responder por escrito su parecer frente al fin de la causa penal y al proceso de venta de su empresa: "(La resolución del fiscal) es favorable a nuestra causa y es el resultado de tres largos años de análisis. Nos deja tranquilos. No es una materia para celebrar o estar contentos. El lamentable accidente que vivimos en agosto del 2010 ha sido un episodio sumamente difícil, que ha afectado duramente mi vida y la de mi familia".

"Estimo que las críticas son esperables, pero no me puedo hacer cargo directamente de cada una, es materia de mis abogados", precisó, a la vez que aseguró haber recibido gestos de apoyo en esta semana.

"Estoy dedicado a vender los activos para pagarles a los acreedores, eso no es lo que un empresario siempre sueña hacer. Nos han embargado todo y, por ello, ir resolviendo cada asunto ha costado mucho tiempo". Relató que va a su oficina todos los días, "como un trabajador normal", pero aclaró que es una más chica que la que tenía, pues la antigua fue vendida.

Sobre su relación con Kemeny, explicó que no tienen planificado ningún negocio en común tras la liquidación de la sociedad.

Los detalles de la venta y el pago de deudas fueron entregados por su abogada Catherine Lathrop y la síndico Loreto Ried, quienes explicaron el proceso.

Consultada de si existe alguna reserva o provisión de fondos para cancelar alguna indemnización a los mineros, Lathrop señaló que "no, ellos no nos han demandado". "El fiscal regional estableció que no existen antecedentes para formalizar o acusar a los propietarios de la minera San Esteban. Fue un accidente, ellos no son culpables, las medidas de seguridad se habían cumplido, la mina tenía refugio, los planos sí existían, la reapertura fue legal, no hubo sobornos, todo lo que se dijo no fue así. Después de tres años de investigación, estos son los resultados", añadió.

El 31 de agosto de 2010, cuando los mineros aún no eran rescatados pero se sabía que estaban vivos, Bohn ya tenía claro que su proyecto minero se había acabado. Ese día presentó ante el 17º Juzgado Civil de Santiago una solicitud para que se realizara una junta de acreedores y se designara a un experto facilitador que le indicara cuál era el mejor camino para cerrar la compañía.

Tras ese análisis, se optó por un convenio judicial preventivo, modalidad que permite evitar la quiebra y mantener la empresa en funcionamiento bajo el control de una comisión de acreedores, hasta que se paguen las deudas. El acuerdo es que, dependiendo del dinero que se recaude, la empresa pagará entre un 20% y un 70% de sus obligaciones.

Por eso, desde febrero del 2011 y una vez al mes, Bohn ha llegado a las oficinas de Ried, ubicadas en Providencia, donde se reúne con los representantes de sus mayores acreedores: el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y las empresas Calderaridge Financial y E-Mining Operation S.A. Son ellos quienes van autorizando la enajenación de los bienes y el pago de los compromisos. El más cuantioso son los US$ 5 millones que los empresarios acordaron pagarle al Fisco por todo lo que se invirtió en el rescate de los 33 mineros.

Según consta en los diversos documentos y actas de la comisión de acreedores disponibles en el juzgado civil, ya se han rematado maquinarias y vehículos, y se han vendido oficinas, terrenos y derechos de aguas, lo que ha permitido pagar el total de las remuneraciones y finiquitos a los empleados, destaca Ried (incluidos 24 de los mineros que eran empleados de San Esteban; el resto eran contratistas). Así, los acreedores se han reducido de 330 a 300 aproximadamente.

Pero el proceso no ha estado ausente de controversias. Una de ellas fue la renovación por un año del contrato de Bohn como gerente general (y único funcionario) de la empresa, que se aprobó en la sesión del 25 de enero pasado. Según el acta de la comisión, la decisión de designarlo fue unánime, pero el CDE se opuso a fijar una remuneración mensual de $ 7 millones, considerando que la empresa no estaba en operaciones y se encontraba en una situación compleja. Sobre el punto, Ried explica que fue la comisión la que resolvió que Bohn siguiera de gerente y se hiciera cargo de la venta, pese a las aprensiones del CDE, cuyo voto fue de minoría. "El tiene la experiencia y conocimientos necesarios para esta labor. Además, no ha cobrado esa remuneración en 24 meses y sólo lo hará al término del proceso", precisa.

Cercanos al empresario aseguran que desde que se produjo el derrumbe, ni él ni Kemeny han recibido utilidades por la compañía minera y sólo se han mantenido con ahorros, en el caso de Bohn, producto de su carrera como directivo de la multinacional Unilever.

Otro de los puntos que han tenido mayor discusión al interior de la comisión se produjo en la sesión del 1 de octubre de 2012. En esa oportunidad, los acreedores acordaron dar un incentivo del 5% del precio total a quien encontrara interesados o lograra concretar la venta del yacimiento, debido al "carácter muy especialista" de la materia y a "la mala prensa" que se les hizo a los activos. Como el proceso quedó a cargo del mismo Bohn, se resolvió darle la opción de obtener una comisión, pero del 4%.

En la sesión, el abogado Jorge Escobar, quien ha representado al CDE en el proceso, se abstuvo de votar y pidió tiempo para fijar una postura con el consejo. Ocho días más tarde, el pleno del CDE resolvió oponerse a que Bohn o cualquier integrante de la comisión se haga cargo del "corretaje y gestión de venta", apuntando a un posible "conflicto de interés".

Tiempo después, el pago del incentivo se desechó al decidir el contrato de las firmas argentinas, las que quedarían a cargo de ofrecer la mina en el exterior, aclara Ried. También precisa que el proceso de venta incluye todo el distrito minero denominado Ramadillas, que corresponde a casi la totalidad de las pertenencias mineras de Bohn y Kemeny en la zona, incluyendo la mina San José. "Qué y cuánto se venderá, dependerá del interés del comprador", señala.

Entre todos los compromisos financieros que San Esteban tenía hasta el día del derrumbe, figura un préstamo por $ 2.049 millones que le hizo la sociedad "Inmobiliaria e Inversiones El Remanso Ltda.". La deuda, de acuerdo a la información entregada por la minera, es la tercera más cuantiosa, luego de las del Fisco (US$ 5 millones) y Calderaridge Financial ($ 2.100 millones).

Sin embargo, y pese a que la comisión de acreedores y la propia síndico no han objetado la validez de ese compromiso, el 7 de marzo, el CDE impugnó esta operación ante la justicia, poniendo en duda la existencia del crédito por falta de documentos que permitan comprobar que se trató de un préstamo y no de sólo un traspaso de fondos.

Además, el CDE hizo un cuestionamiento de fondo: El Remanso es propiedad de los mismos Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, quienes por medio de esa sociedad controlan un 97,9% de la deudora: minera San Esteban. Para el CDE, es un caso de "abuso de la personalidad jurídica" y que, debido a la similitud de sus dueños, "la existencia de un crédito de una a favor de la otra deviene en imposible".

Sobre el punto, Lathrop asegura que el préstamo existe y sostiene que se presentaron cartolas bancarias (de entre 2004 y 2010), más los libros de contabilidad de la minera, para demostrarlo. "El principal financista de la minera era El Remanso. Son traspasos comunes en el mundo privado, no tiene nada de raro y es legítimo que eso se cobre", agrega la abogada. También presentaron un informe, elaborado por la síndico interventora, aprobando la existencia del crédito.

El punto aún no ha sido resuelto por el tribunal, y de él depende la única posibilidad de que los dueños de la compañía minera puedan quedarse con parte del dinero de su empresa, ya que es poco probable que después de pagar las deudas quede algún remanente.

Ried, quien en su calidad de síndico interventora debe velar por la legalidad y el cumplimiento de los compromisos, resalta la etapa actual de la causa, en que se está cerca de iniciar el proceso de venta, para cerrar todo de aquí a marzo de 2014. "Acá no hay nada oculto. Se trata de un proceso abierto, donde el CDE es parte".

Para la firma, su cobro es legítimo.

Para el CDE, no: los propietarios no son parte de la deuda.