El jueves 16 de abril, a Christian Vittori, alcalde de Maipú, se le vino medio mundo encima. Su casa y sus oficinas municipales eran allanadas por la fiscalía en indagaciones que buscan determinar si el edil, en parte de su período como concejal de la misma comuna (2009-2011), había recibido sobornos de la empresa ligada a la recolección de basura y al mantenimiento de vertederos KDM.

Un día después, Vittori ofrecía una conferencia de prensa en la que pedía que los hechos se esclarezcan y en la que declaraba que las polémicas licitaciones de basura en su comuna habían sido conducidas acorde a la legalidad.

El lunes 20, los abogados del dirigente DC, pertenecientes al estudio de Hugo Rivera, levantaron un requerimiento a la fiscalía para que a su defendido se le entregara la carpeta investigativa del caso. En ese expediente estaba todo lo que se había encontrado sobre él. La fiscalía se demoró varios días en entregar esa carpeta. Cuando el alcalde finalmente la tuvo en sus manos, se le terminó cayendo la otra mitad del mundo encima.

Fue en ese momento que el edil entendió que, en la práctica, todo lo que había hecho en los últimos cinco años estaba registrado en un cuantioso material recopilado a través de medidas intrusivas. Vittori había sido seguido, le habían tomado fotos, fue objeto de escuchas telefónicas, además del levantamiento del secreto bancario de él y su familia. También estaba la revisión de su registro de vuelos, dentro y fuera del país, y su historial académico y laboral.

Según cercanos al alcalde, los mismos métodos ocupados por la fiscalía dan forma a su estrategia legal. Más que a negar el fondo de la investigación en su contra, Vittori apelaría a que las pruebas del Ministerio Público fueron recopiladas de manera ilegal.

Esta semana se dio a conocer una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra los alcaldes de Maipú, el DC Christian Vittori, y de Cerro Navia, el RN Luis Plaza, imputándoles delitos de lavado de activos, cohecho y corrupción pública por la investigación que lleva la Fiscalía Occidente por un proceso de licitación de la basura.

En el caso de Vittori, la historia se remonta a los tiempos en que era concejal de la comuna durante la administración del actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. La investigación de la fiscalía apunta a que Marcelo Torres, concejal RN por Maipú, habría usado dineros entregados por KDM para influir en un grupo de concejales para votar en el concejo la renovación de la concesión para esa empresa.

Durante 2010, estos concejales, entre los que se encontraba Vittori, votó en bloque sistemáticamente cualquier propuesta que no incluyera a KDM. Después de no aprobar la primera subasta pública, a fines de diciembre y encima del tiempo, cinco concejales, además de Torres y Vittori, los PPD Carlos Jara y Carol Bortnick y el RN Carlos Richter -todos incluidos en la querella del CDE- rechazaron la propuesta más barata. El alcalde Undurraga propuso que el contrato se dividiera para dos empresas, lo que también subió el precio de propuesta finalmente aceptada. Esto significó al municipio un gasto extra de $ 987 millones, pero el concejo finalmente aprobó la licitación por nueve contra dos.

Uno de los que se opusieron fue el concejal UDI Antonio Neme. A la salida del concejo acusó que en Maipú había corrupción en el tema de la basura. Neme hoy está en calidad de imputado por haber mantenido una relación contractual con la empresa Proactiva Medio Ambiente, competidora directa de KDM. Proactiva habría pagado al concejal gremialista montos mensuales a través de facturas de terceras personas.

El pasado martes 5, Undurraga fue citado a declarar por este caso en calidad de testigo.

Jaime Urrutia trabajaba en Kembourne, una empresa de ingeniería ambiental que tenía participación en KDM, además de asesorarla en temas ambientales.

En su declaración de julio de 2012, Urrutia dice que empezó a tener roces con Fernando León, el gerente general de la empresa, cuando le tocó fiscalizar su gerencia. Además, recuerda que éste se jactaba de sus vínculos políticos, confesándole que le había entregado 1.200.000 dólares a Torres para que lograra que los concejales de Maipú aprobaran la renovación de la concesión de disposición y transporte de basura en la comuna. De esta suma, 200 mil dólares correspondían al transporte, y el resto, a la disposición, es decir, la operación de los vertederos.

Urrutia dice que Vittori jugaba un rol vital en el entramado: el actual alcalde conocía las licitaciones, porque en esa época trabajaba en el departamento de finanzas de la municipalidad, mientras era concejal. León también le comentó a Urrutia que tenía el apoyo de los concejales Vittori, Carlos Jara y Carlos Richter, a quienes Torres entregaba sobres con dinero. Carol Bortnick, según León, todavía estaba indecisa.

La defensa de los inculpados alega que las declaraciones de Urrutia son falsas, que salió de mala forma de la empresa que tenía propiedad sobre KDM para irse a trabajar a Proactiva, justamente la competencia. Pero Claudia Mix Jiménez, ex funcionaria de la Municipalidad de Maipú, declaró haber asistido a sesiones del concejo en las que los concejales investigados -dice- actuaron en bloque. Incluso, vio mensajes entre ellos, en los que se preguntaba el precio que se pagaba por apoyar a KDM.

Según Paula Díaz, la esposa de Torres, desde que éste se involucró con KDM en 2002, los ingresos de su marido aumentaron significativamente. En un par de años logró reunir lo suficiente para comprar un terreno en Colina de 40 millones de pesos y construir una casa ahí por otros 100 millones. En ese mismo período, Torres compró una caja fuerte, la que Díaz abrió en su momento, encontrando una cantidad injustificable de dinero que no tenía relación con el trabajo de su marido.

Entre 2006 y 2010, en tanto, la fiscalía documentó visitas de José Miguel Gutiérrez, gerente de KDM, a la casa de Torres, donde se reunían con otros concejales, incluido Vittori. Ahí también recibían sobres con dinero de la empresa Hot Express, incautados por la PDI. Además, la mujer recordó que, a mediados de 2009, acompañó a Torres a la parcela de Vittori y su señora. Ahí estaban los concejales antes mencionados. "Me llamó la atención que eran concejales de diferentes partidos", declaró.

Para la defensa de Torres, el testimonio de Díaz se da en el contexto de una relación tormentosa entre ambos, en medio de una demanda por divorcio culposo y de acusaciones de maltrato físico por parte de la mujer.

Dirigentes de la DC recuerdan que el nombre de Christian Vittori comenzó a aparecer en el radar cuando asumió como el director de Desarrollo Comunitario de Maipú (Dideco) durante la administración de Herman Silva, alcalde de la comuna desde 1993 hasta el 2000.

Titulado en 1989 como profesor de la Universidad de Los Lagos, el hoy cuestionado edil de a poco fue armándose de redes en la Concertación, que varios años más tarde -y tras pasar por varios trabajos en Maipú y la Gobernación de Melipilla- lo ayudarían a ser concejal. En 2008, en paralelo a su labor en el concejo municipal, Vittori comenzó a cumplir funciones como el jefe de gabinete del entonces secretario nacional de la DC, Moisés Valenzuela. No pasó desapercibido en ese rol: se hizo de amigos, pero también de varios enemigos en la interna partidaria.

Cuatro años más tarde, decidió competir en la primaria de su colectividad en Maipú frente a David Morales, el candidato promovido por el entonces edil Alberto Undurraga. Respaldado por el sector de Jorge Pizarro y Aldo Cornejo -en ese entonces el grupo "bacheletista" de la falange-, Vittori derrotó sorpresivamente a Morales, semanas más tarde ganó la primaria de la Nueva Mayoría y llegó al sillón edilicio en octubre de ese año, superando a Joaquín Lavín hijo con el 53% de los votos.

Tras sortear con éxito un par de procesos en su contra en el Tribunal Supremo debido a su temprano respaldo a Michelle Bachelet en lugar de Claudio Orrego, en 2014 Vittori no sólo encabezaba la comuna más poblada del país, sino que también fue elegido como el presidente de la Asociación de Municipalidades y el encargado de la DC en Santiago Poniente.

Un año y medio después, sin embargo, el edil de Maipú dejará la agrupación de alcaldes en manos de su correligionario de Macul, Sergio Puyol, y ahora redacta un texto con el cual pedirá mañana al Tribunal Supremo DC la suspensión temporal de su militancia. "Ejercer el derecho a la defensa requiere de un tiempo, porque uno no quiere afectar en lo personal a las instituciones", dice Vittori, que de ser formalizado y sometido a prisión preventiva podría incluso ser suspendido de sus funciones en la alcaldía.

"Cuando a uno le hacen una imputación de ese tipo, ojalá que se levanten todos los secretos inmediatamente. Esto no puede ser algo que empezó el 2009 y que en 2015 tiene los mismos antecedentes. Lo importante es cerrar esto y esperamos que se pueda notificar en tribunales la legítima defensa. Yo soy el primer interesado en que todo se aclare", explica Vittori, quien acudirá al tribunal de garantía y que pretende solicitar voluntariamente su formalización para "apurar" una definición de la fiscalía.

Hace un año, el Ministerio Público tomó nota de la gran cantidad de movimientos que Vittori, su esposa, sus hijos e incluso sus suegros registrarían en sus cuentas corrientes, sin explicación. De ahí que se solicita el levantamiento del secreto bancario. "Se hace presente a la fiscalía la necesidad de realizar un análisis de los movimientos bancarios de Pamela Solange Riquelme Loyola, cónyuge de Christian Vittori Muñoz, como también de Luis Riquelme Aguayo, padre de Pamela Riquelme, con la necesidad de establecer los dineros en efectivo depositados en la cuenta bancaria de esta última, los que hasta la fecha no tienen justificación aparente".

Quienes conocen la investigación aseguran que en el allanamiento a la residencia del alcalde se encontraron 20 millones de pesos en efectivo que fueron requisados por los funcionarios de Investigaciones. "Fue una orden de registro en varias partes. Todo fue en tranquilidad. Tenía 700 mil pesos en euros para un viaje a Francia y 400 dólares de un viaje anterior", aseguró a Reportajes Vittori.

En la carpeta de la investigación, en todo caso, se registran suspicacias sobre el "estilo de vida" del alcalde, el que no se condice con su nivel de ingresos: propiedades, registros inusuales de movimientos de dineros, viajes y vehículos, entre otros.

La misma lógica impera en la fiscalía respecto del caso del concejal Marcelo Torres y el alcalde Luis Plaza en Cerro Navia. Para el Ministerio Público, "Torres y Vittori han sido beneficiados económicamente por KDM a cambio de realizar actos con infracción a los deberes propios de su cargo en su favor", se lee en la carpeta.

El Ministerio Público también hace notar la relación existente entre Vittori y Francisco Chandía, quien en 2004 fue procesado por tener 1.000 kilos de droga en su poder y que en el expediente es sindicado como uno de sus testaferros. Hoy, la relación con Chandía y algunas de sus salidas fuera del país -como a Francia- son fundamentos de los cargos que, a más tardar en junio, serán levantados por la fiscalía por lavado de dinero -supuestamente "al ocultar y disimular bienes de origen ilícito", según la pesquisa- y cohecho, respectivamente.

Vittori, en todo caso, niega todo vínculo con Chandía.

En la carpeta de investigación, el Ministerio Público contradice la versión del edil y establece que "de acuerdo a los antecedentes recopilados respecto de los audios de las interceptaciones telefónicas legalmente autorizadas, seguimiento discreto y requerimiento de información a empresas de remate, (Vittori) utiliza a Francisco Patricio Chandía Fuentealba, entre otras personas, para adquirir una gran cantidad de vehículos, siendo utilizados por este último y su cónyuge, a pesar de que se encuentran inscritos a nombre de Chandía Fuentealba".

En los audios de conversaciones telefónicas se puede escuchar a Carlos Richter, el concejal RN, por ejemplo, diciéndole a Vittori que hay que "amarrar las cosas" y "poner término rapidito", en alusión al proceso de licitación.

Para la investigación fueron analizadas las cuentas del alcalde, Pamela Riquelme (su pareja) y el padre de ella, Luis Riquelme Arévalo.

En la cuenta de Pamela Riquelme hubo transferencias de fondos de parte de Vittori por montos totales de 595.000 pesos y 2.650.000 pesos que no evidencian que la cuenta esté siendo utilizada para traspasar grandes flujos de dinero. Sin embargo, la cuenta de Luis Riquelme, por ejemplo, figura como principal remisor (5.134.000 pesos) y beneficiario (19.353.000 pesos) de depósitos.

Ello, pese a que Riquelme padre no figura con actividad económica ante el SII, tampoco tiene sociedades ni se le conoce un empleo remunerado, por lo que no se explican los dineros remitidos a su cuenta, ni se explican las transacciones con Pamela, su hija.

A todo ello, se agrega que la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana en su investigación registró que Vittori acumuló entre 2011 y 2012 abonos por 59.295.000 pesos. De esta suma, seis depósitos fueron hechos por la DC, los que sumaron en total 31 millones de pesos.

Vittori dice que ese dinero fueron aportes partidarios para su campaña a la alcaldía de Maipú de 2012, cargo que ganó. Casi tres años más tarde, el escenario es otro. El alcalde no sólo arriesga perder el sillón municipal. De acreditarse las acusaciones de la fiscalía, las posibilidades de pagar con prisión efectiva son ciertas.