La Contraloría General de la República ha fiscalizado la gestión de hospitales y entidades del sector salud. Las principales causas de las fallas en calidad de la atención son de gestión, falta de regulación y, en algunos, casos de financiamiento.

En Chile no existe una falta de recursos humanos calificados. Diversas universidades forman, aquí y en el extranjero, profesionales a través de  magíster, diplomados en administración y  MBA con especialización en salud. Por otro lado, no existe en nuestro sistema de salud, como norma, un modelo de calidad en los hospitales, principalmente, públicos.

En el sector privado, este proceso se inició hace algunos años. Pero para instalar un sistema de calidad permanente en el tiempo, se debe aplicar el marco regulatorio que estableció la reforma sobre acreditación de hospitales -a través de la Superintendencia de Salud- y no con carácter voluntario, como hasta ahora, para así permitir, en un plazo definido, el aseguramiento a la población de la "garantía de calidad".

Las fiscalizaciones con las características de las que realiza la Contraloría transparentan fallas de gestión y generan consecuencias administrativas y políticas. Pero, en rigor, no contribuyen a mejorar la calidad de los servicios de salud.

Sin embargo, si se aplican sistemas de acreditación validados por expertos, se pueden lograr sistemas de calidad permanente en las instituciones de atención pública. Un hospital acreditado "no aprueba o reprueba un examen", si no que transparenta las brechas respecto de los estándares de calidad validados, identifica las causas y establece un camino para resolver los problemas detectados. Por lo tanto, los actores del sector salud que ven como una amenaza este tipo de regulación, no perciben la real oportunidad que este cambio implica.

Los  reglamentos y estándares de acreditación recién dictados por el Ministerio de Salud son un avance en la línea correcta. Sin embargo, el que aún sea voluntario su cumplimiento retrasa la aplicación de esta norma por el  temor a  transparentar los problemas de calidad de los hospitales públicos, los que, a la vista de la población, son evidentes. Hoy, de todas maneras,  la Contraloría los está develando.

Parafraseando un dicho popular, el remedio de postergar la aplicación de esta norma para evitar transparentar la calidad del sector salud, está saliendo peor que la enfermedad. Si se hubiera puesto obligatoria y oportunamente en funcionamiento, muchos problemas que se están detectando por la Contraloría se habrían corregido oportunamente.

La reforma de salud no es sólo el Auge, sino que es un todo, donde para garantizar la igualdad de opotunidades es indispensable, simultáneamente, asegurar la calidad de los servicios a las personas y que el legislador prevea los mecanismos, los sistemas y la institucionalidad necesaria.

Es indispensable que el Ministerio de Salud diseñe una estrategia para cumplir con la "garantía de calidad" que establece la ley, corrigiendo el reglamento que considera su aplicación en forma voluntaria y se aplique obligatoriamente el 2010 en todos los establecimientos de salud públicos y privados, mejorando la seguridad de la población y disminuyendo su actual incertidumbre. Se debe  dar respaldo a la Superintendencia de Salud para que ésta inicie en Chile, por primera vez, la aplicación de una política de salud orientada por la calidad y no sólo por costos y  precios.