Entre los 10 tomos de contabilidad en formato digital que el fiscal José Antonio Villalobos obtuvo en las oficinas de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) el viernes 16 de enero, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente no sólo consiguió lo que buscaba, sino que también se encontró con indicios de una nueva veta para escudriñar.

Además de la boleta emitida por María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, por $ 7.500.000, el fiscal Carlos Gajardo recibió otro documento, emitido por la sociedad Guerrero y Compañía Ltda., de RUT 86.592.300-7, por un valor de $ 10 millones. Esta empresa tiene como socio al abogado Roberto Guerrero Valenzuela, del estudio jurídico Guerrero Olivos, al que pertenecía Jovino Novoa hasta el 8 de enero pasado. "Hay una figura similar al de las boletas Penta, por lo que amerita investigar más de cerca", dice una fuente cercana a la indagatoria.

Novoa no era socio de Guerrero y Compañía, pero sí del estudio jurídico, y una de sus empresas tenía intercambios comerciales periódicos con ella. En 2013, la sociedad Inversiones y Mandatos (la principal firma de Novoa en la mira de la fiscalía) emitió 11 facturas a Guerrero y Compañía, por un total de $ 74.659.000, lo que en su entorno consideran normal, dada la relación de tres décadas que ha tenido con sus socios.

Esta boleta era desconocida para la defensa del ex senador UDI, pero le restan importancia. "Son servicios prestados en virtud de una relación contractual de largo plazo" con SQM, sostienen en su círculo.

La tesis que impulsa la fiscalía y que ha ido respaldando a través de las declaraciones de algunos de los involucrados en el caso Penta apunta a que el ex senador UDI actuaba como recaudador y distribuidor de fondos, obtenidos de manera irregular, para campañas políticas. El principal acusador de Novoa ha sido el ex gerente de Inversiones Penta III y ex brazo derecho de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, Hugo Bravo.

Previamente, el fiscal Gajardo había ordenado la incautación de la oficina de Guerrero Olivos en busca de la contabilidad de Inversiones y Mandatos. A Novoa también le complica el supuesto uso malicioso de las facturas de la agente de viajes Teresa Riera, del abogado Carlos Lira, así como también las declaraciones de sus antiguos amigos Délano y Lavín, quienes habrían perjudicado al histórico dirigente UDI en sus declaraciones para poder obtener la atenuante de colaboración sustancial por parte de la fiscalía.