Una condición irrenunciable para tener una economía más productiva e inclusiva es contar con mercados que generen confianza y se validen ante los ciudadanos. Para ello, el resguardo de la libre competencia y la adecuada protección de los consumidores son elementos esenciales.

Por el contrario, la concentración y la falta de competencia dañan la eficiencia de las empresas, desincentivan la innovación y perjudican el emprendimiento. Y también, como comprobamos hace muy poco, mediante la sentencia del TDLC que condenó al cartel de los productores avícolas, pueden causar un perjuicio directo a los ciudadanos y dañar gravemente el normal funcionamiento de la economía.

El sistema actual ha demostrado que es útil para detectar y sancionar los casos que vulneran la libre competencia e infringen las reglas de buen funcionamiento de los mercados. Pero todavía tenemos que avanzar: necesitamos construir un sistema que no solamente sancione estas conductas cuando han ocurrido, sino que permita prevenirlas. Para ello es necesario, primero, detectarlas de manera oportuna, y segundo, establecer sanciones efectivas que disuadan realmente a quienes pretendan cometer un ilícito.

Por ello, el gobierno se ha comprometido a enviar al Congreso un proyecto de reforma del sistema de defensa de la libre competencia que considera dos grandes ejes. Por un lado, el control preventivo y obligatorio de las fusiones u operaciones de concentración (que potencia, además, las facultades y capacidades de la Fiscalía Nacional Económica, FNE) y, por el otro, el perfeccionamiento de las herramientas para combatir la colusión, así como otras conductas contrarias a la competencia.

Junto con ello, hemos avanzado en el trámite legislativo del proyecto de fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Esta iniciativa propone un cambio de paradigma en la protección de los derechos de los consumidores, dotando al Sernac de facultades, de las que hoy carece, para investigar y sancionar en los casos que afecten el interés individual, cumpliendo con los más altos estándares del debido proceso.

Estas acciones no darán resultado óptimo si no se combinan con los esfuerzos de autorregulación de las propias empresas. En este sentido, las orientaciones que ha entregado la FNE a las asociaciones gremiales son un aporte importante para orientar su acción y evitar que se repitan casos como el de la hoy disuelta Asociación de Productores Avícolas (APA), que actuó como parte activa del llamado "cartel de los pollos".

Los abusos contra los consumidores no son solamente un problema de prácticas comerciales. También debilitan la confianza y convivencia entre los chilenos, y dañan gravemente la credibilidad de las empresas y de los organismos que regulan nuestra economía.

Construir una institucionalidad eficaz contribuirá a que las empresas empeñen todos sus esfuerzos en competir con las mejores armas para ofrecer mejores bienes y servicios, lo que irá en directo beneficio de los ciudadanos y del país en general.