"Estaba leyendo la demanda y dice que puede haber perjuicio fiscal, pero si hay una falla. Tenemos los bonos de años anteriores, porque los últimos se arreglaron. Espero que no se metan en los forward".

La voz temblorosa con la que Hugo Bravo mencionó la palabra forward el 7 de septiembre de 2014, en la reservada y última reunión que tuvo con su ex jefe del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín, y el hijo de este, Carlos Lavín Subercaseaux, parecía anticipar el nuevo flanco que se abriría cuatro meses más tarde en el caso Penta. Pero a esa fecha, cuando Lavín padre aún creía que las indagaciones de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente tenían que ver sólo con devoluciones de impuestos fraudulentas del FUT, las repercusiones y la dimensión de ese tipo de operaciones que realizaba el holding aún eran impensadas.

-"Eso no ha salido hasta ahora", le dijo Lavín padre a Bravo, en la grabación oculta que este último hizo de dicha cita.

-"Creo que es repeludo (que los investiguen)", advirtió en seguida Lavín hijo. "(Aunque) los forward no tienen registro, no creo que lleguen hasta ahí", agregó, como tratando de tranquilizarlo.

Y Lavín hijo tenía razón. Al menos, en parte. La mayoría de los denominados contratos forward sí tiene registro. Todo depende de quién sea la persona, jurídica o natural, que los firme.

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) fiscaliza los que efectúan las corredoras de Bolsa, AGF y compañías de seguros con cualquier contraparte, mientras que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) hace lo propio con los que firman los bancos. "Sin embargo, los que realizan las sociedades de inversión están en tierra de nadie", dice un funcionario de la SVS. Y fue ahí donde Bravo y otros altos ejecutivos de Penta encontraron un espacio para explotar entre, al menos, 2008 y 2013.

Este tipo de operaciones entre Empresas Penta y otras sociedades se conocieron e incluyeron en la carpeta de la Fiscalía Oriente entre el 5 y el 6 de enero, cuando Lavín padre y su socio en el holding, Carlos Alberto Délano, comparecieron como imputados del caso ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Ambos reconocieron ante los persecutores la existencia de cuatro operaciones forward entre sociedades ligadas al grupo y la empresa Siglo Outsourcing (mencionada como VSA S.A. por Lavín en su declaración), destinadas a obtener liquidez para pagar bonos de ejecutivos y financiar parte de la campaña del UDI Pablo Longueira.

Esa liquidez la obtenía Empresas Penta de operaciones forward ficticias, dicen abogados involucrados en la investigación. Esto, pues dichas operaciones son a futuro, es decir, apuestas sobre el precio que va a tener un determinado activo, en este caso dólares, en un mes o en la fecha que se determine entre ambas partes. El problema, explican los abogados, es que el contrato se firmaba ex post, y así se manejaba si Penta ganaba o perdía plata.

El gerente de una corredora de Bolsa que realiza este tipo de transacciones las define como operaciones tradicionales en el mercado y las grafica de la siguiente forma: "La idea es que una de las partes le compre a la otra un monto, por ejemplo, de US$ 1 millón a 30 días a un precio de $ 550 por cada dólar. Si a los 30 días, cuando se vence el contrato, el dólar está a $ 600, el que compró sólo paga a $ 550 cada dólar, que es lo que se fijó con antelación en el contrato. Ahí, el que vendió pierde, pues no aprovecha la apreciación del dólar. Si el dólar hubiese bajado a $ 450 al término de los 30 días, el que pierde es el que compró, pues se comprometió a pagar más por ellos".

Penta aparece, en la mayoría de los contratos forward que firmó, perdiendo esas apuestas. Pérdidas que, sin embargo, eran ficticias, pues su contraparte devolvía esos dineros a través de otros forward o pagos a ejecutivos del grupo por servicios no prestados. Esa era una forma de bajar la base imponible del grupo para pagar menos impuestos y, además, servía para contar con dinero libre para pagar bonos a su plana ejecutiva, dice un abogado.

Las millonarias operaciones

De esas cuatro operaciones con VSA S.A. a las que hace alusión Délano en su declaración, una fue entregada a la fiscalía el 4 de febrero por Alberto Aguilera, abogado de los hijos del empresario, Macarena y José Luis Délano Méndez, quienes representan a Inmobiliaria Duero, la sociedad que firmó el contrato. Esa operación fue por poco más de US$ 2 millones y le reportó pérdidas a Duero por $ 34,7 millones. El destino de las otras tres operaciones de Penta con VSA S.A., sociedad perteneciente a Roberto Carrasco, aún se desconoce, aunque en sus últimas pesquisas la fiscalía incautó material contable de la sociedad y el ingeniero fue a declarar, pero su testimonio quedó en calidad de reservado.

Tanto Délano como Lavín atribuyeron la responsabilidad de estas operaciones a Bravo. Sin embargo, ya sea por desconocimiento o no, en sus declaraciones ante los fiscales, los "Carlos" no mencionaron que existía un número mucho mayor de forward con sociedades de inversión ligadas al grupo Cruzat, holding que encabeza Manuel Cruzat, ex profesor universitario y empleador de ambos.

Se trata de 102 contratos de este tipo entre ambos grupos que dio a conocer Iván Rojas, ejecutivo del grupo Cruzat, en su comparecencia del 12 de febrero, que también fue declarada reservada. Todos esos contratos, dicen fuentes de la investigación, fueron destinados a pagar bonos de ejecutivos de Penta. Entre ellos aparecen los nombres de Manuel Antonio Tocornal, gerente de Penta S.A.; Marcos Comparini, vicepresidente de Banco Penta, y Oscar Buzeta, gerente de Administración y Finanzas de Empresas Penta.

Seis días antes de la declaración de Rojas, el abogado Jorge Bofill, quien encabeza la defensa de los tres ejecutivos, entregó a la fiscalía 14 de esos contratos, que corresponden a los que involucran a Tocornal y Comparini. Los de Buzeta, dijo en su presentación al persecutor, no los han podido encontrar. Los 14 forward que reportó Bofill suman operaciones por más de US$ 62 millones. Todas fueron negociadas entre sociedades del grupo Penta o los mismos ejecutivos, con CB Consultoría Proyectos S.A. y Forestal Valparaíso S.A., ambas ligadas al grupo Cruzat.

Aguilera, en tanto, el abogado de los hijos de Délano, entregó otros tres contratos forward entre Inmobiliaria Duero y sociedades ligadas al grupo Cruzat. Esas tres operaciones involucraron negocios por US$ 93,1 millones, generando pérdidas para la sociedad ligada a Empresas Penta por $ 266 millones.

Desde el grupo Cruzat afirman "no haber obtenido grandes ganancias por este tipo de operaciones". Según los libros contables que entregaron a la fiscalía, habrían ganado unos $ 40 millones por concepto de comisiones. Utilidades que, según la defensa del holding, habrían sido tributadas, por lo que no habría perjuicio fiscal que perseguir.

Ese perjuicio fiscal que busca evitar la defensa de Cruzat es el mismo que mencionó Bravo en su grabación del 7 de septiembre pasado, en su reunión con Lavín padre e hijo. Y es el mismo también que, según fuentes involucradas en la investigación, busca probar el Ministerio Público ahora, en medio de nuevas pesquisas que permitan desentramar las complejas y numerosas operaciones forward que llevó adelante el grupo Penta por, al menos, cuatro años.