UN camino de más de cinco décadas hasta llegar a hoy. Eso es lo que describe el libro Historia de la Libre Competencia en Chile, 1959-2010, que se lanzará este martes, en el marco del Día de la Competencia. Fue el licenciado en Historia de la Universidad Católica y doctor en Historia de la Universidad de Eichstätt, Patricio Bernedo, quien ganó el concurso público que realizó la Fiscalía Nacional Económica (FNE), para reconstruir la institucionalidad de libre competencia en el país.

En 2011 y 2012, el decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica estuvo dedicado casi por completo a este trabajo. Fue una labor que describe como muy particular, porque en su investigación, que plasmó en un libro de más de 200 páginas, pudo entrevistar a muchos de los protagonistas de la historia. Sergio de Castro, Oscar Aitken, Fernando Léniz -quien alcanzó a dar su testimonio para el libro- y la mayoría de los fiscales nacionales económicos, excepto Waldo Ortúzar y Gilberto Villablanca, quienes fallecieron, aportaron sus experiencias.

Su principal conclusión es que después de más de medio siglo, el sistema goza de "madurez institucional". Esto, dice, se refleja en la independencia que tiene el fiscal nacional económico, en los recursos económicos que se le asignan a la FNE, en la capacidad de sus profesionales y en la existencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), especialista en temas antimonopolios.

Los primeros años

La situación actual del sistema es el resultado de un proceso que comenzó en 1959, cuando el gobierno de Jorge Alessandri, preocupado por la hiperinflación de precios, trajo al país a un grupo de expertos estadounidenses para mejorar ciertos aspectos que afectaban a la economía. Fue la llamada Comisión Klein-Saks, que entre sus propuestas mencionó la necesidad de velar por la libre competencia.

Esto derivó en la Ley 13.305, que en su artículo V habló de las "Normas para fomentar la libre competencia industrial y comercial". Este cuerpo legal, que también creó la figura de la Comisión Antimonopolios, fue el origen del desarrollo institucional que vino durante las cinco décadas posteriores. En los primeros años, la comisión -integrada por un miembro de la Corte Suprema y los superintendentes de Bancos y de Valores y Seguros- atendió muchas consultas de empresas, principalmente, sobre acuerdos de precios. "La lógica no era procompetencia. La conciencia era que fijar precios y repartir mercado era correcto. Había cierta permisividad en ciertos sectores, como los combustibles", explica.

Figura clave

Un personaje clave en esta historia fue el abogado Waldo Ortúzar, quien en 1963 se convirtió en el primer fiscal nacional económico. En su gestión, que duró 27 años, gobernaron Jorge Alessandri, Eduardo Frei, Salvador Allende y Augusto Pinochet. Su poder era tal que logró paralizar en gran medida la estatización de la banca que promovió Allende, afirmando que era ilegal que el Estado constituyera un monopolio a su favor.

El modelo cobró impulso nuevamente tras el golpe de Estado, afirma Bernedo, cuando las nuevas autoridades económicas vieron que junto con la liberalización de precios debía favorecerse la libre competencia. Cuenta el historiador que fueron Ortúzar, junto a su esposa, Olga Feliú, y el abogado Oscar Aitken quienes redactaron en poco más de una semana el DL Nº 211, que, aunque ha sido modificado en algunos aspectos, sigue dictando las pautas del modelo local. En ese texto también se fortaleció la figura del fiscal nacional económico y se garantizó su autonomía. En 1979 el fiscal, que hasta entonces era nombrado por la Comisión Antimonopolios, pasó a ser de confianza del Presidente, lo que se mantuvo hasta 2009.

La era actual

Uno de los cambios más profundos del sistema, sin embargo, se produjo en 2003, cuando se creó la figura del TDLC, se eliminaron las penas de cárcel para delitos contra la libre competencia y se elevaron las multas. "Fue un cambio muy importante, que estableció que el fiscal estaba para investigar y el TDLC para juzgar", afirma.

Seis años más tarde, la institucionalidad adquirió el rostro que luce hoy, cuando se introdujo la delación compensada y a la FNE se le dotó de facultades intrusivas, clave para perseguir carteles.

Bernedo atribuye un rol muy importante en esta modificación al llamado caso farmacias, que comenzó a fines de 2008, cuando la FNE demandó a las tres cadenas de farmacias de coludirse para fijar precios. Para Fasa, la mayor de las cadenas, el caso terminó tras alcanzar un acuerdo con la FNE, que para muchos impulsó la aprobación de la delación compensada en Chile. Cruz Verde y Salcobrand, que no suscribieron el pacto con la FNE, fueron declaradas culpables en un juicio que entre el TDLC y la Corte Suprema duró casi cuatro años.

Desde 1990 en adelante, seis profesionales han liderado la FNE (ver recuadros). El libro de Bernedo, sin embargo, considera sólo a los cinco antecesores del actual fiscal, Felipe Irarrázabal, quien fue el primer fiscal nombrado por el sistema de Alta Dirección Pública.