No ha sido fácil para la Democracia Cristiana formar parte del bloque oficialista. Así lo han reconocido sus propios dirigentes e incluso algunos militantes han llamado a revisar su participación tanto en la coalición como su respaldo a la actual administración.

Acusan "hegemonía de la izquierda", como señaló un senador y ex presidente del partido, y advierten la necesidad de rectificar el rumbo del Gobierno ante una agenda de reformas sobre las cuales no existe plena coincidencia, tanto en el fondo como en la forma en que se está ejecutando.

Tras el último impasse, que involucró al principal representante de este partido en el gabinete ministerial, como es el ministro del Interior, el gobierno comprometió una mayor coordinación con todos los dirigentes de los conglomerados que forman parte de la coalición oficialista, reconociendo -no obstante- que "las diferencias son naturales y propias de la democracia", por lo que "lo importante es cómo se procesan para que les permitan avanzar", como señaló el vocero del Ejecutivo.

Precisamente, frente a este diagnóstico, que admite las diferencias internas siempre que se sometan al programa, es que varios representantes de la Democracia Cristiana han manifestado sus objeciones, al punto de presentarse ante la opinión pública como el sector del oficialismo que busca aportar la mesura y la necesidad de consenso ante un permanente afán reformista del Gobierno.

Lamentablemente, la realidad demuestra otra cosa. A pesar de manifestarse críticos ante buena parte de las reformas que impulsa el Ejecutivo y de exponer sus reparos frente a la improvisada manera de llevar a cabo los proyectos, en la práctica el Gobierno ha conseguido sacar adelante una nutrida agenda legislativa con el voto de los parlamentarios del bloque falangista. Legislaciones que atentan contra principios fundamentales de su doctrina, como el proyecto para admitir el aborto bajo tres condiciones, terminan favorecidos por representantes de sus filas, bajo el pretexto de modificaciones menores que apenas cuestionan el fondo de las iniciativas.

Quizás sería más transparente ante la opinión pública que el partido definiera su posición al interior del oficialismo y asumiera que, al optar por integrar esta coalición, está también compartiendo todas sus definiciones y objetivos, incluyendo el apetito reformista en su conjunto. Lo anterior supone admitir tanto los logros como los errores del accionar gubernamental.

Porque tras el último incidente en la relación del partido con el Gobierno, y específicamente con la Presidencia de la República, los dirigentes falangistas rechazaron una oportunidad para asumir en propiedad un camino independiente, pero coherente con sus propios objetivos e intereses, y optaron en cambio por reforzar su permanencia en el oficialismo.

Las consecuencias de su decisión se verán reflejadas en los siguientes comicios electorales, cuando los ciudadanos puedan juzgar lo que aparece como un evidente respaldo al manejo presidencial, incluso al amparo de un pacto municipal carente del afecto y la cohesión que reclaman sus propios militantes.