Los vecinos de la villa Aurora de Chile, en Concepción, están agradecidos del terremoto. No del ocurrido en febrero pasado, sino del de 1960, cuando la toma de los terrenos aledaños al río Biobío recién comenzaba y los llamados "fundadores" necesitaban materiales para ganarle terreno al río. Esa catástrofe entregó los escombros necesarios para hacer el relleno y asentar el villorrio.

Del último sismo, en cambio, los pobladores están hartos. No por sus consecuencias, pues la villa tiene menos vestigios del desastre que varios sectores de Concepción. Lo que los complica es la hoy famosa reunión con la intendenta Jacqueline van Rysselberghe, donde ésta admitió haber "usado" el sismo para conseguir beneficios habitacionales para familias que no resultaron afectadas por éste.

El registro de la cita los puso al centro de una polémica que se agudizó, luego de que el senador Alejandro Navarro entregara al Ministerio de Vivienda una lista inicial de 21 personas que, finalmente, derivó en 15 pobladores que aparecían calificados en el sistema "Rukan" del Serviu con viviendas inhabitables, cuando las condiciones no eran tales. La Secretaría Regional Ministerial, sin embargo, desestimó y desmintió varias de las acusaciones. Desde entonces, sólo declaraciones y pruebas cruzadas entre los demandantes y el gobierno, a la espera de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía regional, que en sus primeras diligencias incautó más registros desde la Dirección de Obras de la municipalidad.

Ubicada a minutos del centro de Concepción, la villa es diversa y no abarca más de ocho manzanas de extensión. Las calles no tienen pavimento y las viviendas son variadas: hay de material ligero y de madera.

La conforman al menos 500 familias y en algunos sectores llegan a vivir tres núcleos familiares en una casa. Tienen agua potable, luz y alcantarillado y en la zona hay varios almacenes, una panadería, una desabolladuría y una reparadora de calzado. En uno de sus límites, el orgullo del barrio: la cancha del club amateur Huracán, que incluso da nombre a uno de los pasajes.

Originalmente, el proyecto de extender una de las avenidas de la ciudad y unirla con un puente sobre el Biobío, atravesando de ese modo uno de los límites de la villa, contemplaba una solución habitacional para los vecinos, consistente en la construcción de 88 casas de 100 metros cuadrados (64,5 m construidos) y de 480 departamentos de 55 metros cuadrados. En cualquiera de los casos, el costo para los vecinos sería de 250 mil, aproximadamente. La solución, sin embargo, dividió a los habitantes de la villa. Un grupo, reunido en un comité que el jueves obtuvo el estatus jurídico de organización vecinal, con cerca de 140 firmas, se opuso al proyecto, que además contempla un traslado temporal a un conjunto de mediaguas mientras se realiza la construcción. La junta de vecinos, en cambio, está de acuerdo y promueve el proyecto.

Las polémicas declaraciones de la intendenta, la revelación de parte del Ministerio de Vivienda de que el proyecto había sido devuelto y no estaba en marcha, tal como lo aseguraba el seremi Enrique Matuschka, y la posterior investigación de la Fiscalía revolvieron el ambiente en la villa. El jueves a primera hora, personal de la PDI llegó a la población, con citaciones a declarar para los integrantes del listado y, a mediodía, el fiscal Pablo Fritz recorrió sus calles y algunas de las viviendas involucradas.

Tal revuelo causaron las visitas, que a mediodía los vecinos se reunieron con los abogados que contactaron después de la polémica reunión con la intendenta. Estos debieron calmarlos, explicándoles que no eran sujetos de investigación y que ante los policías averiguarían cómo habían ido a dar a ese listado.

En la tarde de ese día, los policías entrevistaron a los involucrados y les preguntaron por los daños en sus casas, si habían firmado o no papeles declarándose damnificados y si habían recibido visitas o inspecciones de parte de funcionarios municipales o del gobierno regional. Algunos de los pobladores, como Juan Manuel Parada, propietario de un almacén, dijeron haber firmado papeles a sugerencia de la junta vecinal. Otros, en cambio, lo negaron y dijeron desconocer por qué fueron caracterizados como damnificados.

Todos acceden a enseñar sus casas y a mostrar que están en perfectas condiciones. Sienten orgullo de que sus modestas viviendas hayan soportado la catástrofe. Pero temen las implicancias judiciales que pueda tener el conflicto para ellos, que se les acuse de actuar de mala fe. El principal temor, sin embargo, es que la desatada disputa política a raíz del proyecto, las denuncias cruzadas y la investigación judicial, perjudiquen la reubicación de la población y el trabajo en conjunto que prometió el Ministerio de Vivienda.