Menos de 24 horas después de que la ministra de Justicia, Patricia Pérez, anunciara que el gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para permitir a los presos que no estén condenados a pena aflictiva votar en las elecciones, la iniciativa fue rechazada por la candidata del oficialismo, Evelyn Matthei.

Sus reparos no pasaron inadvertidos por el Ejecutivo y no se descarta frenar el envío del proyecto. "Me parece que estamos yendo un poquitito lejos", dijo ayer Matthei.

"Los presos están presos porque cometieron delitos. Tenemos que preocuparnos de ellos, de rehabilitarlos y que tengan posibilidades en el futuro, pero de ahí a llevarles urnas y que voten, me parece que estamos llegando demasiado lejos. Y de alguna manera esto no conecta con lo que la gente pide que es seguridad y mucha más protección a las víctimas que a los delincuentes", señaló al término de un acto de campaña en Recoleta, donde hizo un recorrido por el Parque Bicentenario de la Infancia acompañada por Andrés Allamand (ver nota secundaria).

Matthei señaló que prefería que primero se buscaran fórmulas para llevar urnas a los hospitales, donde también hay gente que no puede votar "y donde probablemente hay muchas víctimas de delincuencia", remarcó.

Esta es la primera vez que Matthei toma distancia de una iniciativa del gobierno desde que dejó la cartera de Trabajo para asumir la candidatura presidencial de la Alianza, tras la renuncia de Pablo Longueira de la carrera presidencial por motivos de salud.

Temprano en la mañana, Matthei y su jefe de campaña, Joaquín Lavín, habían tomado la decisión de salir a rechazar la propuesta del gobierno, al estimar que era una "pésima señal" en materia de lucha contra la delincuencia. A través de su cuenta en Twitter, Lavín calificó el proyecto de "inaceptable".

Consultado por La Tercera, el ex ministro reiteró las críticas y recordó que la seguridad pública y el combate a la delincuencia es uno de los cuatro ejes prioritarios del programa de la candidata. Los otros son salud, educación y descentralización.

Recién el 20 de agosto pasado, durante una visita a Alto Hospicio, Matthei presentó sus propuestas en seguridad ciudadana: terminar con la libertad bajo fianza para los reincidentes y sancionar con cárcel el porte de armas de fuego en la vía pública.

Tras las críticas del comando, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, y la titular de Justicia, Patricia Pérez, se comunicaron con Matthei y Lavín, respectivamente, para explicar los alcances de la fórmula anunciada.

Cecilia Pérez precisó que la iniciativa -que beneficia a 13.527 reclusos- no implica crear un derecho nuevo y que lo que se busca es crear un mecanismo que viabilice el cumplimiento del derecho a sufragio y un padrón de todos los reos habilitados.

Las críticas realizadas por Matthei y Lavín, hicieron eco en algunos ministros y no se descarta frenar el envío del proyecto. En todo caso, ayer había molestia en el gobierno con la ministra de Justicia, ya que en la reunión que sostuvo con el Presidente Piñera el viernes, éste le solicitó evaluar bien la iniciativa antes de concretar el envío del proyecto.

Según fuentes de La Moneda, el Jefe de Estado veía con buenos ojos la propuesta, pero le planteó a la titular de Justicia buscar la mejor fórmula, no descartando la vía administrativa, como lo sugirió en un principio el Instituto de Derechos Humanos.

Según la entidad, el Servel mediante un procedimiento administrativo, podría llevar urnas a los penales, sin necesidad de enviar un proyecto de ley, alternativa que se barajó esencialmente para asegurar la transparencia del proceso electoral.