El robo a una sucursal del Banco Bice en Vitacura, ocurrido en 2004, pasó a la historia como el atraco más cuantioso a una entidad financiera en la historia de Chile. A más de 10 años de iniciada la causa, finalmente la justicia entregó su veredicto: se dictaron condenas que van entre los 900 días de presidio (2,4 años) hasta los 10 días de cárcel.

El atraco ocurrió el fin de semana largo del 21 de mayo, en el que la banda liderada por Carlos Iturriaga Alarcón, alias "Carlitos Joya", irrumpió en el local de Nueva Costanera del Bice para luego inutilizar las alarmas. Tras forzar la puerta de la bóveda con un soplete, ingresaron por el forado y saquearon 120 cajas de seguridad, en las que se guardaban joyas familiares, documentos bancarios, y una importante cantidad de dólares y euros. Se estimó que el total del robo habría sido superior los US$ 5 millones. Sólo se recuperó el 10%.

En el caso trabajaron ambas policías y, para lograr la captura de todos los implicados, incluso se realizaron gestiones con las policías de otros países.

"Carlitos Joya" fue condenado a dos años de presidio por el delito de robo en lugar no habitado. Iturriaga fue detenido por efectivos de la PDI en La Serena, IV Región, en julio de 2004. La vida de lujos que llevaba terminó por delatarlo.

Otro de los condenados, quien recibió 900 días de presidio, fue Luis Baeza Pincheira. Este hombre fue extraditado desde Argentina en 2005, luego que fuera sorprendido en el país trasandino. El fallo también condenó como encubridores a otras tres personas.

Respecto a la baja pena, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida, indicó que el delito de robo en lugar no habitado "tiene una baja condena. Nosotros presentamos un proyecto para subir las penas, especialmente cuando se vulneran las medidas de seguridad, pero se votó en contra". Agregó que "es necesario subirlas, porque el comercio queda bastante desprotegido".

Larga tramitación

En un inicio, el caso quedó radicado en el 33° Juzgado del Crimen de Santiago. Sin embargo, un año después (2005) se inició la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana, por lo que todas las causas de la justicia antigua quedaron radicadas en el 34 ° Juzgado del Crimen capitalino.

El atraso en el fallo de estos y otras cientos de causas, determinó que la Corte Suprema nombrara a dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para indagar los hechos. Este caso fue analizado por el juez Mario Rojas, quien dictó fallo en primera instancia el 8 de noviembre de 2013 y en agosto de 2014 la resolución fue confirmada por el tribunal de alzada capitalino.