Si una adolescente de 13 años consulta al médico porque requiere de algún método anticonceptivo debido a que ya inició su actividad sexual, tiene derecho a que esa atención se brinde bajo estricta confidencialidad, según establece la Ley 20.418 del Ministerio de Salud.

No obstante, otra norma, la 19.927 sobre delitos sexuales del Código Penal, obliga al profesional que atendió a esa menor a denunciar el hecho ante el Ministerio Público, independientemente de que se trate de una relación consentida entre pololos.

Esta incongruencia entre las dos normativas actualmente vigentes tiene complicados a los médicos, quienes ven en ello "un conflicto ético".

"Hay bastante confusión entre las personas que trabajan en los servicios de Salud sobre este tema. No existen indicaciones claras sobre cómo aplicar estas leyes. Por ello, se corre el riesgo de que las adolescentes, por temor a que revelen su intimidad, no concurran a pedir métodos anticonceptivos y se embaracen precozmente, con todas las consecuencias que ello puede tener", indicó Pamela Oyarzún, presidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adolescencia (Sogia).

Lo mismo opina el doctor Ramiro Molina, del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (Cemera), "hay adolescentes de esa edad que mantienen relaciones sexuales con sus pololos y que van responsablemente a solicitar anticoncepción y no podemos pasar a llevar su derecho a la confidencialidad".

El tema fue tratado en el seminario: "Anticoncepción en adolescentes: ¿Qué dicen las leyes?", organizado por la Sogia. En la oportunidad, los expertos solicitaron al gobierno que revise las normativas. "Pensamos que, tal vez, una modificación o una indicación a la ley que permita a los facultativos hacer una evaluación prejudicial, antes de llegar a una denuncia, podría ser una solución", explicó Oyarzún.

La encargada de la unidad de Ciclo Vital del Ministerio de Salud, Sylvia Santander, reconoció que "las dos leyes no son compatibles". La profesional indicó que se necesita crear una mesa de trabajo con todos los actores, con el fin de buscar una salida a este conflicto. Agregó que el objetivo sanitario para la década es disminuir el embarazo adolescente "y para eso es muy importante que el adolescente consulte, pida ayuda cuando lo necesita".

El Ministerio Público tiene otra visión del problema. El jefe de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Félix Inostroza, señaló que los médicos, así como cualquier otro funcionario de la Salud, están obligados a notificar estos casos. "Los menores de 14 años, por su nivel de desarrollo evolutivo, no tienen la capacidad para poder realizar actividad sexual; por lo tanto, cualquier persona que la tenga con un menor de 14 años podría configurar el delito de violación. Por tanto, los médicos que tienen conocimiento de esa situación deben denunciarlo".

Agregó que, si bien puede haber excepciones, "esta no opera -y es una contraexcepción- si es que concurren algunas circunstancias, por ejemplo: violencia e intimidación".