El contador Enrique Silva entró a trabajar a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) el 18 de junio de 1973, cuando el vicepresidente ejecutivo de la entidad era Pedro Vuskovic, primer ministro de Economía de Salvador Allende. Silva sorteó las purgas iniciales del régimen militar y se afirmó en las oficinas centrales de la institución, donde ocupó distintas posiciones. Su trigésimo aniversario como funcionario público llegó en otro momento crítico para la administración de turno: Corfo vivía la peor crisis de su historia por el robo de documentos que tenían un valor estimado de $ 84 mil millones. De acuerdo a los últimos fallos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, las operaciones realizadas por el holding Inverlink, de Eduardo Monasterio, las corredoras bancarias del BBVA, Scotiabank y Santander, en colusión con Javier Moya, jefe de la mesa de dineros de Corfo, fueron las responsables. Sin embargo, por entonces, la oposición y los gremios pedían que Corfo asumiera su responsabilidad por no haber tenido mecanismos de control que detectaran el fraude.

Como jefe de cajas del Departamento de Tesorería, Silva fue sumariado por Contraloría -se le multó con un 20% de su sueldo- y luego, un año después, fue procesado junto a otros 13 empleados de Corfo por el ministro en visita Patricio Villarroel por negligencia injustificable. Se le cuestionó por trabajar físicamente muy cerca de Moya y haber recibido algunos de los sobres cerrados que contenían los depósitos a plazo comprados por Corfo a las corredoras y que terminaban en Inverlink. En sus declaraciones, Silva aseguró desconocer las maniobras de su compañero. A la larga, la Corte de Apelaciones desestimó cualquier delito y su jefatura lo transfirió a otro puesto. Marco Riveros, fiscal de Corfo durante la vicepresidencia de Hernán Cheyre, en el gobierno de Sebastián Piñera, se hizo cercano a él y su familia. "El sumario era una locura, porque estaba hecho al revés. Se enumeraba a los culpables y luego se acomodaban los argumentos. Las sanciones fueron desproporcionadas e inexactas", opina el ex abogado de Corfo.

Un par de años después del escándalo, Silva Ortiz fue diagnosticado con cáncer gástrico. Cuando le preguntaban en los pasillos de su trabajo, solía responder que la pena de haber sido apuntado como responsable le había desencadenado la enfermedad. Alcanzó a completar 40 años de servicio público en 2013, con grado 9 en el escalafón administrativo y como ejecutivo de licitaciones e infraestructura.

A fines de 2014, la Corte de Apelaciones dictó una sentencia que daría un vuelco al caso Corfo-Inverlink y fijaría las responsabilidades fuera de la corporación, reivindicando a quienes fueron procesados 10 años antes. Silva Ortiz no alcanzó a ser desagraviado. Después de múltiples tratamientos, recuperaciones y recaídas, murió el 4 de enero de 2014, a las 22.44 horas, en la Clínica Indisa. Tenía 61 años.

Primera cena

Gonzalo Rivas recuerda que Enrique Silva se le acercó en la comida de despedida que le brindó la Corfo cuando renunció a la vicepresidencia ejecutiva en 2003. "Sólo quería decirle que soy inocente de cualquier cosa", le comentó entonces, cuando el escándalo aún estaba en su punto álgido.

Doce años después, Rivas asistió a otra cena, de un tono muy distinto. Este martes, el actual vicepresidente de la Corfo, Eduardo Bitrán, invitó a sus antecesores al restorán "Aquí está Coco" para festejar el último fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema en el caso Inverlink. Este confirmó las penas en contra de siete personas, entre ellas Monasterio, dueño de Inverlink; Moya, jefe de la mesa de dineros de Corfo, y dos altos cargos de la corredora de BBVA, el gerente general Frank Leighton y el operador Juan Pablo Prieto. Sus condenas adquirieron una dimensión civil y le signifcaron al banco la orden de pagar una indemnización de $ 26.462.295.646, por ser "tercero civilmente responsable" del perjuicio causado a Corfo.

Hubo varios discursos de parte de las ex autoridades de Corfo destacando el sentido "republicano" con el que las diferentes administraciones enfrentaron la crisis, incluida la vicepresidencia de Hernán Cheyre, que tenía distinto signo político. También abundaron las bromas dirigidas al BBVA y a sus abogados, sus oponentes más tenaces en los 12 años que van de proceso. La victoria judicial tenía dos dimensiones: la recuperación del patrimonio de Corfo y una reivindicación moral a los funcionarios que fueron acusados.

"Hubo mucha gente humillada, que vio interrumpida su carrera. Gente como Gonzalo Rivas, Isabel Pinochet o Enrique Silva, que no pudo ver limpiado su nombre", comenta Bitrán, quien había trabajado previamente en Corfo entre 1994 y 1997.

Rivas conoció las implicancias políticas del escándalo desde lo más íntimo. No sólo como vicepresidente de Corfo, sino también como integrante de la familia presidencial, al ser esposo de Ximena Lagos y, por ende, yerno del jefe de Estado Ricardo Lagos.

El caso Inverlink se había destapado el 29 de enero de 2003, cuando el presidente del Banco Central, Carlos Massad, descubrió un correo rebotado desde su cuenta hacia Enzo Bertinelli, gerente general de Inverlink. Su secretaria, Pamela Andrada, tenía una relación sentimental con Bertinelli y estaba compartiendo información privilegiada sobre el mercado.

En Corfo aún no sabían que ellos también tenían una relación irregular con Inverlink que se arrastraba desde 1998, cuando Moya aceptó participar de un sistema de triangulación de documentos que le reportó coimas por un total de $ 160 millones.

Como Corfo tenía prohibido desde 1996 transar con corredoras no bancarias (como Inverlink), las diferentes instancias judiciales establecieron que la trampa consistía en usar a corredoras como las del Scotiabank, Santander o BBVA como intermediarios. Tal como en Corfo, Monasterio sobornaba a un funcionario en cada empresa para que asumiera los riesgos. Los papeles quedaban registrados con "pacto de recompra" en los libros de Corfo, lo que explicaba que el certificado no estuviera físicamente bajo custodia de la estatal, cuando en realidad sí debía estarlo. Moya entregaba el documento a Inverlink, que a su vez lo ponía en circulación nuevamente y realizaba transacciones ficticias. "Se hacían aparecer documentos como si fueran de Inverlink cuando no lo eran, defraudando a través de una corredora bancaria. Eran hechos concretos para engañar a Corfo y al mercado de valores", comenta Ignacio Vargas, uno de los abogados encargados de la arista civil del caso.

Rivas tomó conocimiento de los problemas con Inverlink recién el viernes 7 de marzo de 2003. Esa mañana había participado de un seminario de liderazgo en el cual había decretado por escrito su meta para la Corfo: "Que sea reconocida por su eficiencia". Irónicamente, recibió la alerta minutos después. Era el superintendente de Valores y Seguros, Alvaro Clarke, quien había escuchado la confesión de ejecutivos de Inverlink. No sólo se trataba de triangulaciones, sino que Moya también había sustraído documentos avaluados en US$ 105 millones a pedido de Monasterio. Inverlink necesitaba poner a la venta los depósitos para salvar la empresa, ya que la fuga de capitales después de conocida la trama en el Banco Central los tenía al borde del colapso.

De inmediato, Rivas llamó a su suegro, el presidente, mientras su fiscal Bernardo Espinoza contactaba al penalista Daniel Martorell Correa, quien redactó la primera querella en contra de Javier Moya, presentada al día siguiente. "Moya empieza a cavar un hoyo sin fondo. Empezó a sustraer y pasar directamente a Inverlink. Dentro de todo lo que se acreditó, se falsificaron firmas y se desprendieron colillas para cambiar los endosos", analiza Martorell.

Esa noche, Rivas fue a la casa del Presidente Lagos y presentó su renuncia, que se hizo efectiva el martes siguiente. Luego de los casos coimas y MOP-Gate, el gobierno no se podía permitir más debilidades: "Políticamente era insostenible quedarme, aunque no fuera el responsable. Era un flanco de exposición en un momento muy delicado. También lo hablé con (el ministro de Hacienda, Nicolás) Eyzaguirre. 'Me tengo que ir o va a quedar la embarrada'".

Rivas no volvió a trabajar en el sistema público durante el gobierno de su suegro. Continuó su carrera en Estados Unidos, como jefe de la División de Ciencia y Tecnología del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente es el presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC). Aunque recuerda haber sido tratado injustamente -en especial en algunos artículos de prensa-, no siente que el fallo de la Corte Suprema le haya quitado un peso de encima. "Nunca me sentí con deudas. Estas cosas pasan. Asumí lo que tenía que asumir y lo sabía desde el minuto uno. Quien no lo tiene claro en el mundo público se equivocó de vocación", asevera.

Última cena

Hasta esta semana, Bitrán no había querido dar una entrevista sobre el caso Inverlink. El dictamen emitido la semana pasada por la Corte Suprema, que ratificó el fallo de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones del 2 de diciembre de 2014, le dio la ocasión para sacar la voz. "El fallo nos permite asegurar la recuperación de, al menos, el 60% del jarrón. Si todo va bien, y la Corte Suprema nos da la razón en otras demandas, en un par de años habremos recuperado la totalidad del jarrón", afirma el mandamás de la corporación.

El jarrón al que alude Bitrán solía estar en la casa de Ricardo Lagos, en calle Amundsen. Durante el primer fin de semana del escándalo, en marzo de 2003, el mandatario dio una entrevista televisiva en la cual quiso dejar en claro que los privados tendrían que responder por el daño a Corfo, incluso aunque no hubieran conocido el origen de los documentos adquiridos. Como había un jarrón en el tiro de cámara, Lagos lo usó para ilustrar su teoría: "Es como si entran a mi casa, me roban el jarrón, lo llevan a un reducidor, y después lo descubren. Obviamente lo voy a recuperar, porque el jarrón es mío".

La estrategia judicial de la Corfo se basó en la "teoría del jarrón", pese a que esta fue rechazada por los gremios, que comprobaron ese mismo día el efecto paralizador que tuvieron las palabras presidenciales en el mercado.

Inicialmente, el panorama se veía oscuro. "Tuvimos una complicada relación con el ministro Patricio Villarroel. Todo nos costaba un mundo, hasta separar los cuadernos de investigación. En algún momento pedimos su reemplazo, una solicitud que pensamos muy bien, porque te deja mal parado si no resulta. Y nos fue mal en la Suprema", cuenta Martorell.

El fallo de primera instancia de Villarroel respecto de las triangulaciones absolvió a los acusados y, en consecuencia, negó cualquier indemnización a Corfo. Se solicitó la casación -anular la sentencia-, lo que no fue acogido por la Corte de Apelaciones. No obstante, el tribunal de alzada sí revocó la sentencia en sus aspectos penales y civiles, ordenando nuevas condenas y la mencionada indemnización. Este triunfo terminó por materializarse el jueves, con la visita de altos ejecutivos del BBVA a Chile para dejar en el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago un documento por más de $ 26 mil millones que será entregado próximamente a la Corfo. Según estimaciones, aún así faltarán cerca de $ 14 mil millones más por pago del reajuste, los intereses y las costas del juicio. Consultado por Reportajes, el abogado del BBVA, Pedro Pablo Gutiérrez, declinó comentar el fallo por instrucción de su cliente.

Anteriormente, Corfo ya había recuperado $ 3.000.000.000 del acuerdo indemnizatorio con el Scotiabank; $ 199.037.700 de Eduardo Monasterio y los otros individuos responsables; $ 645.120.890 de San Antonio Terminal y $ 1.003.955.000 de Chilquinta. Estos dos últimos montos corresponden a la última fase de la estafa, cuando Inverlink revendió los documentos robados por Javier Moya.

La recuperación del resto del jarrón depende de esta misma arista, denominada como "provecho del dolo ajeno". Se trata de una serie de demandas que están a cargo de los abogados Andrés Jana y Josefina Escobar, en las cuales hay $ 45 mil millones más en disputa, con sociedades tan diversas como Inversiones Santa Cecilia -de José Yuraszeck-, la PDI, Mutualidad del Ejército y Aviación, Compañía Chilena de Tabacos o las municipalidades de Vitacura o Viña del Mar. Todas compraron los valores de Corfo robados a último momento por Moya. "Ya tenemos cinco sentencias favorables de la Corte Suprema, consistentes con la Corfo. Las demás vuelven a la misma sala, así que estamos muy bien aspectados", asegura Jana.

Con la tranquilidad de estar acercándose al final de esta larga batalla judicial, a fines de esta semana se organizó una última cena para festejar el resarcimiento de la Corfo. El ex Presidente Lagos invitó a comer a Rivas, su yerno, y a un grupo cercano de colaboradores que lo acompañaron en la crisis de Inverlink, a su casa en calle Vera y Pintado, de Providencia, el hogar donde aún reposa el jarrón original.