"Chile ha ratificado tratados internacionales de derechos humanos que algunas veces no está aplicando. Si fuéramos sacados al pizarrón y cuestionados acerca de esta materia, probablemente reprobaríamos", asegura el sacerdote jesuita Miguel Yaksic, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

El religioso se encuentra actualmente en El Salvador, Centroamérica, en una reunión continental sobre este tema. Y desde allí entrega su visión crítica a La Tercera. "Aquí todos coincidimos en lo peligrosas que se están volviendo las fronteras para los migrantes más excluidos. En parte, por discursos irresponsables, como por ejemplo el de Donald Trump, en Estados Unidos, que sitúan el debate sobre la migración en el marco de la seguridad", sostiene.

Las cifras indican que han aumentado las expulsiones en Chile...

Sí, porque la migración hacia Chile también ha aumentado. Pero hay que entender que un número importante de expulsiones son de personas que han ingresado irregularmente. Y muchas de ellas se vieron obligadas a hacerlo porque fueron arbitrariamente rechazadas en la frontera, o porque han sido víctimas de traficantes que los abandonan en esa zona. O sea, en vez de proteger a personas cuyos derechos han sido gravemente vulnerados, a veces hacemos más peligrosa su situación.

Hay una nueva ley de extranjería en estudio. ¿Es necesaria?

Chile gestiona la migración a partir de un Decreto Ley de 1975, que la aborda bajo la perspectiva de la seguridad interior del Estado y no desde un enfoque de herechos humanos. Se necesita una política migratoria integral. En ese contexto, lo que conocemos del proyecto de ley que está trabajando el gobierno nos deja muy contentos. Porque se entiende, y así debe ser, a la migración como algo natural y propio de la vida humana, y que es tarea del Estado cuidar los derechos de los migrantes.

Las nacionalidades con más expulsiones son la colombiana, peruana y boliviana. ¿Existe una política muy restrictiva?

Es que en realidad no tenemos una política migratoria, sólo acciones desarticuladas. Hay más expulsiones de ciudadanos colombianos, peruanos y bolivianos porque son los flujos más grandes que vienen a Chile. Muchos de ellos son migrantes que se han visto forzados a dejar su país para dejar atrás la violencia, pobreza y exclusión. La mayoría viene a Chile por tierra y busca ingresar por Chacalluta y Colchane. El número de expulsiones coincide con el rechazo discrecional en la frontera terrestre. El año pasado, por ejemplo, el ingreso de 5.504 personas fue rechazado en Chacalluta.

Así como se exige a los migrantes que cumplan las normas de ingreso, ¿se les respetan sus derechos?

En el trabajo directo con migrantes a lo largo de Chile, en el SJM vemos algunos espacios donde el respeto de los DD.HH. es más frágil: la frontera, la vivienda, las condiciones laborales precarias de migrantes aymaras en los valles de Arica, la protección a las víctimas de tráfico de personas y la falta de programas serios de educación, con competencias interculturales, en escuelas donde estudian extranjeros y chilenos. De entre esas materias, algo que nos ha preocupado últimamente es la asociación fácil que hacen algunas personas y autoridades entre seguridad, delincuencia y nacionalidad. No podemos abordar desafíos sociales a partir de nuestra preocupación y óptica de la seguridad.

También ha habido avances...

Totalmente. Hemos avanzado mucho en buenas prácticas gracias al trabajo serio, profesional y con altos estándares éticos que está mostrando la autoridad migratoria. Tenemos nuevas visas que facilitan la inclusión, los rechazos arbitrarios en la frontera han ido disminuyendo, todos los niños nacidos en Chile son inscritos como chilenos, con independencia de la situación migratoria de sus padres. Vamos por el camino correcto. Pero son cambios administrativos. Para que perduren, eso tiene que convertirse en una ley.