Desde el pasado 5 de septiembre, cuando el ministro de Salud, Jaime Mañalich, criticó duramente a los anestesistas, acusándolos de ‘carterizar’ el servicio, reduciendo sus horas funcionarias para vender servicios externos a los hospitales a través de sociedades médicas, una escalada de acusaciones han seguido desnudando la crisis que vive la salud pública producto del déficit de especialistas en esa área.

Frente a esta situación, el Minsal determinó recurrir a la Contraloría General de la República para que desarrolle una auditoría de seguimiento a las fiscalizaciones que el mismo ente ha realizado en distintos hospitales y que han arrojado una serie de irregularidades durante los últimos años, en cuanto a contratación y funcionamiento de estas sociedades de anestesiólogos.

El lunes pasado, Mañalich pidió que se reunieran los informes de las investigaciones que el ministerio ha realizado desde 2011 en todos los servicios de salud que requieren de estos especialistas. Se consolidaron estos documentos, junto a las auditorías de la propia Contraloría, en una sola carpeta, que lleva en su portada el título “Antecedentes sobre compras de servicios de anestesia”, y fue enviada al órgano contralor para que indague si se han corregidos las falencias detectadas.

En el dossier se incluyen auditorías a los servicios que prestan los anestesistas dentro del sistema de salud pública. “Yo encargué estas investigaciones, porque no lográbamos un buen acuerdo con los anestesistas, sobre todo para aumentar la formación de los mismos”, comenta el ministro Mañalich.

La carpeta reúne las investigaciones más recientes realizadas entre 2012 y 2013, además de un informe ejecutivo consolidado de todos los servicios de salud que abordó el período del 1 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2011.

Irregularidades

Entre las irregularidades más recurrentes en los Establecimientos Autogestionados en Red (EAR) destacan los contratos directos de anestesistas sin licitación; la atención de pacientes de estos profesionales, que forman parte de sociedades médicas, durante el horario funcionario; realización de licitaciones con un solo oferente; y las diferencias de precios que se cobran por el trabajo realizado en relación a otros profesionales y en las horas funcionarias.

También se registran faltas al principio de probidad administrativa, ya que se observa que hay “jefes de pabellón que son socios de entidades médicas que prestan servicios al establecimiento y que autorizan los registros de servicios prestados por sí mismos y por otros médicos de sus sociedades, registros que luego son considerados para autorizar los pagos” respectivos . Esta situación se encontró en los hospitales Gustavo Fricke, Luis Calvo Mackenna, del Salvador, de Puerto Montt y Herminda Martín, entre otros.

Un alto en la revisión del documento, al que tuvo acceso La Tercera, merece la situación que existe en el Instituto Nacional del Tórax.

En un informe de seguimiento fechado el 27 de enero de 2010, la Contraloría recomendó que se debía “implementar un control de la jornada de trabajo que no pueda ser vulnerado por el personal y mecanismos que aseguren las atenciones de pacientes institucionales por sobre las atenciones particulares de los médicos que mantienen convenios con éstos para efectuarlas fuera de la jornada normal de trabajo”. También sugirió “efectuar una investigación para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan respecto de las intervenciones quirúrgicas particulares realizadas por médicos que no contaban con convenios que las permitieran; de aquellos, que teniendo convenio, efectuaron las intervenciones durante su jornada normal de trabajo, sin autorización del director y sin devolver las horas utilizadas en dichas intervenciones particulares”.

Posteriormente, en la auditoría -encargada por el ministro Mañalich en 2011- se vuelve a mostrar al hospital del Tórax con los mismos problemas y más.

En esta nueva revisión se siguen presentando deficiencias en los sistemas y controles de registro horario. Situación que, entre otras cosas, “tampoco permite controlar la superposición horaria de médicos que prestan servicios en más de una calidad (contrata, honorarios, planta, compra de servicios) y no permite identificar dobles pagos por este motivo”. Este problema, según el informe, se detecta además en otros 30 hospitales.

También se señala que en este establecimiento y en otros 21 en todo Chile hay un incumplimiento a la Ley de Compras (art. 8) para proceder al trato directo. La misma auditoría señala que “la mayor causal argumentada por los hospitales para contratar vía trato directo es el requerimiento urgente del servicio, pero no es válido considerando que los hospitales necesitan en forma permanente la administración de anestesia”.

Y, finalmente, en un informe de seguimiento de estas auditorías del 28 de julio de 2011, se sigue presentando el problema de la realización de intervenciones quirúrgicas particulares en horario institucional.

Acercamientos

El martes, el ministro Mañalich se reunió con el Colegio Médico y entre los puntos analizados se revisó la situación de los anestesistas. “Ellos me solicitaron más datos respecto a cómo operaban estas sociedades, cuántas horas de contratos han sido ofrecidas y que no se llenan, y que de esta manera generan contratos de alto costo para los hospitales”, explicó el secretario de estado.

Se acordó, además, programar una reunión con la asociación de anestesistas para la próxima semana. “Hay muchos especialistas de esta área que trabajan en el sistema privado y no tienen ninguna responsabilidad en estas sociedades. Por eso es bueno remarcar esa diferencia”.