LA MINISTRA de Vivienda presentó su renuncia al cargo, asumiendo así su responsabilidad política por una cuantiosa transacción judicial que ha merecido severos reparos. No existe nada de reprochable en que una autoridad transija frente a una demanda contra un organismo público. Por el contrario, en Chile existe la práctica de negar toda responsabilidad por parte del Fisco y obligar a llevar adelante juicios que son eternos para obtener resarcimiento, lo que constituye un abuso del poder del Estado. En el caso, el Serviu licitó la construcción de un corredor del Transantiago y basta la sola mención de éste, para saber que se trató de algo que estuvo mal concebido y preparado, lo que hace plausible el perjuicio económico que ha reclamado la empresa adjudicataria.
La ex ministra se propuso resolver el asunto como corresponde, reconociendo el eventual daño y buscando un arreglo razonable, evitando así una mayor pérdida al Fisco ante un posible fallo condenatorio, aunque probablemente sería dictado en el gobierno que sigue, cuando no fuera problema de ella. Tomar el camino de la negociación era una actitud esperable en una administración que se precia de ejecutiva y que pretende resolver los problemas. No hay ningún antecedente que permita suponer otra cosa.
Pero las acciones deben realizarse dentro de la institucionalidad, no al margen de ella. En este sentido, la ex ministra cometió dos errores, más allá de las buenas intenciones. El primero, que permitió que la transacción se materializara de forma que se obviaba la revisión del acuerdo por parte de la Contraloría. Como el avenimiento judicial no requiere de toma de razón, los antecedentes disponibles parecen mostrar que el juicio que se inició devino en una formalidad para llegar cuanto antes a la etapa de conciliación y plasmar así el acuerdo, y no mediante una transacción extrajudicial afecta a toma de razón. Hubo en ello una falta de manejo -probablemente acostumbrada a hacer las cosas como se hacen en la empresa privada- que, sin duda, constituyó un error de juicio: en la administración pública, quien firma un acuerdo por $ 17 mil millones pasa por la Contraloría, más allá de lo que diga la normativa, porque así se tiene respaldo y una contraparte, pues nadie está exento de error.
El segundo error fue encomendar un asunto de tanta magnitud a un abogado que no es autoridad formal dentro del ministerio o siquiera funcionario, quien, además, había sido su asesor legal por años en la empresa privada. No separó la gestión de la asesoría legal, de forma que nuevamente no hubo contraparte.
En suma, el acuerdo se concretó de manera impropia y genera entendibles suspicacias. La responsabilidad política de la ex ministra era ineludible y ella lo entendió, adelantándose con su renuncia a los acontecimientos, lo que evitó costos innecesarios al gobierno.
Algunos han dicho que este caso le pone una lápida a la "nueva forma de gobernar". Más bien parece lo contrario, porque se han asumido oportunamente las responsabilidades, lo que contrasta con 20 años de gobierno en que un solo ministro presentó su renuncia para asumir su responsabilidad política y no fue por el Transantiago, sino por un caballo que le regalaron.