"Hoy todos los propietarios de viviendas económicas van a estar afectados en su patrimonio", dice el senador Jovino Novoa (UDI), tras la estrecha aprobación en el Senado de la norma que limita los beneficios tributarios de las viviendas DFL-2 a un máximo de dos propiedades para las personas naturales que las adquieran una vez vigente la nueva ley, que excluye a las personas jurídicas.

Actualmente estas viviendas económicas están exentas del 50% de las contribuciones por ciertos períodos, las rentas que producen no pagan impuesto a la renta y tienen otras exenciones relativas al impuesto de timbres y estampillas, las herencias y donaciones.

Con la nueva normativa, cuando se transfiera una vivienda económica -incluidas las construidas con anterioridad a la vigencia de la nueva ley-, quien la compre podrá contar o no con los beneficios de esa propiedad, pues si el comprador ya es dueño de dos o más DFL-2 no obtendrá las exenciones tributarias, porque así lo establece la futura ley.

Este cambio fue ampliamente debatido en el Senado. Quienes estuvieron en contra argumentaron queel artículo 18 del DFL-2 establece que las franquicias asociadas a estas viviendas caducan sólo cuando éstas son destruidas, se inicia su demolición o se transforman perdiendo las características de económica. Segundo, el beneficio se concede a favor de la vivienda y tercero, el beneficio se plasma en un contrato ley con el Estado y como tal, no puede ser modificado unilateralmente afectando a quien sea dueño de la vivienda en cuestión.

"Ahora, cualquiera que sea dueño de una vivienda DFL-2 -da lo mismo si poseen una, dos o mil- va a estar limitado en su derecho y en su patrimonio, porque no se la va a poder vender a una persona jurídica, a menos que sea a un menor valor y tampoco a quien tenga dos, porque el comprador no obtendría el beneficio, y si se produce ese efecto va a afectar el valor de la vivienda", explica.

Quienes se opusieron a esta propuesta del gobierno eran partidarios de que las restricciones se aplicaran a las viviendas DFL-2 construidas con posterioridad a esta ley para evitar esta suerte de efecto retroactivo.

Por ello, el senador Carlos I. Kuschel (RN) y Novoa estiman que los propietarios de DFL-2 que se sientan afectados por la nueva normativa acudirán por inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, pues se les estaría privando de un derecho patrimonial que está incorporado en su patrimonio, lo que puede terminar en muchos juicios y en que el TC declare inconstitucional la medida.