La aprobación del proyecto que establece cambios al gobierno corporativo de Codelco es una oportunidad para que esta empresa emprenda un profundo proceso de mejoramiento de su gestión y supere las graves deficiencias que ha mostrado en tiempo reciente.

Esas deficiencias han generado efectos como el aumento significativo de los costos, que no ha sido atendido en su gravedad, probablemente por el alza que ha experimentado el precio del cobre en el último tiempo.

Fueron varios los intentos anteriores por introducir reformas de esta naturaleza y, desde ese punto de vista, esta ley es un logro que debe ser bienvenido.

Sin embargo, desde la perspectiva de incorporar a esta importante empresa los estándares más exigentes en materia de gobierno corporativo, habría sido preferible que se transformara en una sociedad anónima abierta y se hubiera traspasado un porcentaje de su capital a privados, de manera que quedara sujeta a las mismas normas y a la fiscalización de las compañías que cotizan en Bolsa.

Si bien en el texto aprobado se dispone que Codelco se regirá por las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas, y estará sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, se señala  que eso será "en lo no previsto (…) y en cuanto fuere compatible y no se oponga con lo dispuesto" en los estatutos y demás normas que rigen a Codelco, con lo que se mantiene el espacio a las confusiones y falta de claridad que han causado reiterados problemas en el pasado.

Entre los cambios introducidos, probablemente el de mayor relevancia, y que concitó arduas negociaciones en el Congreso, fue una nueva estructura para el directorio de la empresa. Estará integrado ahora por nueve miembros: tres elegidos directamente por el Presidente de la República, dos representantes de los trabajadores y cuatro elegidos también por el Ejecutivo, pero de entre ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública, conforme a los requisitos que establece la ley.

Quedan excluidos así los ministros que antes lo integraban y el representante de las Fuerzas Armadas. Además, la figura del presidente ejecutivo es reemplazada por la de un gerente general nombrado por el directorio, lo que se aviene más con una organización empresarial moderna.

En las próximas semanas se iniciará el proceso de designación de quienes ocuparán estos cargos, lo que constituirá un paso clave para lograr en la práctica los avances que se persiguieron con esta ley.

Cabe destacar el hecho de que el proyecto incluye un aporte de capital de US$1.000 millones para Codelco, destinado a financiar sus planes de inversión y modernización más urgentes. En este tema, y a pesar de las múltiples solicitudes para modificar el actual sistema de capitalización, que asigna al Ministerio de Hacienda la responsabilidad de determinar qué porcentaje de las utilidades se destina a ser reinvertido en la empresa, el proyecto acertadamente mantuvo esta sana norma de administración financiera.

En efecto, uno de los pilares fundamentales de una buena gestión de los recursos públicos en las empresas públicas es que exista una autoridad, en este caso Hacienda, diferente a la administración de cada empresa, que vele porque los recursos públicos se usen adecuadamente -exenta de presiones políticas directas- y que, antes de disponer de las utilidades, cuente con  una evaluación social de los proyectos de la empresa en comparación a las demás alternativas que tiene el sector público.

En la ley aprobada se establece que en  Codelco, "corresponderá al Presidente de la República ejercer las atribuciones y funciones que la Ley Nº 18.046 (de sociedades anónimas) confiere a los accionistas y a las juntas de accionistas".

Esta norma explicita un principio fundamental, cual es que sin perjuicio de la necesidad de que el Ejecutivo respete la autonomía del gobierno corporativo de las empresas públicas, recae en definitiva, sobre él velar porque los recursos de todos los chilenos sean bien administrados en dichas empresas.