En los próximos días se terminará el proyecto de ley que cambiará la Reforma Procesal Penal. Así lo anunció la ministra de Justicia, Patricia Pérez Goldberg, quien deberá ingresar el próximo 20 de enero el proyecto al Congreso. Una de las medidas será estipular en la ley la obligación de establecer indicadores comunes entre la policías y la fiscalía para recolección de evidencias. Además, anunció la creación de una mesa de expertos para los cambios a la ley de responsabilidad adolescente.

¿Qué avance tiene el proyecto de ley sobre la reforma?

Hemos trabajado con mucha energía y producido un informe muy completo que ha servido de base de elaboración del proyecto. Este está en su fase final de redacción y esperamos entregarlo al Presidente en los próximos días. El plazo que nos puso es exigente y lo vamos a cumplir tal como nos lo encomendó.

Luego de la última sesión de la mesa coordinadora de la reforma, ¿cuáles fueron los acuerdos?

En resumen, en la capacitación interinstitucional hay un acuerdo total, lo mismo con las medidas de coordinación entre todos los actores (policía, fiscales y jueces), y respecto de los cambios legislativos hay más de un 80% de acuerdo. Estos cambios a la ley van en cuatro líneas: mejorar la participación y protección de las víctimas, el mejoramiento del trabajo policial, mejorar la persecución de la fiscalía y generar mejoras en el funcionamiento del sistema en su conjunto. Es un trabajo macizo.

¿Qué se acordó en el tema de los indicadores comunes entre fiscales y policías?

Se acordó poder establecer una mesa interinstitucional, en el marco de la comisión coordinadora de reforma, para poder, con la ayuda de expertos, fijar ciertos indicadores que permitan alinear los trabajos. Lo señalo porque el trabajo policial se vincula a recoger la evidencia y la detención de las personas imputadas. Por su parte, el Ministerio Público tiene que analizar jurídicamente ese trabajo y luego presentarlo al tribunal. Se va a poner acento en todo lo que tiene que ver con la recolección de evidencia y la presentación de las pruebas, porque es fundamental para que un caso sea exitoso. Se debe poder avanzar en la coordinación y la capacitación.

¿Cómo se elaborarán estos indicadores?

Eso se planteará en la mesa técnica. Estos dirán relación con la manera en que se recolectan evidencias en la etapa temprana del procedimiento. La construcción de los indicadores será de manera participativa y con personas expertas. Los indicadores no se pueden establecer en la ley, porque van cambiando, pero debe existir la obligación legal de tenerlos. Se harán después de la presentación del proyecto.

¿Qué sucederá con la ley de responsabilidad penal adolescente?

Fue uno de los puntos que trabajamos dentro de la comisión de expertos, pero ésta recomendó que esto no se planteara dentro del mismo proyecto de ley sobre la Reforma Procesal Penal. Lo que hicimos fue hacer una identificación de todos los nudos críticos junto al director del Sename, Rolando Melo. Si se avanza en esta línea va a ser en un proyecto de ley separado, pero que comparta los pilares fundamentales de la reforma procesal.

¿Cómo se realizarán estos cambios?

Se hará una comisión de expertos específica sobre materia de responsabilidad penal adolescente. Cuando uno tiene un mapeo y quiere avanzar en ese aspecto, tiene que convocar a expertos especializados en ese tema.