A mediados de enero, bajo estricta reserva, el empresario Samuel Levy Benveniste (66) ingresaba a las dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI. La razón: prestó declaración ante la policía, porque tres empresas vinculadas a la constructora Cosal, de la cual es socio mayoritario y fundador, están siendo indagadas por la Fiscalía Centro Norte para determinar posibles irregularidades en la adjudicación de contratos para la construcción de tribunales.

Se trata de las inmobiliarias El Vergel, Juan XXIII y Centro Iquique. Estas sociedades ganaron entre 2005 y 2007 cinco de las seis licitaciones que estaban a cargo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En estos procesos también hubo adjudicaciones a la constructora Cosal. En total, se pagaron $ 63 mil millones por la ejecución de los proyectos.

El caso partió cuando CNN Chile dio a conocer un audio de la sesión del consejo superior de la Corporación, grabado en agosto de 2011, y en la que estaban los ministros de la Corte Suprema Sergio Muñoz, Ruben Ballesteros (actual presidente del máximo tribunal), Milton Juica y Patricio Valdés.

En dicha reunión se analizaba un informe de la Contraloría interna de la Corporación, que daba cuenta de la adjudicación de las licitaciones. Según consta en la grabación, Muñoz le señaló a Juica -en ese entonces presidente de la Suprema- que se podría estar frente a una colusión entre las empresas y que podría tener el carácter de delito.

Sin embargo, Juica indicó que no se trataba de un tema penal, sino que administrativo y que no se debía denunciar a la fiscalía. Tras hacerse público el audio, Juica en su calidad de presidente del máximo tribunal, entregó los antecedentes al fiscal nacional, Sabas Chahuán, y se designó a la fiscal especialista en delitos económicos Ximena Chong.

Desde enero se han mantenido en reserva las diligencias y se ha solicitado información bancaria referente a las sociedades y personas vinculadas con la adjudicación de las licitaciones.

Esta información fue derivada a una oficina especial de la Fiscalía Nacional. Respecto a la declaración de Levy, esta se enmarca en el informe que entregará la Bridec a la fiscal Chong.

Al ser consultado por la diligencia, el abogado del empresario, Cristián Muga, señaló que "desde un comienzo Samuel Levy, como otros ejecutivos vinculados a la inmobiliaria, está completamente disponible para prestar todo tipo de colaboración en la investigación". Sin embargo, declinó referirse al proceso de licitación.