Como un "acto administrativo" fue calificada por la Policía de Investigaciones la decisión de la fiscal interna, prefecto Edita Salgado, de reincorporar a sus funciones a los seis funcionarios suspendidos por su presunta vinculación con una red de prostitución de menores en Valparaíso. Tres de ellos se encuentran formalizados por el Ministerio Público y los otros tres serán imputados en agosto.

Salgado, jefa nacional de Delitos contra la Familia, resolvió levantar la suspensión a los detectives Sergio Jarpa, Claudio Cortés, Jorge Gallardo, Héctor Hernández, Alejandro Puga y Edgardo Uribe.

Los policías fueron formalizados hace dos semanas por los delitos de facilitación de la prostitución de menores y negarse a prestar apoyo a las víctimas. En esa ocasión, el juzgado de garantía de esa ciudad les otorgó la libertad provisional bajo arraigo.

"Al término de la investigación, los 20 días administrativos hábiles, corresponde levantar la suspensión para que las personas presenten sus descargos, porque se les formularon cargos administrativos", indicó la fiscal Salgado.

La decisión se dio a conocer luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó ayer los recursos de amparo presentados por los policías para revocar las órdenes de arraigo que pesan sobre ellos.

Sobre los resultados de los sumarios y las posibles sanciones, el nuevo director de la PDI, Marcos Vásquez, señaló que "las investigaciones siguen su curso normal. Se tiene que llegar a término y debemos tomar las decisiones que correspondan".

Vásquez también comentó las supuestas amenazas denunciadas por el ex subcomisario Héctor Guzmán, quien está pidiendo asilo en Argentina, y aseguró que las instituciones funcionan y que debiera volver a Chile para enfrentar su proceso (la fiscalía quiere formalizarlo).

Mala señal

La decisión de reintegrar a los policías generó molestia en parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, instancia que ha seguido de cerca el escándalo desatado por este caso.

"Si bien falta que se resuelvan judicialmente sus responsabilidades, me parece grave la decisión que toma la policía de reintegrar a estas personas que fueron formalizadas en los tribunales", dijo el diputado UDI Felipe Salaberry.

El parlamentario agregó que se debería haber reintegrado a los cuatro altos mandos de la institución que fueron llamados a retiro por Arturo Herrera en medio de la polémica por este caso: "Esto genera más dudas y enturbia el proceso llevado adelante por la PDI".

En tanto, el presidente de la comisión, Sergio Ojeda (DC), señaló que la decisión de la fiscal administrativa no supone que "ellos no tienen participación en los hechos que fueron denunciados. Existen presunciones para determinar su responsabilidad".