El FMI y los países de la zona del euro acordaron el domingo otorgarle a Grecia US$ 146.000 millones para que pueda asegurar el servicio de su deuda soberana. Atenas, a su vez, se comprometió a aplicar medidas de austeridad fiscal, que incluyen recortes salariales y de pensiones, así como elevar impuestos, que le significarán un ajuste doloroso.
La calma que mostraron el lunes los mercados tras el anuncio del rescate se revirtió ayer, con una fuerte caída en las bolsas globales. Más allá de eso, la situación evidencia el riesgo derivado del alto nivel de deuda pública en numerosos países que enfrenta la economía mundial. Esto representa un cambio desde las políticas expansivas aplicadas a partir de la última crisis hacia políticas de ajuste fiscal para equilibrar los altos niveles de endeudamiento público en el mundo desarrollado.
La crisis subprime de 2008-2009 fue el resultado de la pérdida de confianza en la solvencia bancaria, primero en EEUU y luego en el resto de los países desarrollados. Frente a la  contracción del crédito, y ante expectativas de recesión, cayó el gasto en consumo e inversión en las economías involucradas, mientras crecía la demanda por instrumentos percibidos como seguros, tales como el dinero o los bonos estatales. La respuesta de política fue doble: proveer de abundante liquidez a las economías y apoyar la demanda por bienes de consumo e inversión a través de programas de gasto fiscal masivo, financiados con deuda pública.
Hacia fines del primer trimestre de 2009 se hizo evidente que se estaba evitando el colapso financiero. Desde entonces, la recuperación ha continuado con gran fuerza en los países emergentes, con sorprendente vigor en EEUU, a un ritmo satisfactorio en Japón y a uno inferior en Europa. La secuela más preocupante ha sido el alto nivel de endeudamiento público que hoy caracteriza al mundo desarrollado. Sin embargo, buscando asegurar la recuperación, se han mantenido políticas de estímulo fiscal.
La crisis de la deuda griega no ha afectado a los sistemas financieros como la de 2008-2009. La evidencia más clara de desconfianza en los sistemas bancarios en el caso de la crisis subprime fueron los elevados spreads entre las tasas a las cuales los bancos estaban dispuestos a financiarse entre sí y las tasas de interés en instrumentos de deuda pública de corto plazo, en las plazas financieras más relevantes. Esos spreads no se han visto alterados en esta oportunidad, y la desconfianza ha estado limitada a la capacidad de pago de sus deudas soberanas de algunos países más comprometidos, como Irlanda, Italia, Portugal o España, que junto a Grecia han visto subir las tasas de interés a la que los mercados aceptan sus deudas.
Sin embargo, los problemas de Grecia han hecho temer que deudas soberanas excesivas afecten  la estabilidad financiera: la mala calidad de los títulos de deuda soberana afecta el capital de entidades bancarias que pudieran tenerlos en sus libros; comúnmente se entiende que los títulos de deuda privada de un país no pueden tener una calidad crediticia mejor que la respectiva deuda soberana, lo que afecta el acceso a financiamiento en los países comprometidos; con varios países en situación comprometida e información siempre insuficiente, la crisis que afecte a uno de ellos puede desatar contagio sobre el resto, llevando el problema a otra dimensión. Por último, este episodio ha explicitado la restricción que significa no contar con moneda propia en casos como el griego, lo que, en la medida que pone en discusión al euro, representa otra fuente de incertidumbre.
Grecia ha traído una mayor urgencia para corregir los déficit fiscales, no solo en situaciones extremas, sino en los países desarrollados en general, lo que representa un riesgo de desaceleración en las economías desarrolladas que aun deben consolidar su recuperación. Al mostrar la vinculación entre deudas soberanas excesivas e incertidumbre financiera, la crisis griega ha hecho ver el lado costoso de las políticas de estímulo fiscal.