Durante un acto de campaña a principios de la semana pasada, el candidato oficialista, consultado por el fenómeno de delincuencia que experimenta el país, sostuvo que "la puerta giratoria no es mía ni del gobierno, es de los tribunales y eso hay que terminarlo". Ello provocó una inmediata réplica del presidente (s) de la Corte Suprema, quien criticó con dureza al abanderado y recordó que el sistema procesal penal actualmente en uso -con mayor acento en la protección de los derechos del imputado- fue impulsado durante el gobierno del hoy candidato a La Moneda.

En una materia tan sensible como el combate a la delincuencia y el funcionamiento de la justicia, es positivo que las críticas del candidato concertacionista apunten a un problema que ha sido identificado como relevante por otros actores políticos e institucionales, esto es, un enfoque demasiado garantista de parte de los tribunales de justicia.

Llama la atención, en todo caso, la falta de consistencia entre los planteamientos del candidato y los que sustenta uno de sus principales asesores, quien días antes, en una cita con jueces de la Suprema, había criticado el concepto de "puerta giratoria" por estar "minando el prestigio de nuestros jueces". Este asesor fue en definitiva desautorizado, lo que representa un cambio relevante en lo que había sido el eje del planteamiento de esa campaña hasta ahora en este tema.

La ciudadanía ha conocido numerosos casos de personas que han delinquido o reincidido, incluso, sorprendidas in fraganti, y que obtienen medidas cautelares que los eximen de penas de cárcel o que gozan de distintos beneficios (reclusión nocturna, firma periódica, etc.) que no parecen ajustarse a la gravedad de su falta, y que con frecuencia los dejan en libertad para cometer nuevos delitos (como demuestra la alta tasa de reincidencia).

A ojos del público, la justicia no parece dar suficientes garantías de que quienes transgreden la ley efectivamente paguen un precio por ello, lo cual instala una sensación de impunidad que no sólo daña la credibilidad y el prestigio de las instituciones, sino también al tejido social, que descansa en la confianza de que el respeto a la norma es exigible.

Ha habido casos en que los magistrados han citado la crisis penitenciaria como razón para no decretar la prisión de un imputado, cuando el único criterio que debieran tener a la vista es la correcta aplicación de la ley. Otros en que personas que han cometido violentas agresiones no son consideradas "peligro para la sociedad" y son puestas en libertad; y ejemplos de delincuentes que no son formalizados por  fallas  administrativas.

De este tipo de situaciones surge la noción de que existe una "puerta giratoria" por la que los delincuentes entran y salen con facilidad del sistema judicial.

Con todo, en materia de prevención y sanción de la delincuencia hay otros actores en deuda que deben responder por el aumento de las denuncias de delito y de la tasa de victimización. Desde luego, es el Ejecutivo el primer responsable de entregar seguridad a los ciudadanos, de modo que sus estrategias y políticas antidelincuencia son la primera clave, pues los resultados claramente no han estado a la altura; a lo cual hay que añadir la necesaria infraestructura y diseño institucional -hoy reconocidamente insuficientes- para avanzar en la rehabilitación y reinserción social de quienes delinquen. La situación carcelaria, por ejemplo, es un problema cuya solución siempre está en el futuro, por distintas razones.

También el Legislativo debe dictar leyes que se adapten a las nuevas modalidades de delito, y que contribuyan a hacer más expedita y eficaz la labor de la justicia y la policía.

Los candidatos presidenciales deben hacerse cargo de los temas a cuya solución la ciudadanía asigna mayor importancia, entre los que destaca primordialmente la delincuencia.

Ello debe ser hecho, en todo caso, con fundamentos claros y con las medidas específicas que se pretenden abordar en un futuro gobierno.