Con satisfacción recibieron en el comercio la decisión del gobierno de no modificar el concepto de empresa para restrigir el uso de múltiples RUT en las compañías. En cambio, el Ejecutivo habría optado por elevar las multas y la fiscalización para que las empresas no abusen de la individualización con el objeto de debilitar el poder negociador de los sindicatos.

"Nos deja muy satisfechos que el gobierno haya enmendado. Desde el comienzo planteamos la inconveniencia de alterar la definición legal de empresa, ya que por unos pocos abusos particulares no se justificaba distorsionar un aspecto central de la legislación", sostuvo el secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Cristián García-Huidobro.

El ejecutivo agregó que el sector comparte que "la solución correcta es sancionar a quienes actúan torcidamente, comprobándose su mala fe".

Mientras, para el gerente general de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Fernando Alvear, la decisión del gobierno es "adecuada, porque se está atacando el mismo problema, con una fórmula que parece inteligente".

Alvear, quien antes fue presidente de la Asociación Gremial de Supermercados de Chile (Asach), recordó que el gobierno anterior también intentó modificar el concepto de empresa, lo que terminó con un requerimiento de la oposición en el Tribunal Constitucional para frenar el proyecto. Finalmente, éste rechazó el cambio a la definición. "Sería entrar de nuevo en un terreno difícil y muy complejo", comentó.

No obstante, recalcó que "la legislación debe sancionar a las empresas que abusen de alguna posición en el campo de la negociación colectiva".

Una visión completamente distinta tienen en la Concertación. Según el senador PS Juan Pablo Letelier, en la oposición existe consenso en que se debe avanzar en este tema, para lo cual es "absolutamente necesario" modificar el concepto de empresa. "El gobierno una vez más está borrando con el codo lo que el Presidente dijo el 21 de mayo, cuando manifestó la necesidad de terminar con los abusos. Las presiones que están en el ambiente de su coalición lo han hecho retractarse", señaló.

Pese a ello, Letelier dijo que existe una moción parlamentaria en la Cámara que trata este tema y que debiera verse pronto en la Comisión de Trabajo del Senado.

Por ahora, lo que el gobierno evalúa es modificar el artículo 507 del Código del Trabajo, que regula y sanciona con multas de entre 10 y 150 UTM (entre $ 370.830 y $ 5.562.450) el uso de subterfugios por parte de las empresas para eludir el cumplimiento de sus obligaciones laborales.