EL CONSEJO de Ética de los Medios ha decidido pronunciarse sobre el derecho a la vida privada de las personas. "Este dictamen se hace a propósito de la reciente publicación de imágenes de contenido íntimo captadas a distancia al teléfono de un diputado durante una sesión en la sala de la Cámara de Diputados", señaló la entidad.

En su resolución, esta entidad de autorregulación que reúne a los gremios de la prensa, radio y televisión, recordó a los medios de comunicación que "constituyen aspectos de la vida privada el hogar doméstico, las reuniones, conversaciones y comunicaciones privadas, los archivos de correspondencia y documentos, las funciones íntimas del individuo, las conductas que éste desarrolla naturalmente en reserva, su vida afectiva y sexual, los defectos físicos o morales que mantiene en reserva, y otros aspectos privados de naturaleza semejante", advirtiendo asimismo que "la intrusión forzada o clandestina en dichas áreas, y/o su difusión periodística, violan el derecho a la intimidad o vida privada de las personas".

Las únicas excepciones que el Consejo de Ética admite para la publicación de hechos de la vida privada de las personas, dicen relación con el propio consentimiento de los involucrados y cuando se trate de situaciones constitutivas de delito, complicidad o encubrimiento del mismo.

El pronunciamiento de esta entidad de autorregulación se produce en momentos donde el acceso a tecnologías de comunicación masiva se vuelve cada vez más expedito y proliferan, por lo mismo, fuentes de información que imitan lógicas propias de los medios de comunicación establecidos, pero que carecen de los más mínimos estándares editoriales o de la suficiente transparencia respecto a sus controladores y eventuales conflictos de interés.

Como se señaló, la resolución surgió como reacción a la intromisión en las comunicaciones privadas del parlamentario aludido, lo que podría restar importancia a situaciones similares ocurridas recientemente, pero que no ameritaron un pronunciamiento del Consejo, como fue la publicación de correspondencia electrónica de dos representantes de la Iglesia Católica por parte de medios de comunicación.

La violación de la vida privada a través de medios de acceso masivo, ya sea por parte de la prensa formal o de individuos u organizaciones con acceso a estas tecnologías, corre el riesgo de convertirse en un delito sin sanción alguna de no mediar la intervención de las autoridades competentes. Llama la atención, en este sentido, la pasividad con que el propio Ministerio Público reacciona ante hechos constitutivos de delito, como ocurrió con la publicación de las comunicaciones de este parlamentario por parte de un sitio web, o la filtración en el caso de las autoridades eclesiásticas.

Asimismo, situaciones como las descritas refuerzan la necesidad y el valor de contar con medios de comunicación con lineamientos editoriales conocidos y sustentados en sólidos principios éticos, que respondan ante entidades de autorregulación y que expongan de manera transparente sus eventuales conflictos de interés frente a los lectores.