TRAS UNA relativamente breve tramitación, el Congreso aprobó por amplia mayoría la reforma educacional que pone fin al lucro, la selección y el copago en la educación particular subvencionada. La Nueva Mayoría ha calificado este proyecto como un paso crucial que permitirá terminar con la idea de la educación como “bien de consumo”, para concebirla en cambio como un “derecho social”. Sin embargo, la nueva ley desfigura completamente y debilita este derecho, transitando desde un modelo basado en la provisión mixta de educación, hacia otro donde la educación estatal adquirirá desmedido protagonismo, limitando el derecho que asiste a las familias a elegir el colegio que mejor se adapte a sus propias preferencias.

Tras la apresurada y polémica aprobación de este proyecto en la Cámara de Diputados, había cierta expectativa de que en el Senado se diera una discusión más reflexiva, y se buscaran atenuar los aspectos más radicales de esta reforma, en especial considerando los múltiples cuestionamientos de fondo formulados por diversos expertos y la creciente resistencia que la reforma ha generado en la propia ciudadanía. Lamentablemente la discusión privilegió la urgencia para evitar los cuestionamientos a la vuelta a clase en marzo -no existía ninguna justificación técnica para tener que aprobar esta reforma antes del 31 de enero-, y las modificaciones que introdujeron los senadores fueron meramente formales, apenas flexibilizando los plazos para terminar con el “lucro” y el copago, y estableciendo un mecanismo de selección centralizado que operará de manera gradual. Ni siquiera se logró preservar la viabilidad de los liceos emblemáticos, que con la reforma sólo podrán seleccionar el 30% de su matrícula, dejándolos sujetos en el 70% restante a un insólito sistema de “tómbola”.

Es lamentable que una reforma de tanto alcance y profundidad no haya tenido en el Congreso el espacio necesario para su discusión  y la generación de consensos, sino que haya sido el resultado exclusivamente de las mayorías parlamentarias de turno. Ello sienta un precedente muy negativo para las futuras discusiones que se avecinan, pues a partir de esta experiencia -ya había ocurrido con la reforma tributaria- el Congreso arriesga dejar de ser la instancia deliberativa por excelencia para convertirse en trámite casi automático de los proyectos planteados por el Ejecutivo. El hecho de que esta reforma comience a aplicarse de manera gradual a partir de 2016 puede dilatar en el tiempo sus efectos, lo que tenderá a diliur la responsabilidad ante los electores, aunque puede abrir alguna posibilidad de rectificación de los errores más gruesos que exhiba en su aplicación.

La reforma educacional que ha diseñado el gobierno contempla varios proyectos, pero este paquete resulta el más relevante de todos, pues al rediseñar las bases del sistema educacional será la piedra fundante de lo que siga. La gradual eliminación del copago para ir reemplazándolo por aportes del Estado, lejos de representar un beneficio para las familias, en la práctica implicará que al cabo de muy pocos años todo el financiamiento de la educación subvencionada dependerá del Estado, lo que pone en evidente riesgo la autonomía de los proyectos educativos, tendiendo hacia la uniformidad y desincentivando la creación de nuevos colegios.

El fin al lucro, el copago y la selección encierra un profundo sesgo ideológico, pues en los hechos se busca limitar las posibilidades de que las familias puedan aportar elementos diferenciadores en favor de sus hijos, y que el Estado reconozca ese derecho y lo garantice. Se ha debilitado negativamente el exitoso camino que ha seguido el país en materia de desarrollo social, por la vía de abrir a los privados la provisión de bienes públicos mediante el financiamiento del Estado y la libre elección de los beneficiarios, lo que nos acerca peligrosamente al control estatal y el paternalismo social que tanto daño ha causado en los países de la región, y que deriva inevitablemente en menores espacios de libertad.