El gobierno británico ha recurrido al príncipe Carlos para que apruebe al menos una docena de proyectos de ley en virtud de una prerrogativa real, informó ayer el diario londinense The Guardian. Este rotativo llevó a cabo una investigación acerca de la existencia de una laguna constitucional que confiere al heredero a la Corona el derecho de veto en proyectos que puedan tener un impacto en sus intereses personales. Desde 2005, ministros de seis carteras diferentes han tenido que buscar el consentimiento del príncipe de Gales a la hora de redactar proyectos de ley relacionados con asuntos como la seguridad vial o los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. The Guardian indica que hay preocupación de que Carlos pueda sobrepasar sus tareas constitucionales.