LA EFECTIVIDAD de las políticas públicas depende en parte importante de la calidad técnica de las propuestas. También, es necesario que la autoridad se abra a escuchar a los beneficiados y afectados por estas medidas. Sin embargo, una excesiva atención a grupos de presión corre el riesgo que las políticas públicas sean capturadas por intereses particulares. Hemos visto harto de esto último en las reformas de este gobierno. En la educacional, han estado particularmente presentes las reclamaciones persistentes del movimiento estudiantil. En la reforma laboral, las demandas de la CUT.

Voy a ejemplificar lo que afirmo haciendo referencia a las contradicciones que son fáciles de identificar en la reforma educacional. Uno de los objetivos de este gobierno, inobjetable por cierto, es lograr un crecimiento más inclusivo. ¿Pero cómo se compatibiliza aquello con entregarle educación universitaria gratuita a los estudiantes provenientes de los sectores más acomodados de la población? Ahora se nos dice que no hay suficientes recursos fiscales para llegar a la gratuidad universal. Pero el objetivo, ahora postergado, no se ha abandonado. Y no se nos explicita cuánto costará dar gratuidad a los más aventajados; cómo afectará la distribución del ingreso, claramente de manera regresiva, cuando el gobierno explícitamente se ha propuesto hacerla más igualitaria, y qué se podría hacer con esos recursos para verdaderamente ayudar a los menos aventajados a tener acceso, por ejemplo, a mejores pensiones o salud. Es un deber de los gobernantes proponer políticas que sean internamente consistentes, que tengan una alta probabilidad de alcanzar sus objetivos y que se alinean con los principios que se dice guían la política pública.

Mejorar la calidad de la educación para los más pobres ha sido quizás el principal objetivo anunciado por el gobierno de Bachelet. Objetivo loable, porque su mala preparación hace que una proporción muy baja de los jóvenes que asisten a la educación municipalizada llegan a las mejores universidades. Colocar los recursos generados por la reforma tributaria en este objetivo hubiese resultado la opción más poderosa de política pública en materia educacional para mejorar la calidad de la educación para los sectores más postergados. Sin embargo, los programas anunciados, algunos de los cuales ya han sido aprobados por el Congreso, parecieran que tendrán poca o nula incidencia sobre esta gran inequidad para con nuestros jóvenes más desfavorecidos. Las reformas aprobadas dicen relación fundamentalmente con la educación particular subvencionada, a la que accede la clase media. A pesar de los anuncios de trabajar en pos de la equidad, especialmente en un área tan crucial como la educación, las reformas que se diseñan van en otra dirección. ¿Dónde están los especialistas en educación y los economistas que puedan evaluar los diseños de las políticas públicas y los efectos que podrían generar hasta en los objetivos básicos del actual gobierno?  Y que, también, estén en condiciones de educar a los ciudadanos acerca de los  efectos de las políticas públicas en distintos segmentos de la población y sobre su bienestar futuro.

Manuel Agosin
Decano Facultad Economía y Negocios U. de Chile